Dirigentes religiosos y grupos de derechos humanos de República Dominicana reaccionaron con indignación ante la deportación de haitianos y de dominicanos- haitianos, realizada en muchos casos con violencia.
La Comisión Nacional para los Derechos Humanos acusó al gobierno de Joaquín Balaguer de violar tratados y convenciones internacionales ratificados por la república al decidir "arbitrariamente" las deportaciones.
"Más de 350.000 extranjeros de distintas nacionalidades residen ilegalmente en el país, pero sólo son deportados aquellos que tienen la piel de color negro", destacó el presidente de la comisión, Porfirio Nina.
Nina advirtió que las expulsiones dispuestas dieron lugar a graves episodios, como el caso de un ciudadano haitiano, aún no identificado, que murió cuando estaba detenido en una guarnición militar de la norteña provincia de Mao.
Así mismo, una adolescente fue tomada como rehén durante varias horas por oficiales del ejército en la casa en que se había refugiado para evitar su deportación, informó Nina.
El obispo Julio Holquin, de la Iglesia Episcopal de República Dominicana, afirmó que las expulsiones se cumplen de modo "inhumano y contrario a la moral cristiana".
"Esos infortunados son deportadas sin siquiera poder llevar sus pertenencias ni reunirse con su esposa ni con sus hijos", dijo Holquin.
Cerca de 5.000 haitianos considerados residentes ilegales fueron devueltos a su país en las últimas semanas, según informó una fuente cercana a la Dirección General de Migración (DGM).
El director ejecutivo de la DGM, Vitelio Mejía Ortiz, había solicitado a la policía y las Fuerzas Armadas proceder al operativo de deportación sin agredir a los afectados.
El diario El Siglo informó que la policía detiene en días de pago a haitianos empleados en la zona norte por el Instituto Nacional de Agua Potable, una agencia gubernamental.
Mientras, el presidente del Comité de Derechos Humanos (CDH), Virgilio Almanzar, declaró que las autoridades confiscaron documentos de identidad de una gran cantidad de haitianos- dominicanos.
"Se trata de medidas puramente políticas. Son de carácter racista y tienen sólo tienen objetivos electorales", manifestó Almanzar.
El CDH solicitó a las Organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos enviar observadores a la frontera entre Haití y República Dominicana para investigar las condiciones en que se practicó la deportación masiva.
Leonel Fernández, aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, aseguró la semana última que unos 160.000 haitianos simpatizantes de José Peña Gómez, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, fueron inscriptos ilegalmente en el padrón electoral.
La acusación fue también lanzada por el gobernante Partido Reformista Social-Cristiano, que ordenó a sus delegados en las oficinas electorales evitar por el medio que sea el voto de haitianos.
El presidente de la Junta Central Electoral, César Estrella Sahdala, señaló que la constitución nacional y la legislación electoral contemplan procedimientos claros para esos casos.
"Ningún ciudadano dominicano verá obstaculizado su derechos al voto debido al color de su piel", dijo Sahdala, quien consideró que las denuncias no tienen suficiente fundamento para determinar la revisión del registro electoral. (END/IPS/tra-en/ha/nc/mk/ml- ff/hd/96).
