Las pequeñas Islas Cook, en el Pacífico Sur, se encaminan hacia la violencia social debido a que el gobierno cortó el 50 por ciento de los sueldos a los empleados públicos con el pretexto de salvar a la nación de la bancarrota.
Las medidas, anunciadas la semana pasada por el primer ministro Geoffrey Henry, entraron en vigor este viernes en medio de un airado coro de protestas de los 3.000 servidores públicos del país.
"Los empleados fueron requeridos por sus jefes de departamento de trabajar 70 horas por quincena por la mitad de la paga", dijo Gill Vaiimene, presidenta de la Asociación del Servicio Público, en una entrevista telefónica con IPS desde Raratonga, la mayor de las islas que componen el archipiélago.
"La otra mitad (de sus salarios) supuestamente se pagará cuando el gobierno consiga el dinero", añadió Vaiimene.
Las Islas Cook tienen una población de 18.000 personas, en su mayor parte indígenas maoríes, y están situadas en medio del Pacífico Sur, a 6.000 kilómetros de la costa oriental de Australia y 2.000 kilómetros al noreste de Nueva Zelandia, su ex sede colonial.
El archipiélago tiene uno de los más bajos ingresos por persona en el mundo y se ha mantenido a flote por donaciones de Nueva Zelandia, con la cual mantiene un estatuto de asociación desde que se independizó de Wellington en 1964.
La mayor fuente de divisas foráneas, el turismo, ha venido declinando en los últimos años debido a la recesión en Occidente.
Otra fuente clave de ingresos, los bancos costa afuera, sufrió un dramático colapso luego que las autoridades neocelandesas alegaron hace dos años que las companías del país estaban usando las islas para evadir impuestos.
Desde entonces, el gobierno de Wellington estableció una comisión para investigar la cuestión.
Entretanto, las Islas Cook están actualmente tambaleándose al borde de la bancarrota.
El débito nacional asciende a 127 millones de dólares, una cifra significativamente mayor que su ingreso anual estimado en 70 millones de dólares. Esa deuda incluye 25 millones de dólares en préstamos morosos, sobre pagos de intereses de créditos y dinero tomado del fondo de compensación de los trabajadores.
Fué debido a esos antecedentes y pese a las advertencias de banqueros en el exterior, que el gobierno no dispondría de dinero suficiente para pagar este mes a sus empleados.
Inmediatamente despues del anuncio del corte en los pagos, realizado por Henry a través de la televisión, las estaciones locales de radio se vieron bombardeadas por llamados de los isleños que protestaban por la medida.
Alex Sword, editor del "Cook Islands News", el único diario independiente del país, dijo que la fuerza laboral estaba por perder la paciencia con el gobierno que, dos meses atrás, ya le habia reducido los sueldos en un 15 por ciento.
"A partir de la próxima quincena solamente obtendrán 35 por ciento de sus salarios originales", dijo, explicando que el nuevo corte de 50 por ciento era adicional a la reducción anterior.
Sword apuntó que el país se veía en esa situación debido a que tomó demasiados préstamos de bancos extranjeros e invirtió el dinero en proyectos turísticos que no maduraron.
"Todos esos préstamos deben ser amortizados pero el gobierno no ha podido hacer muchos pagos", dijo, agregando que en los últimos años los europeos y estadounidenses no vinieron a las islas.
"El ingreso turístico cayó y aquel de los bancos costa afuera se derrumbó de la cima al fondo a raíz del fiasco neocelandés que, probablemente, asustó a muchos operadores", observó
"Seguramente se mudaron a Vanuatu u otros lugares con bancos costa afuera como las Bahamas, debido a las actuales investigaciones", dijo Sword por teléfono.
El gobierno estaría considerando la venta de algunos de sus empresas estatales deficitarias, incluyendo la corporación que maneja el servicio radiotelevisivo de las Islas Cook, así como la imprenta oficial.
También planea ceder su monopolio de bebidas, según informes de prensa, y está buscando potenciales compradores para tres hoteles turísticos, incluyendo uno que no está terminado, cuya construcción demandó dos años y costó 75 millones de dólares.
En el exterior, legaciones y embajadas fueron cerradas o su personal reducido. El gobierno tambien anunció una disminución de los viajes de funcionarios, mientras los ministros fueron invitados a justificar sus llamadas internacionales por cuestiones oficiales.
Diez asistentes ministeriales se vieron conminados a renunciar como consecuencia de los cortes en los costos.
Los sindicatos obreros admitieron que el país está en una coyuntura crítica, pero pidieron garantías que los trabajadores recobrarán sus pagos con intereses si el ejecutivo logra salir de la crisis.
Henry dió un acuerdo verbal para pagar el dinero en dos años, si bien eso no es suficiente, como dijo Vaiimene, quien señaló que el PSA está planeando llevar el gobierno ante los tribunales por incumplimiento de contrato.
El sindicato está particularmente alarmado por el plan oficial de restructurar el servicio público, lo cual contempla el licenciamiento de 1.800 empleados. La medida quedaría completada en julio, cuando comienza el nuevo año financiero y los empleados públicos, supuestamente, deberían recibir sus sueldos normales.
El PSA, notando que no habrá sistema de seguridad social para los despedidos, está pidiendo al gobierno un "paquete de transición", de lo contrario, previno Vaiimene, estallará la violencia social. (FIN/IPS/tra-en/ks/cpg/ego/if-pr).
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