La dirigente indígena de Guatemala y Premio Nóbel de la Paz, Rigoberta Menchú, dijo que el cambio de situación de los militares acusados de una masacre de campesinos, podría poner en peligro el diálogo de paz entre el gobierno y la guerrilla en este país centromericano.
Los ocho militares, que se encontraban en prisión y la semana pasada fueron puestos bajo arresto domiciliario, forman parte de un grupo de 25 soldados que en octubre de 1995 dieron muerte a 11 campesinos en la comunidad de refugiados Xamán, en el norteño departamento de Alta Verapaz.
Entre los militares se encuentra el subteniente Camilo Lacán Chaclán, quien comandaba la patrulla.
"Por supuesto que un hecho como este afecta la paz, porque no puede haber paz sin justicia, dijo a IPS Menchú, quien impugnó la resolución del juez y espera ahora la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
La dirigente indígena añadió que en este caso se están violando los acuerdos sobre derechos humanos firmados por el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que dialogan desde hace cinco años para poner fin a un conflicto armado que lleva 35 años y ha causado 150.000 muertos.
Mientras, la comandancia general de la URNG exigió que se deje sin efecto la resolución judicial que beneficia a los militares.
La URNG denunció en un comunicado que decisiones procesales como ese vulneran la efectiva aplicación de la ley, escudan la impunidad y violan el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos firmados con el gobierno.
Recordó además que cuando ocurrió la masacre, la URNG la calificó como un intento deliberado de la línea dura del Ejército para obligar a la guerrilla a romper el proceso de paz y dejar vía libre para una salida militar del conflicto.
Ahora, este mismo grupo busca nuevamente romper el diálogo, para lo que valió de un juez a su servicio y cómplice de quienes han tratado de obstaculizar el proceso de paz.
El juez Víctor Hugo Jiménez dijo este martes que debido al poco tiempo con que cuenta y lo voluminoso de los expedientes no adoptará más medidas sustitutivas en favor del resto de los integrantes de la patrulla militar acusada de la masacre de campesinos.
Sin embargo, Menchú advirtió que otros seis soldados podrían verse beneficiados con una medida similar, ya que pese a las declaraciones del juez ella como querellante no había sido notificada.
La organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) dijo que se debe fortalecer la administración de justicia, para que nunca más se den casos de absolución de responsables de crímenes de lesa humanidad, principalmente si se busca contribuir a un Estado de Derecho con democracia real y justicia social.
Mario Polanco, dirigente del GAM, señaló también que en Guatemala deben buscarse mecanismos legales de depuración del Poder Judicial, a fin de proteger los intereses nacionales y a las personas que son víctimas de bandas de delincuentes.
El abogado de los soldados implicados en la masacre de Xamán, Leopoldo Guerra, manifestó su temor de que la Corte Suprema de Justicia separe del caso al juez Jiménez y nombre un sustituto que favorezca a la parte acusadora, ante las presiones ejercidas por Menchú.
La medida judicial en favor de los militares acusados de la masacre de campesinos afectó el clima de la nueva ronda de negociaciones de paz, prevista para esta semana en México, en la que se comenzará a discutir el "fortalecimiento del poder civil y la función el ejército en una sociedad democrática". (FIN/IPS/cz/ag/ip-hd/96)
