El 2 de mayo último todas las estaciones de televisión en Bucarest transmitieron imágenes que parecían escenas de guerra. Miembros enmascarados de la fuerza antiterrorista, armados hasta los dientes y acompañados por policías y gendarmes, realizaron una amplia operación de rastreo frente a las cámaras.
Esa mañana, el soldado Laurentiu Cotea escapó de la base donde todavía debía cumplir otros dos meses de servicio militar y asesinó despiadadamente a dos agentes de policía.
"Los maté porque necesitaba un auto", declaró Cotea cuando fué finalmente apresado. La cacería humana de 36 horas dió lugar a la movilización policial más impresionante de los últimos años.
Un inocente resulto abatido durante la acción, el soldado Marius Palcu, quien fué lo suficientemente desafortunado como para ser confundido con Cotea. Recibió un balazo en el corazón no muy lejos del lugar donde fueron asesinados los dos policías.
"El policía que disparó contra Palcu actuó de acuerdo con la ley y no será sancionado. Solo cumplió con su deber", declaró el ministro del Interior, Doru Ioan Taracila.
La policía se ha negado hasta ahora revelar el nombre del agente que apretó el gatillo.
El jefe de policía de Bucarest, general Nicolae Nitu, tambien declaró que Palcu resultó muerto porque no obedeció la orden que se le impartió de detenerse.
La actual legislación, referida al uso de pertrechos y municiones, impide a los policías usar sus armas cuando hacen un arresto. De acuerdo con esa ley, el agente que mató a Palcu podría ser condenado a 20 años de cárcel.
No obstante, una nueva ley que acaba de entrar en vigor el 11 de mayo permite a los policías usar sus armas incluso ante un presunto delincuente desarmado.
La posición oficial fué muy mal recibida. Expertos judiciales dijeron que el policía debería ser considerado culpable de la muerte de Palcu, porque el joven soldado estaba desarmado y no se ajustaba en absoluto a la descripción del fugitivo.
"Las declaraciones formuladas por el ministro del Interior son, en mi opinión, un desafío a los derechos humanos. La ley de organización policial establece claramente que las armas solo deben ser usadas para detener y no ultimar a un sospechoso", declaró Renate Weber, titular del Comité Helsinki de Rumania.
Cinco días más tarde, el 7 de mayo, el parlamentario Petre Turlea pidió la dimision de aquellos que eran culpables "de todo ese lío causado por el arresto de Cotea. La policía informó cada 15 minutos que todo estaba bajo control mientras por televisión la gente vió cientos de tropas por las calles sin rumbo fijo".
La muerte de un inocente a manos de la policía casi no fue notada por el público. Poca gente creyó necesario protestar por semejante abuso. "Si acusamos al policía que trató de protegernos de un malhechor, ¿quién se atreverá a usar un arma en el futuro contra criminales?", inquirió telefónicamente un anónimo espectador en el programa televisado por Tele7ABC.
Los ecos en la prensa, por lo general, se restringieron a la descripción de la espectacular cacería humana, con escasos comentarios del problema surgido durante la crisis.
"Estos trágicos hechos subrayan una contradictoria imagen de la policía, algo entre desmesurada reacción e incapacidad de proteger a los civiles, en un país donde cada día aumenta el número de armas", dijo Cristian Popecu, editor adjunto de "Adevarul", un influytente periódico político.
La falta de profesionalidad y la corrupción imperante en la policía rumana ha sido motivo de numerosos debates en los últimos seis años. La Militia, como la institución fué denominada antes de 1989, fué usada durante la dictadura de Nicolai Ceaucescu como principal elemento de represión.
Un informe de Amnistía Internacional en 1995 expresó preocupación por "el aumento de las intervenciones armadas por parte de la policía".
Vacíos legislativos tambien favorecieron los abusos, según los grupos humanitarios. "Mil policías fueron investigados por abusos criminales en los últimos años pero ninguno resultó condenado", apuntó Gheorghe Stefanescu Draganesti, presidente de la Liga para la Protección de los Derechos Humanos (LADO).
En mayo de 1995, el gobierno envió un proyecto de ley al parlamento, pero hasta ahora el texto no fué debatido. "La legislación propuesta trata de acercar más a la comunidad los agentes de policía, y hacerlos trabajar para la sociedad", opinó Radu Timofte, titular de la comisión parlamentaria para la defensa del orden público.
Los jefes policiales piensan que la falta de dinero es la principal culpable de la falta de entrenamiento del personal y el abuso de las armas. "Los políticos deberían pensar más en esa gente, que se debe enfrentar a una criminalidad organizada cada vez más peligrosa", dijo Costica Voicu, jefe del Inspectorado General de Policía (IGP).
No obstante, ante los ojos del público la policía conserva una imagen favorable. Muchos sondeos de opinión muestran que los rumanos todavía confían en la institución, a la cual colocan en tercer lugar despues del ejército y la iglesia. (FIN/IPS/tra- en/mc/fn/ego/ip).
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