Una joven de 18 años del área minj de Papúa-Nueva Guinea ha quedado atrapada entre las tradiciones tribales y sus propios deseos para el futuro, al haber sido ofrecida a un clan en compensación por la muerte de su padre.
Miriam Willingal sostiene que no está "preparada para casarse", y que su objetivo es completar los estudios comerciales y emplearse. La joven, citada por un diario local, se mostró descontenta ante la decisión de su tribu.
El caso captó la atención a nivel nacional, y renovó el llamado de grupos de derechos humanos a acelerar la entrada en funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La práctica de la inclusión de mujeres en los acuerdos de compensación fue abandonada tras el arribo de misioneros a la región de Western Highlands, donde vive el grupo minj, en la década de 1930, dijo el alcalde de la zona y responsable legal de la joven, Sam Imine.
El padre de la joven, Koidam Dam Willingal, murió en un tiroteo con la policía durante un allanamiento durante la madrugada a su villa, Tumbo, realizado en abril.
Según las autoridades, Koidam era guardaespaldas de un evadido del cuerpo de policía, Robert Mond, quien era buscado por acusaciones de episodios de resistencia armada, robo de armas, violación y otros delitos. Mond también murió en el tiroteo.
Como resultado, Miriam Willingal fue ofrecida por su tribu, sin su consentimiento, al clan Konumbuka, en compensación por la muerte de su padre.
Los tíos del clan de su abuela materna, el Konumbuka, demandaron que se le pagara con dos mujeres jóvenes, cerdos y dinero. Willingal fue ofrecida como pago por los familiares de la línea paterna, junto a 24 cerdos.
El alcalde Imine dijo que los integrantes de la tribu de la línea materna exigieron dos mujeres o amenazaron con "tomar las cosas por su cuenta", lo cual implica secuestro y violación de mujeres de la aldea.
Fuentes legales sostienen que las autoridades están investigando el acuerdo de compensación, mientras representantes del Foro de Defensa de los Derechos Humanos sostienen que intentarán evitar que la transacción tenga lugar, afirmando que no respeta los derechos individuales de la joven mujer.
Activistas de los derechos humanos afirman que casos como este figuran entre los muchos que serán tratados cuando finalmente entre en funciones la Comisión Nacional de Derechos Humanos, probablemente a fin de año.
Igual preocupación causan las supuestas atrocidades ocurridas en la isla de Boigainville, donde guerrilleros separatistas mantienen una guerra contra las tropas papuanas. Desde el comienzo de la guerra, en 1988, murieron 6.000 personas.
Los grupos de derechos humanos sostienen que los refugiados que huyen de la violencia en la parte occidental de la isla de Nueva Guinea, donde un movimiento separatista intenta independizar el territorio de Irian Jaya de Indonesia, también son objeto de persecuciones de las autoridades.
Además, pretenden que el gobierno abola la pena de muerte e investigue ausaciones de abusos de poder de parte de las fuerzas policiales. (FIN/IPS/tra-en/hd-pr/96)
