El Senado de Argentina deberá decidir la próxima semana si aprueba el proyecto enviado por los diputados para que se ejecuten juicios contra el Estado por más de 16.000 millones de dólares, un monto que representa más de un tercio del presupuesto nacional de 1996.
El secretario general del Colegio Público de Abogados, Diego May Zubiría, respaldó la iniciativa por considerarla "antidiscriminatoria".
"En Argentina, parece que sólo los particulares estamos obligados a pagar nuestras deudas, y no el Estado", dijo a IPS May Zubiría.
La iniciativa, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, desató una polémica entre su mentor, el ministro de Justicia, Rodolfo Barra, y el de Economía, Domingo Cavallo, quien advirtió sobre el peligro de poner en riesgo el plan de estabilidad económica, en caso de aprobación.
El presidente Carlos Menem pidió a los ministros que se reúnan el lunes próximo con el jefe de gabinete, Jorge Rodríguez, a fin de limar diferencias. Entretanto, los senadores invitaron a ambos ministros para que presenten sus explicaciones la próxima semana, antes de proceder a la votación.
La opositora Unión Cívica Radical parece más cercana al ministro de Economía que al de Justicia. El senador radical Leopoldo Moreau adelantó este viernes que si se aprueba el proyecto tal como viene de Diputados "podrían generarse serios desequilibrios" económicos y presupuestarios.
Los juicios contra el Estado son unos 214.000 -que se acumulan desde hace más de dos décadas en algunos casos- de los cuales la mitad son demandas de jubilados que demandaron al Estado por errores o deudas pendientes en la liquidación de sus haberes mensuales.
Sin embargo, el monto mas relevante de los juicios está centrado en unas 131 demandas que representan casi 8.000 millones de dólares y no son de pensionados. Se trata de proveedores del Estado, particulares, empresas y sindicatos.
El primero en la lista es un empresario editorial, José Cantos, que aparentemente pretende cobrarle al Estado 2.900 millones de dólares de indemnización por la presunta "confiscación" de empresas de su propiedad en 1972, durante la dictadura militar del general Agustín Lanusse.
Pero el supuesto damnificado declaró que "de ninguna manera" pretendió cobrar ese dinero. Cantos reveló que en 1993 la Corte Suprema de Justicia, integrada entonces por el ministro Barra, fijó la indemnización en 2.950 millones y exigió al demandante el pago de una tasa de justicia de 125 millones.
El actual proyecto, ideado por Barra y aprobado por los diputados, señala que las sentencias que condenen al Estado a pagar sumas a particulares no serán solamente declarativas sino que a partir de la virtual sanción de la ley tendrán fuerza de ejecución y los jueces podrán embargarlo.
Los que respaldan la iniciativa consideran que el derecho de los ciudadanos a cobrar las indemnizaciones establecidas en los juicios está por encima de las necesidades económicas o presupuestarias, y se debe respetar la independencia de los poderes.
Quienes defienden en cambio la postura del ministro de Economía señalan que el proyecto disminuye la capacidad del Estado para defenderse en juicios y podría provocar un serio desequilibrio en el Plan de Libre Convertibilidad del Peso, tal como advirtió la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Hay quienes inclusive sospechan del interés de Barra, quien antes de ser ministro de la Corte Suprema de Justicia encabezó un importante estudio de abogados que asesoró a proveedores del Estado en la presentación de millonarias demandas, que ahora reclaman sean pagadas.
En este sentido, May Zubiría apuntó que "seguramente hay fuertes intereses de grandes y pequeños estudios que litigaron contra el Estado y empresas particulares que buscan beneficiarse, pero están en su derecho".
Barra señaló, por su parte, que su proyecto "permitirá que los juicios contra el Estado tengan un cauce adecuado para que los ciudadanos puedan defender ante la Justicia sus derechos en un juicio rápido, justo y eficiente".
Entre unos y otros se ubican senadores como el oficialista Eduardo Menem, que defienden la búsqueda de una salida que no afecte a quienes tienen el legítimo derecho de percibir una indemnización por delitos o errores administrativos del Estado, pero fijando en cada presupuesto un monto limitado por año. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
