La guerra entre las organizaciones narcotraficantes colombianas y mexicanas que se libra en las selvas peruanas parece estar resolviéndose en favor de las bandas que representan los intereses de los carteles de Cali y Medellín.
Según una fuente policial peruana, luego de varios enfrentamientos armados y asesinatos, cuatro grandes bandas de narcotraficantes locales, conocidas como "firmas" y asociadas con las organizaciones colombianas están emergiendo como los nuevos "amos" de la coca en el país.
Dos de esos capos son colombianos: Waldo Vargas, "el Ministro", y un desconocido que actúa bajo el nombre de "Negro Azul" y cuyo socio principal es el ex policía peruano Jorge Chávez.
Un tercero, el peruano Julián Pariona, "Claudio", creó una red con apoyo de oficiales de la Fuerza Aérea, captados con el concurso de bellas mujeres para exportar droga a nuevos mercados, como México, Guyana, Islas Canarias, Francia y Rusia, pero ha sido recientemente "convencido" por los colombianos.
El cuarto jefe de "firma" es Wílber Alvarado, "Champa", quien se separó del colombiano Vargas para crear su propio imperio en una zona del rií Huallaga, tras eliminar físicamente a las bandas de "Pihuicho", "Salvador" y "Cristal".
Según la fuente, "Champa" tuvo que matar a más de 20 sicarios de sus adversarios y entre los asesinados figuró, por error, Julio Chuquianto, sacristán de una parroquia católica.
"Champa envió disculpas y regalos a los familiares del sacristán, pidiendoles que perdonaran la equivocación", refiere la fuente
Estos cuatro "señores feudales de la coca" tienen pequeños ejércitos privados para su protección y necesitaron arribar a algún acuerdo con la guerrilla que actúa en la zona, así como con algunas autoridades militares o políticas.
Para evitar o, por lo menos dificultar, la corrupción, el gobierno rota con frecuencia a los mandos del ejército y la policía en las zonas del río Huallaga, pero hasta diciembre de 1995, 390 oficiales, entre ellos varios generales, habían sido enjuiciados por el delito de complicidad con el narcotráfico.
En el más bajo escalón, pero compartiendo los beneficios de la producción de cocaína, alrededor de 200.000 campesinos siembran coca en los valles de los ríos Huallaga, Ene y Putumayo.
La rentabilidad que obtienen los campesinos por cultivar coca, en este momento de relativa baja de precios, es de 338 por ciento, casi el doble que la de una plantación de cítricos y más del triple que el arroz.
Se calcula que entre 500 y 900 millones de dólares ingresan a Perú como pago por la producción y exportación de cocaína.
La reducida proporción que reciben los productores y exportadores locales del dinero producido por la cocaína que exportan, alrededor de uno por ciento del dinero extraído a los adictos estadounidenses o europeos, refleja su nivel en la jerarquía mundial de la droga.
Pese a su poderío local, los capos de las "firmas" peruanas son dependientes de los intermediarios, quienes no toman parte en las disputas por el control territorial de la zona de producción en la medida que no afecten la regularidad de los embarques.
El comercio internacional de cocaína es el caso típico de un mercado dominado por los intermediarios, bandas transnacionales que reprimen sangrientamente la intromisión en sus dominios, y los colombianos fueron los primeros "señores"de la coca en Perú.
Pero la crisis de 1995, cuando el gobierno colombiano decapitó a los carteles de Cali y Medellín con espectaculares capturas, desestabilizó sus estructuras internacionales y creó un vacío que los mexicanos del "cartel de Tijuana" trataron de ocupar con su dinero y mercado.
Pero son peruanos los miembros de las bandas de acopiadores de pasta básica de cocaína que organizan los embarques, de los grupos guerrilleros que los protegen y el sector corrupto de las fuerzas armadas que cobra por mirar a otro lado.
En la guerra entre bandas al servicio de los colombianos y mexicanos no sólo se han producido enfrentamientos armados, sino que también se registraron operaciones de inteligencia para desbaratar a los adversarios mediante la delación de sus embarques y contactos.
Se supone que el descubrimiento en mayo de un embarque de 174 kilos de cocaína en el fuselaje de un avión de la Fuerza Aérea Peruana, que al parecer era el cuarto envío que transportaba esa nave en los últimos ocho meses, fue resultado de un "soplo" colombiano.
El desmantelamiento de las redes de apoyo militar y la exitosa represió del transporte aéreo de la droga: (en 1995 fueron capturadas 20 narcoavionetas y destruidas 13 pistas clandestinas de aterrizaje) ha obligado en los últimos meses a las "firmas" a exportar por río, mediante barcazas o balsas.
Los alijos viajan hacia la zona del río Putumayo, que marca la frontera con Colombia, donde se encuentra instalado el colombiano Vargas, "el Ministro", quien hace de mediador con los compradores procedentes de Cali o Medellín. (FIN/IPS/al/dg/ip/96)
