El partido socialdemócrata de Venezuela Acción Democrática (AD) solicitó a la Internacional Socialista que el ex presidente Carlos Andrés Pérez deje de ocupar una de las vicepresidencias en esa organización mundial.
Para reemplazarlo, AD propuso a su propio presidente, Pedro París Montesinos, y la Internacional Socialista deberá decidir en una reunión de su directiva en septiembfe en Nueva York.
Pérez -trascendió- sostuvo que aunque llegó a vicepresidente de la Internacional como dirigente de AD, recibió ese cargo por su "propia sigificación". "La vicepresidencia no se da a un partido sino a una persona", precisó.
Entretanto, la Corte Suprema de Justicia, que procesa a Pérez por presunta corrupción, informó que 11 de sus 15 magistrados presentaron observaciones -no necesariamente disidentes- a un proyecto de sentencia condenatoria que se votará el día 30.
Pérez fue apartado de la presidencia de Venezuela en 1993 para ser juzgado por presuntas malversación (desvío) y peculado (apropiación) de fondos secretos. La Corte lo envió a la cárcel en mayo de 1994 y dos meses después lo colocó bajo arresto en su residencia de las afueras de Caracas.
Apenas la Corte ordenó detener a Pérez, AD lo excluyó de sus filas y el "ortodoxo" jefe de la organización, Luis Alfaro, llamado "el caudillo" por sus seguidores, inició una purga de dirigentes "renovadores" o perecistas.
Colocado contra las cuerdas, el sector renovador podría sufrir en junio una nueva baja si AD decide expulsar a su ex candidato presidencial de 1993, Claudio Fermín, actualmente cursando un postgrado en Estados Unidos.
En cambio, podría fortalecerse "si Carlos Andrés sale a la calle", coinciden los analistas que recuerdan a Pérez como un incansable político de muchedumbres y quien no oculta su deseo de ganar la libertad para seguir su actividad de toda la vida.
A los 73 años de edad, Pérez puede ser condenado a un máximo de cuatro años de arresto, justamente la pena pedida en su ponencia por el magistrado Luis Palís. Cumplidos ya dos años de detención, recuperaría la libertad en 1998.
Los cargos contra Pérez se resumen en que presuntamente ordenó y organizó el desvío de 17 millones de dólares de la partida de gastos secretos del Ministerio del Interior, en 1989, y con parte de ese dinero su Ministerio de Secretaría brindó en 1990 ayuda policial a Nicaragua.
Beneficiaria del presunto peculado habría sido la presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro, pero Palís en su ponencia desechó el delito de peculado y mantuvo sólo el de apropiación, a su juicio agravada, por lo que pidió máxima pena.
El largo y engorroso proceso, que ya dura tres años, parece encaminado a una definición el día 30, cuando la Corte decidirá si acepta la ponencia de Palís o la rechaza y designa a otro ponente para redactar un proyecto de sentencia diferente.
En medios judiciales se asegura que una correlación inicial de nueve magistrados contra Pérez, tres en contra y tres indecisos, transita hacia otra de unanimidad o consenso para la condena pero con modificaciones en la ponencia.
La presentación de 11 propuestas de modificación al texto de Palís sería indicativa de esa tendencia. Las observaciones no necesariamente contradicen la ponencia, se recordó.
Otras fuentes señalan que el ex presidente considera que el proceso ya está suficientemente desprestigiado ante la opinión pública, doméstica e internacional, como "juicio político con fachada penal" y acogería como opción preferida la que le permita recuperar la libertad rápidamente.
En AD, según analistas políticos, la dominante corriente de Alfaro -a la que Pérez acusó de "tener secuestrado al partido"- acelera sus movimientos para anular tempranamente una eventual arremetida del perecismo, con miras a las elecciones de 1998.
Entre esos movimientos está despojar a Pérez de su vicepresidencia en la Internacional Socialista y borrar así todo rastro de militancia socialdemócrata de quien fue su principal líder desde los años 70.
Como vicepresidente de la Internacional, mientras fue gobernante (en 1974-1979 y 1989-1993) u opositor en Venezuela, Pérez se involucró densamente en los procesos de democratización y pacificación de América Central.
Entre las muchas actividades que desplegó en el área estuvo la ayuda policial a Nicaragua en abril-junio de 1990, con Chamorro recién electa presidenta, usando según sus acusadores fondos que desvió con 15 meses de atelación,.
Esa "Operación Orquídea" llevó a sus acusadores en Venezuela a incoarle un proceso que provocó su destitución como presidente, su detención y la expulsión del partido en el que militó medio siglo y ahora pide que se le retire de la Internacional Socialista. (FIN/IPS/hm/dg/ip/96)
