Un juez especial decretó hoy en Chile la amnistía en favor de dos militares procesados por el homicidio del español Carmelo Soria, un funcionario de Naciones Unidas secuestrado y torturado en julio de 1976 por agentes represivos.
El fallo del magistrado Eleodoro Ortiz era esperado con gran interés, tanto por la incidencia del caso en las relaciones de Chile con España como por las controversias sobre la aplicación del decreto-ley de amnistía que la dictadura del general Augusto Pinochet expidió en marzo de 1978.
Con su dictamen, el juez favoreció al coronel retirado del Ejército Guillermo Salinas y al suboficial también en retiro José Ríos San Martín, quienes en 1976 prestaban servicios como agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Ortiz desestimó los argumentos de la defensa de la familia Soria y de los líderes de la gobernante Concertación por la Democracia, en el sentido de que la amnistía era inaplicable en este caso, por tratarse de un funcionario internacional bajo la protección de tratados suscritos por el estado chileno.
El abogado Alfonso Insunza, representante de la familia Soria, anunció que apelará ante la Corte Suprema para que revoque el sobreseimiento dictado por el juez en favor de Salinas y Ríos San Martín.
Insunza demandará que se les procese por homicidio calificado y presentará además un recurso para que el máximo tribunal declare inconstitucional la amnistía de 1978, en tanto contraviene tratados refrendados por la Carta Política de 1980.
Ortiz estimó en su fallo que los convenios de protección de funcionarios internacionales fueron posteriores a 1978 y no tienen efecto retroactivo.
Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU, fue asesinado entre el 14 y 15 de julio de 1976 por la brigada "Mulchén" de la DINA, integrada por cuadros del Ejército.
Los agentes secuestraron a Soria, lo torturaron hasta causarle la muerte por fractura cervical y luego abandonaron el cadáver en el interior de su automóvil en un canal de regadío de las afueras de Santiago, simulando un accidente por ebriedad.
El caso permaneció sobreseído (cerrado) temporalmente hasta que fue reabierto en 1991 tras el restablecimiento de la democracia en Chile, pero en 1993 la Justicia Miliar intentó por primera vez aplicarle la amnistía.
El gobierno español del socialista Felipe González llamó a principios de diciembre de 1993 a su embajador en Santiago, Pedro Bermejo, presionando así para que la Corte Suprema anulara la decisión militar y designara un juez de instrucción.
A fines de ese mismo mes el magistrado Marcos Libedinsky ratificó el sobreseiiento por amnistía, pero la Corte acogió un recurso de Insunza para reabrir el caso y nombró como nuevo juez a Ortiz.
En el caso estuvieron acusados tres coroneles aún en servicio activo que fueron agentes de la DINA, pero finalmente el juez encausó sólo a Salinas y Ríos San Martín. (FIN/IPS/ggr/dg/hd/96)
