El Movimiento de Mujeres Haitiano- Dominicanas (MUDHA) acusó al gobierno de República Dominicana por la deportación de docenas de descendientes de haitianos con el fin de impedir que voten en las elecciones del jueves 16.
"Esto es una violación del artículo 11 de la Constitución de República Dominicana, que garantiza la nacionalidad dominicana a todos aquellos que nacen en su territorio", declaró Lilliana Dolis, vicepresidenta de MUDHA.
Varios cientos de haitianos que viven en el norte de este país fueron detenidos por fuerzas de seguridad y deportados hacia Haití en los últimos días.
Fuentes cercanas a la Segunda Brigada de las Fuerzas Armadas dominicanas, con base en la zona septentrional del país, aseguraron que la medida, ordenada por la Oficina de Migración, afectó a los haitianos que viven "ilegalmente" en el país.
"La deportación de inmigrantes ilegales es un acto de soberanía por parte de República Dominicana. No lo cuestionamos. Pero es preocupante que estas medidas se apliquen a ciudadanos dominicanos de origen haitiano", dijo Dolis.
República Dominicana y Haití comparten la isla de Española, en el mar Caribe. Mientras Haití es francófono, los dominicanos hablan español, lo cual refleja la diferente herencia cultural de ambos países que se remonta a la época colonial.
Pero, además, una larga historia de enemistades vincula a las dos naciones. Los haitianos que viven en territorio dominicano enfrentan con frecuencia actos de discriminación abierta.
La mayoría de los dominicanos son mulatos y muchos temen morbosamente lo que políticos derechistas denominan la "amenaza" haitiana. El propio presidente, Joaquín Balaguer, denuncia desde hace años que la inmigración haitiana supone una "invasión silenciosa".
El sempiterno candidato a la Presidencia del Partido Revolucionario Dominicano, José Francisco Peña Gómez, es frecuentemente cuestionado por quienes afirman, sin pruebas, que es un negro de origen haitiano.
En 1994, cuando todas las encuestas demostraron que la amplia mayoría de los haitiano-dominicanos votarían por Peña Gómez, la policía irrumpió en muchos hogares y se incautaron de sus documentos de identidad para evitar que votaran, dijo Dolis.
"Desde comienzos de abril hemos sido testigos de una trágica reiteración de esas mismas medidas, pero en esta ocasión las víctimas sufren la deportación 'manu militari' hacia Haití", manifestó la dirigente.
Pedro Hilario, un vendedor callejero de Santo Domingo, dijo que "gran parte de esos a los que llaman 'ilegales' son personas nacidas en República Dominicana que nunca tuvieron la posibilidad de obtener su ciudadanía o documentación que la certifique".
Nacido en 1962 en Palava, un "batey" (grupo de barracas) donde viven unos 2.000 recolectores de caña a 10 kilómetros de la capital, Hilario está pasando un mal momento, pues sabe que los funcionarios de migración ya lo tienen en la mira.
Una de las irrupciones de la policía dominicana en los hogares de los descendientes de haitianos se produjo el 23 de abril, en medio de ruido de sirenas y gritos, en la avenida Duarte, una de las calles principales de Santo Domingo.
Una docena de oficiales arrestaron a por lo menos 20 vendedores callejeros descendientes de haitianos, a pesar de sus protestas.
"Las autoridades no tienen derecho a deportar a ciudadanos dominicanos y enviarlos a otro país sólo porque sus nombres son franceses o porque hablan español con acento francés o créole", dijo el sociólogo Carlos Doré y Cabral.
Doré y Cabral, investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, está convencido de que el gobierno de República Dominicana debe respetar el artículo 11 de la Constitución y entregar en consecuencia sus documentos de ciudadanía a los haitiano-dominicanos.
En 1940, el antiguo dictador Rafael Leónidas Trujillo accedió, debido a motivaciones financieras, a otorgar cartas de identidad a los trabajadores agrícolas haitianos, cuyos hijos en suelo dominicano son ciudadanos del país caribeño.
Durante los primeros 12 años de Balaguer en la Presidencia de República Dominicana (1966-1978), la ciudadanía de los hijos de haitianos fue reconocida a través de documentos suministrados por el Consejo Azucarero del Estado.
Pero a fines de la década del 80, el gobierno varió su política y prohibió el registro de hijos de trabajadores agrícolas haitianos. Al mismo tiempo, Balaguer comenzó a denunciar la "invasión silenciosa" de haitianos a su país.
Desde entonces, en toda campaña electoral, el gobernante Partido Reformista Socialcristiano esgrime el argumento de la "invasión silenciosa" para perjudicar la candidatura de Peña Gómez, debido a su presunta ascendencia haitiana.
Balaguer invitó la semana pasada a los ciudadanos a unirse bajo la bandera de su partido para preservar la "dominicanidad".
De acuerdo con varias investigaciones, diez por ciento de los ocho millones de habitantes de República Dominicana son de origen haitiano y la mayoría trabaja en la industria azucarera, plantaciones de café y en la construcción. (FIN/IPS/tra- en/ha/nc/mj/ip pr/96)
