Con el derribo de dos avionetas civiles el 24 de febrero el gobierno de Cuba parece haber logrado en un sólo día lo que Estados Unidos buscó sin éxito durante varias décadas: el aislamiento.
Mientras la ley Helms-Burton sólo cosecha rechazos y condenas a nivel internacional, la llamada "crisis de las avionetas" podría terminar en sanciones internacionales contra Cuba, decretadas desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La coyuntura resulta paradójica para los observadores locales. Por un lado, Cuba recibe el apoyo de la comunidad internacional en contra de los intentos estadounidenses de profundizar el bloqueo y, por el otro, queda totalmente sola en su decisión de actuar contra la violación de sus fronteras.
El tema volvió a la palestra pública en Cuba a casi cuatro meses del incidente, con el inicio en Montreal, Canadá, de las deliberaciones de un comité de expertos de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
Miguel Alfonso, vocero de la cancillería cubana, afirmó que su país se reservaría el derecho de aceptar o no el informe de la OACI a raíz de la publicación en Estados Unidos del contenido esencial de la versión preliminar del documento.
Aunque la evaluación técnica no ha sido publicada oficialmente por la OACI, trascendió que el informe recoge la versión estadounidense que acusa a Cuba de derribar las dos avionetas civiles fuera del límite de sus aguas territoriales.
Según fuentes oficiales del país caribeño, el encuentro entre los Mig 29 de las fuerzas aéreas cubanas y los Cessna de la organización de cubanos exiliados "Hermanos al rescate" se produjo durante una de las usuales incursiones de ese grupo en el espacio aéreo de la isla.
Cuba asegura que el derribo se realizó sobre las aguas territoriales tras realizarse las advertencias reglamentarias y presenta como pruebas varios equipos técnicos y cartas de navegación, supuestamente recogidas en las cercanías de la costa.
Por el contrario, Estados Unidos sostiene que el incidente se produjo en aguas internacionales y acusa a La Habana de no haber advertido suficientemente a los pilotos antes de proceder al ataque.
El informe preliminar de la OACI, que se inclina a favor de la versión estadounidense, generó una protesta del delegado permanente de Cuba ante la ONU, Bruno Rodríguez Parrilla.
"Nunca hubo el interés de investigar nada, sino sólo de condenar a Cuba desde el inicio", dijo Ricardo Alarcón, presidente del parlamento y jefe de la delegación cubana que viajó a Canadá para una reunión entre Cuba, Estados Unidos y la comisión de la OACI.
Alarcón dijo a la prensa en Montreal que la misión cubana se retiró de una reunión técnica el jueves porque las contrapartes se negaron a tomar en cuenta sus objeciones al informe.
"Cuba exigirá a la OACI ajustarse a la verdad y no dejarse presionar por Estados Unidos", dijo Alarcón, quien aseguró que de triunfar "la patraña" urdida contra Cuba sólo se mancharía el prestigio de la organización internacional.
La OACI asumió la investigación del caso por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, que el 27 de febrero emitió una declaración no vinculante lamentando profuna de todas maneras antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre próximo. (FIN/IPS/da/ag/ip/96)
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