La propuesta de amnistía para militares y funcionarios del derrocado régimen de Manuel Noriega, impulsada en Panamá por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), dividió la opinión política y generó ruidosas protestas de grupos estudiantiles universitarios.
Mientras el PRD y varios partidos opositores ventilaban sus diferencias en una comisión del parlamento, decenas de estudiantes de la estatal Universidad de Panamá se lanzaron esta semana a las calles a protestar contra el proyecto de amnistía.
Catorce personas, entre estudiantes y agentes, resultaron lesionadas o intoxicadas cuando la policía se enfrentó con gases y balas de goma a los manifestantes, que a su vez, resistían con piedras.
El polémico proyecto de amnistía incluye a unos 950 funcionarios del régimen de Noriega, depuesto por la intervención militar estadounidense de 1989. Veintidós se encuentran en la cárcel desde hace más de seis años.
El presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Carlos Alvarado, indicó que "la unica forma de reconciliar al país es a través de una amnistía general que libere (a los presos) de las cárceles y ponga punto final a los procesos judiciales" contra quienes colaboraron con Noriega.
La gran mayoría de los civiles que serían favorecidos por la ley son miembros del PRD, y entre ellos se cuentan los ex presidentes Manuel Solís Palma (febrero de 1988-agosto de 1989) y Francisco Rodríguez (agosto a diciembre de 1989).
Los partidos de oposición, la Iglesia Católica y un grupo no gubernamental de derechos humanos no admiten que la amnistía alcance a ex funcionarios y militares acusados de homicidio, tortura y apropiación de fondos públicos.
El arzobispo José Cedeño señaló que la Iglesia Católica perdona a los asesinos de los sacerdotes Héctor Gallego y Nicolás van Kleef, muertos en 1972 y 1989, respectivamente, pero que "las leyes tienen parámetros que hay que cumplir".
Gallego y Van Kleef eran considerados opositores al régimen militar que gobernó Panamá desde 1968 hasta 1989 y los soldados acusados de matarlos fueron juzgados y condenados por la justicia.
Pero, según Alvarado, se trata de casos "típicamente políticos", ya que los asesinos actuaron en función de órdenes superiores.
Alrededor de 15 de los 22 detenidos, sobre los cuales pesan acusaciones que van desde peculado hasta tortura y homicidio, nunca fueron sometidos a juicio, lo cual, a criterio del Alvarado, "constituye una injusticia que hay que reparar".
Tal es el caso del ex jefe del estado mayor de las antiguas Fuerzas de Defensa Nacional, coronel Marcos Justine, quien lleva seis años en prisión acusado de un delito que el códico penal castiga con sólo tres años de cárcel, según sus abogados.
Cedeño precisó que los casos juzgados no deben ser englobados en amnistía y que tampoco se debe incluir a las personas acusadas de torturas o peculado.
La posición del arzobispo católico fue compartida por el presidente del Comité Panameño pro Derechos Humanos, Oswaldo Velázquez, para quien "esto es algo absurdo y obsceno y sienta un peligroso precedente, porque da licencia para matar y robar por razones políticas".
Mientras, el asesor legal de la Iglesia Católica, Carlos Lee, advirtió que la calificación de casos políticos e institucionales pasibles de amnistía que se pretende reservar a los asesinatos de Gallego y Van Kleef también podría valer para la situación penal de Noriega.
Noriega paga condena en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y en Panamá fue condenado en 1993 a 20 años de cárcel como coautor en el asesinato del ex vice ministro de Salud y guerrillero panameño Hugo Spadafora, ocurrido en septiembre de 1984.
La diputada Balbina Herrera, del PRD, aseguró que seran tomados en cuenta todos los puntos de vista antes de presentar el proyecto de amnistía para el debate.
Herrera, presidenta de la comisión especial del parlamento que prepara el proyecto, afirmó que "seran respetadas y tomadas en cuenta todas las opiniones", incluídas las del PRD y otros sectores que apoyan la amnistía general y completa.
Esta es la quinta ocasión en los últimos seis años en que el parlamento, la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos se enfrentan en polémica en torno de la amnistía para los antiguos colaboradores de Noriega.
La extensión de la amnistía a condenados por homicidio, tortura y peculado fue rechazada por más de 63 por ciento de las personas consultadas por la empresa Dichter y Neira, que esta semana dio a conocer su encuesta. (FIN/sh/ff/ip/96).
