Como un signo de los nuevos problemas que trae consigo la globalización, el gobierno de Panamá enfrenta desde el lunes un paro total de actividades en la internacional zona libre de Colón que amenaza el futuro de ese importante centro comercial.
Atildados hombres de negocio de origen asiatico, europeo y de la poderosa colonia judía local se confunden desde el lunes con modestos camioneros, obreros y desempleados de la paupérrima ciudad de Colón en masivas protestas por las calles de ese poblado de 85.000 habitantes.
El paro contra la aplicación de una nueva escala de impuesto sobre la renta se ha transformado en un fuerte desafío al plan de modernización económica que impulsa el presidente Ernesto Pérez Balladares con miras a insertar al país en el proceso de globalización.
El nuevo impuesto, aprobado por el parlamento en junio de 1995, estableció la retención de 1,5 por ciento sobre el valor de las mercancias que reexporta la zona libre de Colón, lo cual no es aceptado por los comerciantes.
El presidente de la Asociación de Usuarios de la zona libre, Giovanni Ferrari, afirmó que el nuevo gravamen -que se suma al ocho por ciento de impuesto sobre la renta- "es el culpable de la merma en los negocios y del retiro de cerca de 200 empresas" de esa área especial.
En lo que va de 1996 las ventas de la zona libre cayeron seis por ciento con relación a 1995, cuando se hicieron negocios de importación y reexportación de mercaderías por más de 10.500 millones de dólares.
Pero lo que más ha alarmado a los 1.600 empresarios que operan en ese lugar es que durante marzo las ventas disminuyeron 25 por ciento respecto a igual período de 1995, indicó Ferrari.
Ferrari se quejó de las restricciones existentes para la radicación de sucursales bancarias dentro de la zona libre, así como para el otorgamiento de visas a los compradores extranjeros.
El paro de la zona libre provocó una dura reacción de Pérez Balladares y funcionarios de su gobierno, quienes acusan a los comerciantes de carecer de conciencia social y de actuar irresponsablemente.
El presidente afirmó que "si alguno (de los comerciantes) se quiere ir" no le pedirá que se quede.
Luego de indicar que la merma en las ventas de la zona libre es producto de la crisis que sufren las economías de América Latina, advirtió que quizás haya que evaluar y rediseñar el papel que esa área debe cumplir en el futuro.
Explicó que en el marco de la globalización de la economía "tal vez la zona libre de Colón deberá dejar de ser un centro de almacenaje de importaciones para convertirse en un centro de distribución de mercaderías" para el continente.
Pero el problema que más preocupa a las autoridades es la alianza que se ha generado entre comerciantes, camioneros, sindicatos y agrupaciones de desempleados para promover el paro de la zona libre.
El alcalde de Colón, Alcibiades González, señaló su temor de que se reiteren los graves disturbios protagonizados en 1991 y 1992 por el Movimiento de Desempleados (Modesco) que por varios meses mantuvo en jaque al gobierno del ex presidente Guillermo Endara.
El secretario general del sindicato de la refinería de petróleo de Colón, Leroy Jackson, afirmó a su vez que el apoyo que están dando los obreros al paro de los comerciantes procura evitar que se pierdan los alrededor de 11.500 puestos de trabajo que genera la zona de libre comercio.
Esa suma equivale a más de 25 por ciento de la población económicamente activa de la ciudad de Colón, estimada en unas 40.000 personas, de las cuales alrededor de 40 por ciento se encuentran en calidad de desempleados totales.
Jackson advirtió que si el gobierno no busca una solución a la crisis de la zona libre los trabajadores de la refinería tienen previsto apelar a medidas de fuerza, entre ellas el bloqueo del expendio de combustible para todo el país. (FIN/IPS/sh/dg/if/96).
