Las facciones de Burundi enfrentadas prácticamente en una guerra civil, deberán encontrar fórmulas políticas de pacificación para que la comunidad internacional preste asistencia humanitaria al convulsionado país africano.
El ministro de Cooperación Internacional de Canadá, Pierre S. Pettigrew, anunció este martes que los países donantes pusieron como condición expresa la solución política de la crisis en Burundi, que en casi tres años ha cobrado más de 100.000 vidas.
Pettigrew precisó que los donantes convinieron en que la responsabilidad de encontrar una salida concertada políticamente a la crisis, recae en los burundianos.
La nación africana, de casi seis millones de habitantes, vive sacudida por choques fratricidas desde octubre de 1993, cuando su primer presidente electo, Melchior Ndadaye, fue asesinado por militares alzados.
Ndadaye pertenecía a la etnia hutu, igual que el 85 por ciento de la población del país, que se enfrenta a la minoría tutsi, que sin embargo controla al ejército.
Los países donantes concluyeron este martes una reunión, en esta ciudad, con representantes de todos los bandos de Burundi, incluídos cuatro ministros del tambaleante gobierno de coalición del actual presidente Sylvestre Ntibantunganya, de la etnia hutu.
Pettigrew admitió que los donantes son conscientes de "las necesidades inmensas en el plano humanitario" que existen actualmente en Burundi.
En conjunto, los países donantes se declararon dispuestos a buscar los medios y los recursos financieros para colmar las necesidades. Pero, la ayuda humanitaria "no puede ser otorgada si no existe un clima donde se respete el derecho internacional y se proteja la vida humana".
La actitud de los donantes hacia Burundi había sido criticada hace seis meses por el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Paulo Sergio Pinheiro.
Pinheiro sostuvo entonces que la comunidad internacional "sigue manifestando un desinterés profundo y una grave incapacidad de actuar en forma eficaz y concertada, mientras las instituciones burundianas se degradan".
En la reunión de este martes, los donantes comunicaron a las facciones de Burundi que "la comunidad internacional está dispuesta a subvenir activamente y con medios técnicos y financieros importantes, todos los esfuerzos por el desarrollo económico y social de Burundi".
La condición que ponen los donantes es que la paz, la estabilidad y la reconciliación retornen al país gobernado por la coalición del Frente Democrático de Burundi (Frodebu), dominado por los hutus, y de la Unión de Progreso Nacional (Uprona), un bloque de pequeños partidos pero con mayoría tutsi.
Un grupo armado rebelde, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (CNDD), integrado por hutus de línea dura, hostiga al ejército tutsi y mantiene en crisis al gobierno.
Los países donantes reunidos en Ginebra reconocieron el valor de las gestiones de paz en Burundi realizadas por personalidades internacionales.
También expresaron esperanzas en los resultados de la mediación que el ex presidente de Tanzania Julius Nyerere reanudará a comienzos de julio en la ciudad de Mwanza, al norte de su país.
Para demostrar su disposición hacia Burundi, los países donantes decidieron crear una comisión especial encargada de preparar un plan transitorio de desarrollo que se aplicará apenas existan las condiciones de pacificación requeridas.
"Los donantes queremos transmitir un mensaje lo más claro posible", precisó Pettigrew, quien presidió la reunión. "Necesitamos adelantos en el plano político lo antes posible porque el proceso de deterioro en curso impide cualquier trabajo" de asistencia en Burundi.
"Es imprescindible que haya avances para los donantes sigamos haciendo donaciones", insistió.
El grupo de países donantes anunció por otra parte que evaluará la posibilidad de otorgar apoyo financiero para la ampliación de la misión de observadores militares que la Organización de la Unidad Africana (OUA) ha desplegado en Burundi.
También analizarán la entrega de recursos al Centro de Derechos Humanos de la ONU para sostener su tarea de control del cumplimiento de los derechos humanos en el país africano.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, José Ayala Lasso, concertó con el gobierno de Burundi la apertura de una oficina en la Bujumbura, la capital del país, en junio de 1994.
Posteriormente, la oficina del Alto Comisionado envió cinco observadores a territorio burundiano. Sin embargo, en abril pasado Ayala Lasso comunicó a la Comisión de Derechos Humanos que las estrecheces financieras impedían cumplir los planes en Burundi y en Rwanda.
El Alto Comisionado tiene planeado aumentar a 35 el número de observadores destinados a Burundi. (FIN/IPS/pc/ag/ip-hd/96)
