El desenlace del juicio al ex presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez es toda una incógnita en vísperas de la decisión que deberán tomar este jueves los 15 jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El magistrado Luis Palís, redactor de la ponencia que será votada, propuso condenar a Pérez por uno de los dos delitos por los que se le acusa desde hace tres años, pero su texto recibió observaciones, de fondo y forma, de sus 14 colegas, lo que indica el relativo aislamiento de su propuesta.
La presentación de observaciones por todos los otros jueces respecto de una ponencia "es algo que no suele pasar en la Corte", dijo a IPS Alberto Arteaga, abogado de Pérez.
"No satisface ni a unos ni a otros", comentó el ex presidente de la Corte, Gonzalo Rodríguez, pues en un extremo están los magistrados que votaron en contra incluso de enjuiciar a Pérez y en el otro quienes favorecieron su arresto y proceso por más delitos que los recogidos por Palís.
Pérez, un socialdemócrata de 73 años que gobernó Venezuela en 1974-1979 y 1989-1993, aguarda bajo arresto en su residencia de las afueras de Caracas la decisión que podría devolverlo a la lucha política de calle, su actividad de toda la vida.
Una decisión que lo declare culpable y reduzca la pena le permitiría, paradójicamente, ganar la libertad, pero la apuesta jurídica de Pérez y sus abogados es que la ponencia de Palís sea rechazada, lo que extendería el juicio varios meses más.
En esencia, se acusó a Pérez de malversación (desvío) y peculado (apropiación) de 17 millones de dólares de fondos secretos del Ministerio del Interior, con parte de los cuales se habría financiado irregularmente una operación de cooperación policial con Nicaragua.
Parte del dinero, según la acusación, se utilizó irregularmente para financiar la "Operación Orquídea", con la cual medio centenar de policías venezolanos brindaron protección entre abril y mayo de 1990 a la entonces recién electa presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro.
La defensa mostró como absurda la acusación de desvío de fondos para tal fin en febrero de 1989, cuando Chamorro no era siquiera candidata, y Pérez dijo que jamás revelaría el uso de los fondos secretos del Estado, pues violaría la legislación sobre seguridad y defensa del país.
El jefe del Estado además no administra directamente fondos, sino su ministro del Interior, en este caso Alejandro Izaguirre, también procesado hasta que en diciembre de 1994 el actual presidente Rafael Caldera lo sobreseyó (perdonó).
La acusación la formuló en marzo de 1993 el Fiscal General Ramón Escovar, adversario de Pérez y en 1994-1995 ministro del Interior del presidente Rafael Caldera, en medio de una crisis política con reclamos de renuncia del mandatario.
Pérez había resistido con éxito dos cruentas sublevaciones militares en 1992, pero no pudo impedir "la ruptura de los acuerdos de consenso entre la clase política venezolana", según el analista Américo Martín.
El gobierno vivía un clima de impopularidad por el "paquete" de ajustes que Pérez había pactado con el Fondo Monetario Internacional y, según el líder socialista Teodoro Petkoff, por ese plan se juzgaba al mandatario, no por la partida secreta.
Petkoff, ahora ministro de Planificación de Caldera, dijo en esa oportunidad que "ya el pueblo emitió su sentencia y a la Corte le queda aplicarla".
En mayo de 1993 la Corte encontró méritos para enjuiciar a Pérez, el Senado acordó su separación de la Presidencia y en diciembre de ese año Caldera, de tendencia socialcristiana y rival histórico de Pérez, ganó las elecciones presidenciales.
La Corte abrió formalmente el juicio en mayo de 1994, ordenando la detención de Pérez, quien pasó dos meses en una cárcel y luego fue colocado bajo arresto domiciliario.
Al cabo de dos años de un engorroso proceso, con numerosas extensiones y prórrogas de lapsos, Palís distribuyó su proyecto de sentencia el 18 de abril y ese mismo día trascendió a la prensa su propuesta de condena.
Según Palís, Pérez no es culpable de peculado pero sí de malversación, agravada, por lo que pide la pena máxima, que en el caso del ex mandatario pueden ser hasta cuatro años de arresto.
En medios judiciales se dio como virtualmente aprobada la ponencia de Palís cuando comenzó a circular en abril, pero los pronósticos se desmoronaron con la avalancha de observaciones.
El juego fluído puede llevar a la aprobación, según las observaciones que Palís haya incorporado a su propuesta para el jueves, o al rechazo, para el que sumarían votos quienes consideran a Pérez inocente o aún más culpable.
También puede que entre los extremos surja un consenso para acoger mayores causales de presunta culpabilidad, pero en cambio rebajar la sentencia hasta un tiempo parecido al que ya ha estado Pérez privado de libertad, lo que lo dejaría en la calle.
Pérez y sus abogados sostuvieron siempre que el suyo es "un juicio político disfrazado de proceso penal", y en cualquier caso la política aguarda a las puertas de la Corte.
Esto se debe, en primer lugar, a que el clima de opinión contraria a Pérez de 1993 se ha difuminado, sobre todo por dos años de desbarajuste económico del gobierno de Caldera, quien en abril regresó el país a la senda aperturista que inició Pérez y con un plan de ajustes aún más drástico que el de su predecesor.
En segundo término, porque Pérez en la calle será "un hueso duro de roer" para sus adversarios del partido Acción Democrática, en el que militó durante medio siglo hasta que fue excluído de toda militancia en 194, apenas la Corte ordenó su arresto.
Pérez, un político de multitudes, sin duda sacará provecho de la conclusión que se abre paso entre sus compatriotas, cualquiera sea el veredicto de la Corte: al cabo de tres años, lo que el proceso más ha dejado en claro es que se le destituyó, apresó y juzgó por haber cooperado con Nicaragua. (FIN/IPS/hm/ag/ip/96)
