Washington se puso en la mira de los activistas al negar al acceso a la vivienda el carácter de derecho humano básico en la Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II).
Joanna Waschler, dirigente del grupo Human Rights Watch, recordó que el gobierno de Bill Clinton apoyó en un inicio la definición de la vivienda como derecho humano pero luego resolvió votar contra la inclusión de ese punto en el plan de acción que emitirá Hábitat II cuando concluya, el viernes 14.
En cambio, Washington pretende insertar en la declaración un párrafo que exhorta al "progresivo cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada como componente de los derechos existentes", explicó la activista.
En una carta al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, Henry Cisneros, Weschler afirmó que el cambio de opinión de Washington "debilita significativamente la agenda de Hábitat II y no está en armonía con las posiciones que adoptaron naciones aliados".
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Melinda Kimble, explicó que su país destaca la necesidad de mantener a la vivienda vinculada a otros "derechos".
"Los gobiernos deben proteger una serie de derechos de acceso para que la gente tenga la oportunidad de mejorar sus posibilidades a través de la educación, el empleo y el acceso a servicios sanitarios, comida adecuada y nutrición", dijo.
Se prevé que en torno al derecho a la vivienda se producirá una de las discusiones más ásperas de Hábitat II. "Esperamos un gran debate sobre estas cuestiones en Estambul", dijo a IPS el secretario general de la conferencia, Wally N'Dow, de Gambia.
N'Dow manifestó que la definición de la vivienda como un derecho humano produce una nueva división entre países ricos y países pobres.
"Lo más importante no es el abordaje legal de la cuestión, sino el hecho de que se acepte por ambas partes que la vivienda es una necesidad humana básica", afirmó.
N'Dow sostuvo que incluso los gobiernos de algunos países en desarrollo rechazan la declaración de la vivienda como derecho humano básico pues temen querellas judiciales por el incumplimiento de su concreción en hechos.
"Debemos alcanzar un consenso y reducir la polémica. El desarrollo humano no es posible sin vivienda", dijo N'Dow.
Human Rights Watch, por su parte, insistió en que el plan de acción que emerja de Hábitat II deberá considerar la vivienda como derecho humano en un sentido amplio. "No estamos proclamando que los gobiernos deben suministrar una casa a todo el mundo", declaró el grupo.
Human Rights Watch reclamó a los gobiernos presentes en la conferencia de Naciones Unidas "el reconocimiento, plenamente establecido, del derecho a una vivienda adecuada".
La organización afirmó que los organismos de Naciones Unidas ya han reconocido explícitamente el desalojo forzado producido en ciertas circunstancias como una violación del derecho a la vivienda adecuada.
"Los desalojos por la fuerza se vinculan con frecuencia con violaciones a otras libertades civiles, políticas y sindicales, como el derecho irrestricto a la manifestación de ideas y a la protección contra arrestos arbitrarios", según Human Rights Watch.
El grupo mencionó en ese sentido la situación de más de un millón de personas que viven en el río Yangtze, en China, obligadas por las autoridades a radicarse en tierras altas, infértiles y sobrepobladas porque sus viviendas estorban la construcción de una represa.
"Las normas sancionadas por el gobierno de la provincia china de Sichuan dejaron en evidencia que la evacuación es compulsiva. La oposición es delito de acuerdo con las leyes de seguridad de China. La información y los comentarios sobre la construcción de la represa fueron severamente restringidos", agregó.
Human Rights Watch recordó que apenas 30 por ciento de las compensaciones por la expropiación se paga directamente a los desplazados, pues el resto se paga a las autoridades de los distritos hacia donde emigran. (FIN/IPS/tra-en/td/pz/mj/dv pr hd/96)
