El presidente ruso Boris Yeltsin y el Consejo de la Federación (la cámara alta parlamentaria) impondrán el veto, previsiblemente, al nuevo Código de la Tierra aprobado por la Duma (cámara baja) el 22 de mayo por 288 votos a favor y 18 en contra.
El código, que permite a los ciudadanos rusos heredar y arrendar tierra de cultivo pero les prohibe comprarla, venderla o hipotecarla, se ha convertido en el centro de la lucha política entre reformistas y conservadores, en la carrera a las elecciones presidenciales.
La reforma agraria, lanzada en 1991, produjo alrededor de 40 millones de propietarios. Un total de 12 millones de inquilinos rurales poseen acciones sobre los terrenos y casi el 95 por ciento de la tierra está ahora en manos privadas, con propiedad compartida o conjunta.
El derecho a la propiedad de la tierra fué incluído en la Constitución y en el Código Civil de la Federación Rusa. Los detalles debieron ser agrupados en un Código de la Tierra.
No obstante, el Partido Agrario, que básicamente se opone a la privatización de las tierras cultivables y tiene el control de la Duma, supervisó la redacción del proyecto del código, que fué objeto de interminables discusiones durante dos años por parte de la Duma.
La batalla legal sobre la tierra se intensificó en los últimos dos meses desde que Yeltsin emitió un decreto el 7 de marzo para "proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos rusos a la tierra, hasta la adopcion del código para la Federación Rusa".
Mientras ratificó que las tierras cultivables deben ser usadas para la agricultura, el decreto aclaró las relaciones entre propietarios y usuarios, y simplificó la situación respecto a la venta o el arrendamiento de esas tierras.
El propósito fué alentar a la gente que había adquirido tierras agrícolas bajo las reformas pero no podía trabajarlas, a venderlas o arrendarlas a individuos o empresas, explicó Iván Starikov, viceministro de Economía de la Federación Rusa y uno de los redactores del decreto.
"El problema es que las relaciones legales entre los ciudadanos que poseen la tierra y las entidades legales no están claras. A menudo los propietarios no reciben ningun pago por el usufructo de sus tierras. Al mismo tiempo, los usuarios temen que la tierra que trabajan pueda ser despojada de propósitos agrícolas", apuntó.
El decreto dispuso que los propietarios de tierras deben recibir títulos que los acreditan. "Si bien la Comisión Estatal para el Uso de la Tierra aseguró que el 80 por ciento de los certificados de propiedad fueron entregados a sus titulares, en su mayoría todavía están guardados en las cajas blindadas de los jefes de granjas colectivas", dijo Starikov.
Los usuarios de la tierra, de acuerdo con el decreto, deben firmar contratos que quedarán en custodia de los comités agrícolas regionales. Los contratos tendrán una vigencia mínima de tres años. Starikov dijo que la medida tambien pretendía ayudar a los débiles y ancianos.
No obstante, la ubicación de la agricultura en semejante "mercado libre" no fué del agrado del Partido Agrario, que domina la Duma. Inmediatamente redactó un proyecto de ley sobre "disposiciones específicas para implementar el derecho constitucional a la tierra", que alteró las disposiciones del decreto e impuso cláusulas más conservadoras al código.
Postergó por dos años el derecho a transferir tierras y dispuso que los propietarios deberán repagar al estado la mitad del precio de los terrenos que vendan. Tanto la ley como el proyecto de código limitó el derecho a poseer tierra a granjas privadas y parcelas bajo dachas y garajes. El derecho no se extendió a tierras agrícolas.
A los granjeros se les concedió el derecho a vida de usar o arrendar la tierra y aquellos que dejaron las asociaciones rurales para convertirse en privados recibieron el derecho de poseer tierra pero no de venderla.
Si la actividad agrícola cesa, la tierra vuelve al estado, indicó el código enmendado.
Previsiblemente, Yeltsin vetará la ley por inconstitucional y no hay duda que tambien impugnara el código que es aún más restrictivo.
En ese caso, el decreto presidencial de marzo, que permite la venta parcial de la tierra, seguirá en vigor y la Duma deberá volver a deliberar sobre el código hasta que se obtenga un compromiso aceptable. (FIN/IPS/TR-en/ai/rj/ego/if).
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