El asesinato a sangre fría de un abogado a las puertas de un jardín de infancia en esta capital coronó un "junio negro" para la población de Venezuela, con auge de la violencia criminal y de la violación de los derechos humanos.
Venezuela atravesó en 1992 y 1993 una conmoción política y militar, con dos cruentas asonadas. En 1994 se instaló una crisis económica que primero se intentó atacar con controles y, desde hace dos meses, con un severo programa neoliberal de ajustes.
En ese marco crecieron la miseria, el desempleo, los conflictos en servicios públicos como educación y salud, y también la inseguridad, problema número uno en todos los sondeos.
El día 20, un pistolero asesinó de tres balazos en la cabeza al abogado José Tottesaut, yerno del periodista de prensa y televisión José Vicente Rangel, cuando con su esposa dejaba a su hijo de tres años en la puerta de un jardín de infancia.
El día 17, tres asaltantes de una panadería en Caracas se batieron a tiros con agentes uniformados, pereciendo un hampón y una policía. Dos delincuentes fueron tomados presos y subieron por sus propios medios a un vehículo policial, pero poco después ingresaron muertos a un hospital.
"Son dos caras de una espiral de violencia, asociada al marco de pobreza que vivimos y sin duda también al deterioro del estado de derecho", dijo a IPS el sociólogo Trino Márquez, ex secretario de la Comisión presidencial para la Reforma del Estado.
Rangel señaló al empresario bursátil Rafael Alcántara, quien ha ido a juicio por presunto lavado de dinero del narcotráfico, como posible autor intelectual del crimen de su yerno, "que instala en Venezuela la ominosa institución del sicariato".
Ese crimen, pero también otros frecuentes en las zonas del oeste y sudoeste fronterizo con Colombia "tienen la misma plástica de la acción del sicariato colombiano", dijo Rangel, aunque luego advirtió que no se deben proyectar todos los problemas de Venezuela al país vecino.
Para el médico Jack Castro, director de la morgue de Caracas y famoso porque cada fin de semana entrega el "parte de guerra" con entre 20 y 30 asesinatos en la ciudad, "desde hace años existe esta especie de 'colombianización' de la violencia".
"Su manifestación se da en los barrios (pobres) caraqueños, donde a las víctimas les hacen de nueve a 12 tiros para asegurarse de que no queden con vida", dijo Castro.
Márquez establece una diferencia porque "el sicariato de los barrios, donde se encarga a un tercero un ajuste de cuentas, por ejemplo, es parte de la degradación de la calidad de vida, inherente al crecimiento de la pobreza".
En cambio, el asesinato de Tottesaut "responde a una venganza o ajuste entre todavía no sabemos quienes", dijo Márquez, siguiendo una hipótesis de la policía, que hasta ahora descarta que se trate de un crimen político o atraco frustrado.
El sociólogo consideró muy grave la violencia institucional, del Estado, "cuando policías que deben cuidar por la ley violan nada menos que el derecho a la vida", como ocurrió en el caso de los ejecutados asaltantes de la panadería.
El diputado Elías Mayaudón dijo que el parlamento investigará si existe una especie de "código de honor" en los cuerpos de seguridad, según el cual quien mate a un policía firma su sentencia de muerte y debe ser ejecutado por ellos mismos.
La organización humanitaria Provea indicó que en Venezuela se cometieron en 1994 y 1995 más de 270 ejecuciones extrajudiciales.
Un vídeo del arresto con vida de los asaltantes, mostrado por el privado canal 2 de televisión, enfrentó a los venezolanos con las ejecuciones extrajudiciales, en un junio "negro" por el crimen y la violación de derechos humanos.
En Maracaibo, capital del petrolero estado de Zulia, en el oeste del país, siguió actuando "el vengador anónimo", individuo o grupo que mata, casi siempre con disparos de escopeta, a personas con antecedentes penales por delitos.
A veces los cadáveres son incinerados y cerca aparece una tarjeta con la inscripción "Vengador anónimo", de un modo que remite al "hombre de la etiqueta", un personaje de una exitosa telenovela (1992-93) producida por el mismo canal 2, que elevó a héroe a un policía que ejecutaba delincuentes.
En medios periodísticos de Maracaibo se estima que el "vengador anónimo" es un grupo de policías o ex policías dedicado al ajuste de cuentas.
La violencia mostró otras facetas oscuras, como el incendio de una docena de microbuses de transporte público, en una popular barriada del oeste de Caracas, por el que se acusan mútuamente un grupo de activistas sociales de la zona y la policía política.
Parlamentarios de izquierda denunciaron que los activistas del oeste caraqueño fueron torturados, en tanto en la embajada de Costa Rica pidió asilo Luis Ugas, seguidor del Movimiento Bolivariano de ex oficiales golpistas, quien dijo ser constantemente secuestrado y torturado por agentes de civil.
También en Maracaibo, un modesto comerciante que acudió a la policía judicial para denunciar un robo fue detenido y colgado con cadenas desde vigas durante varios días, hasta que sus braos quedaron completamente inutilizados.
Liberado porque no fue posible arrancarle confesión de delito alguno, el comerciante quedó sin compensación por el daño sufrido y como evidencia de que en esa región del país existe un grupo y una sede clandestina que funge de "cámara de tortura".
Junio, finalmente, mostró un enfrentamiento entre el gobierno y Amnistía Internacional, organización humanitaria que en su informe anual lamentó la falta de sanciones a funcionarios acusados de ejecuciones extrajudiciales desde que el presidente Rafael Caldera asumió el poder en febrero de 1994.
El canciller Miguel Angel Burelli sostuvo que en Venezuela "no hay ninguna intención oficial de quebrantar la dignidad humana", acotando que "cuando la policía maltrata a un delincuente se apela a los derechos humanos de quien ha desconocido los derechos de todo un barrio". (FIN/IPS/hm/ag/ip-hd/96
