La "guerra del gasoducto" adquirió este jueves por primera vez ribetes violentos en Chile, cuando la policía de Carabineros reprimió duramente a vecinos de San Alfonso que bloquearon la principal carretera de esa localidad cordillerana.
Mientras se producían los incidentes en San Alfonso, en Santiago el gobierno ratificaba que la empresa GasAndes podrá tender a través de esta localidad, 50 kilómetros al sureste de Santiago, las tuberías que traerán gas natural desde Argentina.
Organizaciones ecologistas calificaron de "brutal" la acción de los policías, que con sus golpes hirieron en la cabeza a una mujer de 36 años y a una menor de 14, mientras otra niña, de 13 años, perdió dos dientes.
Los vecinos levantaron barricadas en la carretera con toneles desde las primeras horas de la mañana y se amarraron con cuerdas, formando una cadena humana, para exigir a GasAndes que diseñe un nuevo trazado del gasoducto.
Transcurridas cuatro horas del bloqueo, los carabineros procedieron a desalojar a los manifestantes, generándose incidentes en que, además de las tres mujeres heridas, fueron detenidos 17 vecinos, más tarde dejados en libertad.
GasAndes es un consorcio que tiene como principal accionista a la empresa canadiense Nova, que se asoció con chilenos para transportar y comercializar desde 1997 gas procedente de la provincia argentina de Neuquén.
Los habitantes del Cajón del Maipo, área cordillerana en que está San Alfonso, así como de la localidad de Pirque, situada a 20 kilómetros de Santiago, rechazan el tendido de las tuberías del gasoducto en sus respectivos poblados.
Hasta ahora el conflicto se había manifestado a través de movilizaciones pacíficas de las comunidades, pero la represión policial de este jueves podría determinar acciones también más duras de quienes se oponen al gasoducto.
Los vecinos alegan que la obra es una amenaza para su seguridad, en tanto la zona del Cajón del Maipo, de características volcánicas, tiene una alta inestabilidad geológica.
Señalan igualmente que en el historial de Nova en Canadá hay antecedentes de explosiones de gasoductos y que en el caso de Chile no se aplicarán normas de seguridad relativas a que las tuberías deben estar alejadas de centros poblados.
San Alfonso es una localidad de unos 3.000 habitantes, situada en la ribera norte del río Maipo, que en su lado sur tiene al fundo (hacienda) Cascada de las Animas, declarado santuario de la naturaleza por el gobierno chileno.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Genaro Arriagada, anunció este jueves que se descartó definitivamente el tendido del gasoducto por la Cascada de las Animas y que GasAndes lo hará por San Alfonso.
Tanto los vecinos de la localidad como la familia Astorga, propietaria del fundo, reclaman que la empresa diseñe un tercer trazado por un área más al norte, conocida como La Caldera, deshabitada y de mayor estabilidad geológica.
La demanda fue apoyada por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, cuyos miembros se entrevistaron este jueves con Arriagada, quien manifestó que no es posible ordenar a la empresa el paso por La Caldera.
Arriagada, de quien depende la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), argumentó que en Chile "no hay una economía centralmente planificada, donde es la autoridad la que determina por dónde pasan los gasoductos".
Hace tres semanas, Conama pidió a GasAndes la supensión de trabajos preliminares en los alrededores de la Cascada de las Animas y le pidió evaluar las condiciones de seguridad para el tendido por San Alfonso.
Según Arriagada, ahora sólo resta pedir a la empresa que en la construcción del gasoducto por el poblado se apliquen normas de seguridad "muy por encima" de los estándares tradicionalmente recomendables.
Los ejecutivos de GasAndes alegan que el desvío del ducto hacia La Caldera u otro punto más alejado aumentaría considerablemente los costos de construcción, lo cual afectaría la rentabilidad del proyecto.
Los vecinos de San Alfonso y Pirque advierten que ese sobrecosto no sería mayor a unos 20 millones de dólares, y acusan tanto a la empresa como a Conama de privilegiar los factores económicos por sobre los intereses de la comunidad.
GasAndes está en competencia con MetroGas, otro consorcio que construye un segundo gasoducto desde Neuquén que entrará a territorio chileno a la altura de Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, pero ambas disputarán el vasto mercado de esta capital.
Organizaciones ecologistas plantean que el conflicto de los gasoductos revela la ineficacia de la ley marco ambiental, promulgada a comienzos de 1994, que entrega a las propias empresas la contratación de los estudios de riesgo previos a la aprobación de un proyecto. (FIN/IPS/ggr/dg/en/96)
