Un fallo de la justicia en Uruguay, que ordenó la prisión por un mínimo de dos años de dos periodistas acusados de atentar contra el honor del presidente paraguayo Juan Carlos Wasmosy, generó preocupación sobre la libertad de expresion en este país sudamericano.
Federico Fasano, director del diario La República, y su hermano Carlos, redactor responsable, iniciaron este viernes una prisión por un mínimo de dos años, acusados de violar el artículo 138 del Código Penal, agravado por haberse cometido a través de la prensa, cuya actividad penal se regula por una ley especial.
La norma, que sanciona el ataque contra el honor de un jefe de Estado extrajero y el riesgo de exponer al país a represalias, sólo registra un antecedente en la jurisprudencia democrática, desde que se copió de un proyecto de código italiano de la época de Benito Mussolini.
En 1965, el estudiante comunista Jesús Rolán interrumpió un acto público y escupió en la cara al secretario de Estado de Estados Unidos, Dean Rusk, de visita oficial en Uruguay.
El fallo de la jueza Zulma Casanova contra Fasano rebajó en un año el pedido del fiscal Miguel Langón y añadió el pedido de captura internacional del periodista argentino Pedro Casademout y del paraguayo Ricardo Canesse, autores de las notas cuestionadas.
Casademout señaló su imposibilidad de concurrir al país, por temor a que se atentara contra su vida, y Canesse no puede salir de Paraguay por estar sometido a un juicio por demanda del gobierno de ese país.
Ambos periodistas escribieron una serie de notas acusando a Wasmosy de robo y estafa, y de ser "uno de los más corruptos de América Latina" al recibir dinero ilítico de la construcción de la represa de Itaipú, una gigantesca obra binacional de Brasil y Paraguay.
La jueza consideró que se utilizó un "tratamiento estigmatizador" de Wasmosy, y el fiscal sostuvo que los hermanos Fasano, en razón de sus cargos, pudieron impedirlo, especialmente los "gruesos titulares".
El haber cometido el delito a través de la prensa se consideró un agravante.
"Es imposible informar la verdad. Este es el mayor atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información. No hay antecedentes en el mundo entero de que un periodista no pueda probar la verdad de sus dichos", dijo Federico Fasano al salir del juzgado.
La República salió este viernes con un cintillo en la parte superior de la primera página que dice "Primer día de detención".
El periodista encarcelado argumentó durante el juicio que decenas de titulares y notas iguales a la cuestionada fueron publicadas por la prensa local, respecto de los ex presidentes Fernando Collor, de Brasil, Carlos Andres Pérez, de Venezuela, Fidel Castro, de Cuba, y Ernesto Samper, de Colombia.
El abogado de los hermanos Fasano, Gustavo Puig, cuestionó que no se permitiera a sus defendidos probar la veracidad de sus dichos y tanto la jueza como el fiscal argumentaron que para esta figura penal basta con atacar el honor. Si la acusación hubiera sido por difamación o injurias hubiera podido presentar pruebas.
"El periodismo uruguayo está preso", afirmó este viernes en primera página el semanario izquierdista Brecha, en una nota firmada por su director, Guillermo Waksman.
Waksman destacó que "la combinación de un delito (…) castigado con un rigor draconiano, y una ley que establece severas restricciones a la libertad de expresión del pensamiento, se potencia de manera explosiva".
Recordó también la opinión de Danilo Arbilla, director del semanario Búsqueda y presidente del Comité de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): "La mejor ley de prensa es la que no existe".
Arbilla hizo esta afirmación al advertir sobre eventuales arbitrariedades a que puede dar lugar la limitación, mediante una sanción penal, del derecho y el deber de informar del periodista, indicó Waksman.
Manuel Flores Silva, director de la revista Posdata, opinó que tras la decisión "quedó en duda la libertad de expresión" y es "una hipótesis de fantasía pensar que se corrió la posibilidad de exponer al país a represalias".
Ahora "se corre el riesgo de la autocensura", alertó.
La defensa de los periodistas apeló la decisión judicial y el Tribunal de Apelaciones deberá expedirse en un plazo de siete días. (FIN/IPS/rr/ag/ip-cr/96)
