En los últimos días, los contadores argentinos no duermen. La sed de ingresos fiscales del gobierno – que debe alcanzar a fin de mes un superávit de 700 millones de dólares-, puso la mira en los bolsillos de los contribuyentes y cooperó para engrosar los de los que llevan sus cuentas.
El plazo estipulado para pagar el impuesto a las ganancias y el de los bienes personales -también llamado impuesto a la riqueza- empezó a correr este jueves y vence el día 20.
El Estado apuesta a cumplir con las metas de recaudación fiscal comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En abril, el resultado de las cuentas públicas arrojó un déficit de 496 millones de dólares y en abril el saldo negativo creció hasta 754 millones.
Para compensar las pérdidas, el gobierno espera este mes conseguir un superávit de 700 millones mediante la "superrecaudación" y un nuevo ajuste en los gastos del Estado.
La reforma del Estado tendrá como objetivos fusionar organismos y achicar la plantilla de la administración pública, donde se discute de qué manera se solucionará el futuro de los 20 mil agentes que deben ser expulsados éste año.
El impuesto a la riqueza fue creado en 1991 para gravar los patrimonios personales (casas, barcos, autos) que superen los 100.000 millones de dólares. Sus promotores calculaban recaudar unos 1.000 millones al año para ir aumentando hasta 6.000, pero desde 1991 sólo consiguieron un promedio anual de 150 millones.
A su vez, el impuesto a las ganancias permitirá obtener el doble de esa cifra si es que el miedo a las multas por evadir resulta esta vez más poderoso que el fantasma de la quiebra por falta de actividad, una de las principales causas de evasión tributaria en Argentina, desde el llamado efecto tequila.
El apremio oficial reclamó de una ofensiva para conseguir que quienes tengan un patrimonio superior a 100.000 dólares lo declaren la próxima semana.
El éxito de la exhortación se medirá después del rimer día de trabajo recaudatorio en los bancos y las jornadas extraordinarias en la Dirección General Impositiva (DGI).
El gobierno prometió al FMI que para fin de año contará con unos 3.500 millones de dólares de recaudación total de impuestos. También se prevé un déficit fiscal de 2.500 millones, contando la venta de centrales nucleares y de empresas públicas cuya privatización aún se discute en el Congreso.
Para pagar los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, aproximadamente medio millón de contribuyentes debió requerir de los servicios de un contador público que le ayude a calcular y completar de la declaración jurada correspondiente.
Por cada declaración jurada, los contadores cobran alrededor de 200 dólares, un honorario que repartido sólo entre los 40.000 profesionales contables que tiene la capital argentina, redunda en un negocio cercano a los 80 millones de dólares.
El plan de estabilidad de Argentina, inaugurado en 1991, se apoya en la necesidad de una firme recaudación tributaria y previsional, un principio que obligó a las empresas, los profesionales y los trabajadores por cuenta propia a salir de la ilegalidad, de la mano del contable.
Es así que plomeros, gasistas, electricistas, psicólogos, encuestadores y hasta taxistas, deben tener los papeles en regla y presentar sus declaraciones juradas de ingresos y gastos cada año.
Justamente, para este sector de menores recursos, la DGI ideó un "sistema simplificado" que permita al contribuyente ahorrarse los honorarios del contador.
Pero el sistema, que requiere de una computadora para su aplicación, en lugar de simplificar la tarea entregó una vez más a los desesperados contribuyentes a los brazos salvadores del contador. (FIN/IPS/mv/dg/if/96)
