El juez chileno Alfredo Pfeiffer, a cargo de la investigación del asesinato del senador derechista Jaime Guzmán, cometido en 1991, renunció este jueves al caso luego de que los partidos oficialistas cuestionaran su actuación.
El juez adujo en una declaración que es objeto de hostigamiento político y que esto podría influir en la sentencia que debía dictar, razón por la cual se inhabilitó para seguir llevando el proceso.
Horas antes de la renuncia de Pfeiffer, el ex presidente Patricio Aylwin se pronunció por primera vez sobre el "caso Guzmán", fustigando en duros términos a la opositora Unión Demócrata Independiente (UDI), partido del extinto senador.
La UDI acusó a los jefes de la Oficina de Seguridad Pública durante el gobierno de Aylwin (1990-94) de haber desviado la investigación del asesinato de Guzmán para resguardar a un insurgente y ex yerno del ministro de Defensa de Cuba, Raúl Castro.
Las acusaciones se basaron en un informe de Jorge Barraza, un ex comisario de la policía civil, al cual la UDI habría tenido acceso a través de Pfeiffer, quien reabrió en abril último el caso sobre el cual había dictado sentencia en 1994.
Los dirigentes máximos de los cuatro partidos de la gobernante coalición de centroizquierda se entrevistaron el martes con el juez para expresarle su preocupación por el conocimiento que tuvo la UDI de un sumario calificado como secreto.
El diputado Camilo Escalona, presidente del cogobernante Partido Socialista (PS), acusó a Pfeiffer de "concomitancia" con la UDI para explotar políticamente el caso Guzman y desviar la atención pública de otros casos de violaciones de derechos humanos.
Diputados del también oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) señalaron esta semana a Pfeiffer como un hombre identificado con la derecha y recordaron declaraciones suyas en que puso en duda el holocausto judío a manos de los nazis en Alemania.
Aylwin negó autoridad moral a la UDI para cuestionar a Jorge Burgos, del PDC, y Marcelo Schilling, del PS, quienes encabezaron la Oficina de Seguridad Pública, creada en su gobierno para dirigir la lucha contra grupos calificados de terrorista.
A este organismo se le atribuyó el éxito en la desarticulación del Movimiento Juvenil Lautaro, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y otros grupos de extrema izquierda, activos bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
La fracción más radicalizada del FPMR intentó al parecer un golpe de efecto con el asesinato de Guzmán, un abogado que fue estrecho colaborador de Pinochet en materias constitucionales y que en 1987 fundara la UDI para apoyar al régimen militar.
Pfeiffer sentenció a cadena perpetua a dos miembros del FPMR como autores del asesinato de Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991, pero Barraza afirma que continúa prófugo el autor intelectual del crimen, conocido como el "Chele".
Este sería el "comandante" del FPMR Juan Gutiérrez Fischmann, quien habría estado casado entre 1989 y 1993 con María de la Luz Castro Espina, hija del segundo hombre del gobierno de Cuba.
Según el ex comisario, Burgos y Schilling obstruyeron la investigación policial y posibilitaron la fuga del "Chele", lo cual ha sido terminantemente desmentido por los propios afectados, el gobierno y los partidos oficialistas.
La Oficina de Seguridad Pública, de acuerdo al informe de Barraza, habría desviado la investigación hacia Sergio Olea Gaona, un chileno que fue detenido en España y al cual Pfeiffer absolvió de toda participación en el asesinato de Guzmán.
Mientras persiste el misterio en torno al "Chele", cuya existencia es incluso puesta en duda por algunos policías, la UDI analiza una posible querella judicial contra Burgos y Schilling, quienes detentan hoy otros cargos de gobierno.
El ex presidente Aylwin señaló que quienes pretenden que hubo irregularidades en el caso Guzmán son los mismos que han ocultado sistemáticamente graves violaciones de derechos humanos, como la Operación Albania, de junio de 1987.
El ex mandatario recordó así las tres acciones coordinadas en Santiago de los cuerpos represivos de Pinochet, que en menos de 24 horas dieron muerte a 16 supuestos militantes y colaboradores del FPMR.
Escalona, a su vez, dijo el martes que la UDI pretende manipular políticamente el caso Guzman para desviar la atención pública sobre otros casos de actualidad en materia de derechos humanos que comprometen al régimen de Pinochet.
El presidente del PS aludió a los nuevos antecedentes sobre el asesinato del ex comandante del Ejército, general Carlos Prats, cometido en Argentina en 1974, y a la reciente identificación en Uruguay del cadáver del científico y ex agente dictatorial Eugenio Berríos. (FIN/IPS/ggr/dg/ip-dh/96
