Los partidos de la gobernante Concertación por la Democracia de Chile anunciaron hoy que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia la aceleración de las investigaciones sobre el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats.
Los máximos dirigentes de los cuatro partidos oficialistas se reunieron este lunes con las hijas del general Prats y su abogada, para analizar la marcha del proceso que se lleva a cabo en Argentina, donde el general y su esposa fueron víctimas en 1974 de un atentado terrorista.
La justicia argentina busca aclarar los antecedentes que atribuyen el crimen a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
La jueza bonaerense María Servini, a cargo de la investigación, envió varios exhortos a los tribunales chilenos para que interroguen a militares retirados que fueron agentes de la desaparecida DINA y están implicados en el caso.
La abogada Pamela Pereira, quien representa a la familia Prats, denunció hace una semana que los jueces están otorgando fueros indebidos a los ex uniformados, permitiéndoles que declaren por oficio.
Los líderes de los partidos Demócrata Cristiano, Alejandro Foxley, Por la Democracia, Jorge Schaulsohn, Socialista, Camilo Escalona, y Radical Socialdemócrata, Anselmo Sule, se entrevistarán con el presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, para plantearle esa situación.
Sofía Prats, hija del asesinado general y alcaldesa del municipio santiaguino de Huechuraba, señaló que el Ejército debería prestar igualmente toda su cooperación para aclarar el papel de la DINA, creada por Pinochet en 1974.
"El esclarecimiento del asesinato de su ex comandante en jefe es uno de los elementos que permitirá restablecer las relaciones del Ejército con la civilidad", puntualizó la alcaldesa y militante del Partido Por la Democracia.
Prats encabezó el Ejército desde el 22 de octubre de 1970 hasta el 23 de agosto de 1973, y se le caracteriza como el último comandante constitucionalista de la principal rama de las Fuerzas Armadas chilenas.
Prats fue el antecesor de Pinochet, quien está facultado por una disposición constitucional dictada por él mismo a permanecer en el cargo hasta el 11 de marzo de 1998.
El ex comandante marchó al exilio tras el cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y fue asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, cuando una poderosa bomba hizo estallar su automóvil.
El caso fue reactivado en enero de este año, cuando la policía capturó en Argentina al chileno Enrique Arancibia Clavel, un ex activista de extrema derecha que fue agente de la DINA y habría participado en el asesinato de Prats y su esposa.
En los próximos días debe cumplirse una de las diligencias más trascendentales del proceso, cuando un comisionado de la jueza Servini viaje a Estados Unidos para interrogar a Michael Townley, también ex agente de la DINA.
Townley, un ciudadano estadounidense que trabajó para la DINA hasta que Pinochet lo entregó a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 1977, fue el principal testigo de cargo en el juicio en Washington por el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier.
El ex ministro fue asesinado en la capital de Estados Unidos el 21 de septiembre de 1976 mediante un atentado similar al que mató a Prats y su esposa, y Townley reconoció que participó en ambas operaciones por cuenta de la DINA.
El ex agente goza de los beneficios del sistema estadounidense de protección de testigos y no puede ser encausado por otros crímenes ni extraditado, no obstante lo cual su testimonio podría ser determinante en el caso Prats.
La familia Prats espera igualmente que tanto el gobierno del presidente Eduardo Frei como el Parlamento pidan a la Corte Suprema la designación de un juez especial para el caso del ex comandante, tal como se hizo en el caso Letelier.
La investigación que el juez Adolfo Bañados llevó del crimen del ex canciller culminó en 1995 con la condena a siete y seis años de cárcel, respectivamente, de los máximos jefes de la DINA, el general retirado Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza. (FIN/IPS/ggr/dg/hd-ip/96)
