Un juez portugués advirtió hoy que los magistrados no deben inhibirse a la hora de "enfrentar al poder político" en cuestiones relativas a la defensa ambiental.
En materia de ambiente se cuenta con un cuadro jurídico regulador, pero "muchos magistrados continúan remitiendo" a la decisión del foro político "los delitos de contaminación y contra la naturaleza", lamentó José Araújo de Barros, juez de Viana do Castelo, en el extremo norte del país.
Según Araújo de Barros, el Poder Judicial debe ejercer como órgano de soberanía el derecho a opción, "que puede contrariar la política ambiental definida administrativamente".
El juez, miembro también del Centro de Estudios Ambientales y de Defensa del Consumidor, criticó a sus colegas "que por sistema", renuncian a la posibilidad de pronunciarse sobre delitos ambientales.
Ese derecho de optar por los tribunales "está contenido en la Constitución y en la legislación portuguesa, en los códigos Civil y Penal", aclaró.
Sin embargo, "en la práctica, los tribunales remiten estas decisiones al foro político", destacó Araújo de Barros.
En su opinión, los magistrados deben decidir "qué vale más, el derecho de un propietario de un terreno a explotarlo indiscriminadamente, o bien los derechos de la población".
"Si yo dijese que mi derecho al ambiente acaba donde comienza una licencia administrativa, no se podría hablar de derechos ambientales", agregó.
Araújo de Barros citó como ejemplo de consagración del Poder Judicial como órgano de soberanía el caso de los grabados rupestres de Foz Coa, en el norte de Portugal, cuyo origen se remonta a 22.000 años y fueron clasificados como los más antiguos de su tipo en Europa.
Las ligas ambientalistas recurrieron ante los tribunales la autorización concedida por el gobierno centroderechista de Aníbal Cavaco e Silva (1985-1995) a la construcción en Foz Coa de una represa hidroeléctica, cuyo embalse habría sumergido los milenarios grabados.
El proceso fue archivado cuando la autorización de Cavaco e Silva a la empresa Electricidad de Portugal (EDP) fue revocada por su sucesor, el actual primer ministro socialista Antonio Guterres, que ordenó parar las obras.
"Puede haber una decisión política que diga que la explotacion de la EDP es más importante que los grabados, pero un tribunal puede decir lo contrario", explicó el juez.
Con frecuencia, los tribunales "entienden que la decisión compete al poder político", y esa actitud representa una renuncia del Poder Judicial a atribuciones que le garantiza el estado de derecho.
El reconocimiento de que, en algunos casos, la frontera entre poderes Ejecutivo y Judicial es permeable "y difusa", no debe inducir a un magistrado a abstenerse de juzgar, dijo Araújo de Barros.
A los jueces, concluyó, "compete vigilar el respeto de los principios éticos fundamentales de la sociedad", entre los cuales se cuenta evitar "los frecuentes atentados contra el ambiente". (FIN/IPS/mdq/ff/ip en/96).
