Treinta y dos de los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron hoy una resolución para someter la ley Helms-Burton, de Estados Unidos, al Comité Jurídico de esa organización hemisférica.
La resolución, leida ante la XXVI Asamblea General de la OEA por el canciller de Bolivia, Antonio Quiroga, indicó que la carta de la organización señala que "todo estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados miembros de acuerdo al derecho internacional".
Asimismo, la resolución argumenta que los estados miembros "deben también abstenerse de ejercer políticas, acciones o medidas que tengan serios efectos adversos sobre el desarrollo de otros estados miembros".
Por estos motivos, propone a la Asamblea General instruir al Comité Jurídico Interamericano para que en su próximo período de sesiones "de manera prioritaria, examine, concluya y presente su opinión al Consejo Permanente sobre la validez, conforme a derecho internacional, de la legislación Helms-Burton".
Dicha ley, aprobada en febrero por el Congreso de Estados Unidos en respuesta al derribo de dos aviones de una organización de exiliados de Miami, amplió las sanciones económicas que aplica Washington contra Cuba desde hace 32 años a terceros países que tengan negocios con la isla.
Pese a que el punto no forma parte de la agenda de la XXVI asamblea general, la mayoría de los cancilleres se pronunciaron contra la ley durante sus discursos.
La delegación de Estados Unidos demandó inmediatamente la suspensión del debate "para reflexionar" sobre la propuesta.
Sin embargo, el canciller encargado de Panamá, Ricardo Arias, quien preside la Asamblea General, afirmó que la aprobación de la resolución emana de "una preocupación generalizada".
Tras indicar que existe la impresión entre los países de la OEA de "que la ley viola normas y soberanías de los distintos países", Arias dijo que la resolución podría tener un efecto político muy grande "porque es la opinión de un oraganismo regional sobre el impacto de una ley".
"Sobre todo cuando hay otros organismos y otras instancias que están revisando los efectos de la ley, como es el caso de la Organización Mundial de Comercio", concluyó Arias. (FIN/IPS/sh/ag/ip/96)
