El principal partido de oposición en Argentina, la Unión Cívica Radical, manifestó hoy fuertes sospechas de que Estados Unidos encubre al gobierno de este país sudamericano en el caso de informatización del Banco Nación a cargo de IBM, un escándalo en el que ya hay 30 procesados.
Se trata de un contrato por 250 millones de dólares en el que se podrían haber derivado como sobornos otros 37 millones, según se desprende de las investigaciones realizadas hasta ahora por los fiscales.
IBM y el Banco Nación analizan ahora como anular el contrato al menor costo posible para ambas partes.
El senador radical Leopoldo Moreau denunció este martes que funcionarios de la casa matriz de la transnacional en Estados Unidos no atienden los llamados de la justicia argentina para declarar y el Departamento de Justicia ignora los pedidos para que se investigue allí una cuenta bancaria.
"Es muy llamativo que el Departamento de Justicia no haya respondido al pedido de la justicia argentina para dar mayores datos sobre esa cuenta", ironizó Moreau, quien anticipó que pedirá explicaciones del caso a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
Según confirmó este martes el juez federal que investiga la maniobra, Adolfo Bagnasco, hay demoras en el pedido argentino de indagar en una cuenta del Citybank en la que se sospecha habrían sido depositados un millón de dólares provenientes de sobornos.
Bagnasco admitió también que existe un exhorto para que las autoridades judiciales estadounidenses permitan que la justicia argentina tome declaración a funcionarios de la casa matriz de IBM. Algunos de ellos ya fueron citados pero no se presentaron a declarar en Buenos Aires.
A partir de las declaraciones de un ex funcionario del banco en las que se menciona el conocimiento del contrato que tenía el ministro de Economía, Domingo Cavallo, el juez anticipó además que le pedirá que declare por escrito.
A pesar de las acusaciones de Moreau, el Procurador del Tesoro argentino, Rodolfo Díaz, estudia la posibilidad de iniciar acciones legales contra la casa matriz de IBM en Estados Unidos. para lo que prevé contratar a un estudio de abogados de Nueva York.
El procurador pretende adelantarse así a otro aparente negocio que se investiga, por la contratación de un sistema de IBM para informatizar la Dirección General Impositiva, en la que también se sospecha que el Estado pagó un sobreprecio.
Bagnasco ya procesó a 30 personas por el caso IBM-Banco Nación, entre ellas al presidente del banco, Aldo Dadone, y a los dos principales responsables de IBM Argentina durante las gestiones por el millonario contrato, el ex titular Ricardo Martorana y el ex gerente de operaciones Gustavo Soriani.
También procesó a Juan Carlos Cattáneo, funcionario de la Secretaria General de la Presidencia y persona vinculada a CCR, una compañía subcontratada por IBM por 37 millones de dólares para proveer de un sistema alternativo al Banco en caso de que colapsara el provisto por la empresa estadounidense.
Los procesos no fueron hasta ahora por sobornos sino por "defraudación a la administración pública", ya que los involucrados habrían buscado beneficios personales a través de la contratación, según determinó el juez.
El aparente negociado se descubrió cuando la Dirección General Impositiva denunció que CCR evadía impuestos. Miembros de la empresa, aparentemente personas de recursos modestos, estaban cobrando sumas millonarias a través del Banco General de Negocios.
El supuesto servicio que daría CCR a IBM a cambio del pago de 37 millones de dólares no aparecía en el pliego de licitación, por ese motivo la fiscalía sospecha que con ese dinero que ahora se rastrea se pagaron comisiones ilegales.
El juez Bagnasco pidió que se investigue una cuenta bancaria en Suiza cuyo número fue aportado por Cavallo. En esa cuenta podría estar depositada una parte del dinero obtenido ilegalmente, pero hasta ahora la Corte Suprema suiza tiene frenado el pedido.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se ofreció en principio a colaborar para dar con los responsables del escandaloso negocio. Pero según denunciaron ahora el senador Moreau y el juez Bagnasco, en los últimos días se están demorando los requerimientos.
Paralelamente a la causa judicial, las nuevas autoridades del Banco Nación y de IBM Argentina negocian la revocación del contrato, que debió estar en pleno funcionamiento en abril último en la casa central y sus 525 sucursales, y está atrasado dos años.
El Banco pretende una indemnización de 85 millones de dólares, pero IBM sólo aceptaría pagar 20 millones como gesto de buena voluntad, ya que la estrategia de la empresa es la de demostrar que no fue IBM sino sus directivos los que cometieron el presunto delito.
El monto requerido por el nuevo directorio del banco coincide con el total ya desembolsado por el Estado por la provisión de servicios que no están funcionando. De los 250 millones de dólares presupuestados por IBM, el banco ya pagó 80 millones. (FIN/IPS/mv/ag/ip-if/96)
