Venezuela debate privatizar la industria petrolera, nacionalizada en 1976, para enfrentar la crisis económica que tiene a 80 por ciento de la población en la pobreza y encarando un plan de ajustes que la empobrece aún más.
La nación es constitucionalmente dueña del subsuelo, y el negocio petrolero fue monopolio del grupo estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), hasta que a partir de 1991 algunos segmentos son compartidos con capitales privados.
"Yo creo que para cualquier empresa como PDVSA, sin menoscabo del control, de la autonomía nacional, sería muy saludable tener 15 por ciento (de acciones) en el mercado de capitales", dijo en medio del debate Luis Giusti, presidente del grupo.
Giusti admitió, en una entrevista de televisión, que esa venta implicaría modificar la ley de nacionalización que creó PDVSA hace 20 años. "Pero creo que ese es el camino", agregó.
La respuesta del gobierno fue inmediata. "Los yacimientos ni se venden, ni se prestan, ni se regalan. Sólo podemos transar en el mercado el mueble contenido en el inmueble-yacimiento", dijo Erwin Arrieta, ministro de Energía y representante en PDVSA del accionista único, la Nación.
Los yacimientos "son parte esencial del patrimonio nacional, herencia que recibimos de los conquistadores, ratificada por el Libertador (Simón Bolívar, quien reiteró la propiedad estatal del subsuelo en un documento de 1828)", abundó Arrieta.
Giusti recogió velas: "No está planteada la venta de PDVSA. Simplemente se ha asomado como idea que vale la pena considerar y debatir copmo una opción de largo plazo", declaró luego a la prensa, que esparció la tesis de que el gerente "lanzó un globo de ensayo" para pulsar la opinión.
El ex presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993), quien nacioalizó el petróleo en 1976, dijo a IPS que la privatización de PDVSA "es un absurdo, una propuesta que sólo puede explicarse por el clima de deterioro que vive Venezuela".
Pérez, socialdemócrata, reiteró su tesis de que "la privatización es absolutamente inconveniente, pues en países en desarrollo como Venezuela una industria básica como esa debe estar en manos del Estado".
El debate, impensable hace una década, reúne declaraciones casi diarias de cuantos en este país forman opinión pública, en medio del nuevo cuadro de condiciones económicas de Venezuela.
Nadie discute el principio heredado de la colonia española en el sentido de que la riqueza del subsuelo sea de la Nación y no de particulares, sino si éstos han de poseer la industria, es decir, la infraestructura que permite extraer, transformar y vender el "oro negro" de ese subsuelo.
Durante más de 60 años (1914-1976) la explotación del petróleo en gran escala la hicieron compañías trasnacionales, con auge del proletariado industrial y la lucha política moderna cuyas grandes consignas fueron reforma agraria y nacionalización petrolera.
Cuando luego de la guerra árabe-israelí de 1973 se produjo el "boom" de los precios del petróleo, el Estado tuvo suficiente dinero como para asumir la propiedad de la industria y coronar un sueño enarbolado como bandera política durante décadas.
La ley de nacionalización dejó un postigo para asociaciones de PDVSA con capitales privados, abierto desde 1983 con su "internacionalización" (compra de refinerías en el exterior) y desde 1991 con asociaciones menores dentro del país.
PDVSA es, según publicaciones especializadas, la segunda petrolera del mundo tras la saudita Aramco, y sus operaciones consolidadas fueron superiores a 26.000 millones de dólares en 1995, es decir casi dos veces el presupuesto del país y un monto equivalente al de su deuda pública externa.
La firma controla más reservas probadas de crudo (65.000 millones de barriles) o de gas que cualquier rival estadounidense o europea, Estados Unidos la tiene como primer proveedor, extiende sus operaciones en América Latina y las diversifica hacia carbón, petroquímica y nuevos combustibles.
PDVSA produce a Venezuela 70 por ciento de los 18.000 millones de dólares generados por exportaciones y más de un tercio de los ingresos fiscales, aunque éstos se han reducido de su nivel histórico, que fue superior a 65 por ciento.
Pero, paradójicamente, mientras PDVSA crece y prospera, su propietario -el Estado- se empobrece: el salario real de los venezolanos cae sin cesar desde 1978, la miseria pasó de menos de 15 a más de 30 por ciento, y la pobreza general de menos de la mitad a más de 80 por ciento de la población.
"Es como morirse de hambre en una panadería", opinó Luis Machado, ex ministro para el desarrollo de la inteligencia (1979- 1984). "Morimos de mengua sobre una alfombra de 600.000 millones de dólares", dijo a su vez el escritor Arturo Uslar Pietri.
El debate cobró ánimo porque, al cabo de dos años de un rumbo errático en la economía, basado en controles, el presidente Caldera adoptó en abril un severo programa de ajustes que busca abatir la inflación (anualizada de 85 por ciento) a partir de la corrección del déficit fiscal.
Es el segundo ajuste en siete años y para los venezolanos significa que la gasolina cuesta cinco veces más, su moneda vale 70 por ciento menos, suben las tasas de interés y los impuestos, y todos los precios durante algunos meses.
Economistas independientes, como Gustavo García, reclamaron que el ajuste se acompañe de una "agresiva privatización de empresas, incluída la venta de PDVSA, para disminuír el gasto público que ocasionan y aumentar los ingresos para enjugar de verdad el déficit" fiscal.
Miguel Rodríguez, ex ministro de Planificación de Pérez y organizador del plan de ajustes de 1989, propuso "vender 15 o 20 por ciento de acciones de PDVSA y privatizar otros activos del Estado hasta reunir una masa de recursos suficientes para encarar los problemas de deuda y prestaciones".
La deuda pública -la externa es de unos 27.000 millones de dólares- consume 40 por ciento del presupuesto del Estado, que además tiene como pasivos varios miles de millones de dólares por las prestaciones (indemnizaciones) de sus 1.300.000 trabajadores.
El banquero Oscar García dijo que sólo con una privatización de las empresas estatales sin exclusión de PDVSA será posible superar las dificultades que se encaran con el ajuste, y la Cámara de Comercio de Caracas propuso vender una de las tres grandes peradoras de PDVSA para rsolver el problema.
La Asociación Pro-Venezuela, una organización de empresarios de tendencia nacionalista, rechazó de plano la venta de PDVSA.
En el frente político, los mayoritarios partidos tradicionales, Acción Democrática (socialdemócrata) y Copei (socialcristiano) rechazaron junto con los izaquierdistas o populistas cualquier opción de venta de PDVSA.
Pero, como nueva paradoja, los ex candidatos presidenciales de esos partidos,los socialcristianos Eduardo Fernández (1988) y Oswaldo Alvarez (1993) y el socialdemócrata Claudio Fermín (1993) se mostraron partidarios de vender acciones de PDVSA.
El ex guerrillero y ex candidato presidencial socialista Teodoro Petkoff (1983 y 1988), desde marzo ministro de Planificación de Caldera, rechazó en cambio la venta porque "el Estado no debe renunciar a su principal instrumento de política económica y fiscal". (FIN/IPS/hm/dg/if/96)
