Por mucho que sus adversarios y críticos se nieguen a admitirlo, el jefe de Estado y actual cabeza del régimen militar de Nigeria -general Sani Abacha, de 52 años-, gana prestigio por su política contra la corrupción.
"Los ricos y los corruptos han descubierto que el temor de Abacha es el principio de la sabiduría", confesó a IPS un periodista que no quiso ser identificado, en referencia a varios tribunales creados para indagar las irregularidades cometidas en el pasado por altos gobernantes y empresarios.
Los tribunales especiales, todos ellos respaldados en decretos del gobierno, están investigando y castigarán a cualquier persona que sea hallada culpable de provocar la quiebra de bancos o instituciones financieras, arruinar servicios públicos o ejecutar de mala forma contratos otorgados por el Estado.
No menos de 1.000 personas están siendo investigadas, y la mitad de ellas ya están en condiciones de ser acusadas ante los tribunales, según confiaron a IPS fuentes oficiales.
El tribunal con mayor trabajo es el dedicado a los bancos fallidos. No menos de 300 banqueros, políticos, industriales y amigos de altos funcionarios gubernamentales han debido comparecer ante esta corte.
Como muestra de la acción del tribunal, según las fuentes, éste obligó a un multimillonario banquero y empresario de líneas aéreas a vender uno de sus aviones y varias casas de su propiedad en Nigeria y el extranjero, para cubrir préstamos impagados a un banco en quiebra.
Phillip Effiong, que fue segundo de Odumegwu Ojukwu en el antiguo régimen separatista de la región de Biafra, también ha comparecido ante el Tribunal de Bancos Fallidos por una supuesta deuda de casi 90.000 dólares a un banco comercial del Estado.
La investigación de gente como Effiong, el político Arthur Nzeribe y Yahaya Dikko -ex ministro de Asuntos Petroleros- ha hecho correr un frío por las espaldas de los deudores con altas influencias.
IPS ha podido saber que las agencias inmobiliarias se han visto inundadas de órdenes de venta por parte personas indagadas por el colapso de al menos 56 instituciones financieras, que quieren deshacerse de importantes propiedades con la esperanza de escapar al ridículo y a una probable cárcel.
Además, la Corporación Aseguradora de Depósitos, que lleva el registro de los defraudadores de préstamos, ha amenazado con recurrir a la confiscación de propiedades de personas y empresas deudoras, incluyendo a los gobiernos estaduales.
"Por primera vez en la historia de Nigeria, alguien reclama responsabilidad", dijo a IPS el abogado Osayaba Osarenren. "Abacha ha roto el mito de los altos y los poderosos, que han vaciado nuestras arcas y arruinado nuestra economía".
"Se puede no tener simpatía por Abacha, pero yo creo que ningún hombre común en su sano juicio estará en desacuerdo con lo que el Presidente está haciendo al combatir la corrupción", dijo Osasrenren. "Es necesario que todos los que se han enriquecido ilegalmente devuelvan lo que han engullido".
A juzgar por las discusiones en lugares públicos, bares y medios de transporte, muchos nigerianos están a favor de las investigaciones. Además, diversos ambientes se han sentido conmovidos por rumores de que Abacha podría ordenar que se indaguen las actuaciones de sus predecesores en la Presidencia.
"Mi apoyo a este régimen se basa en sus políticas hacia los bancos fallidos y las paraestatales", proclamó la semana pasada en una asamblea pública el abogado Tunji Braithwaite, que en el pasado aspiró a la Presidencia de la República.
Abacha explicó últimamente en Abuja que Nigeria invirtió unos 750 millones de dólares en las empresas paraestatales durante los últimos 25 años, sin obtener los beneficios que era de desear.
En 1992, el valor de las paraestatales no pasaba de 10 millones de dólares, según recordó Abacha en un seminario recién realizado en la capital sobre la prevención del delito.
"No permitiremos que persona ni grupo alguno, por alto que estén, tomen a esta nación como rehén, y no toleraremos acciones susceptibles de hacer mayor daño a nuestras instituciones, ya sean éstas públicas o privadas", dijo el jefe militar.
Abacha afirmó que "la colosal pérdida de fondos públicos por culpa de la mala administración, el fraude, la estafa y otros delitos de cuello blanco ha contribuido en gran medida al pobre estado de la economía".
No obstante, algunos se preguntan exactamente hasta qué altura llegará la indagación de los tribunales en las jerarquías políticas y militares.
"Abacha tendrá mi apoyo cuando sea mencionado o sometido a juicio todo oficial militar sospechoso de tales fechorías", dijo a IPS Akeju Thomas, miembro de la Organización por las Libertades Civiles.
"Será preciso desmitificar a los militares para que sepamos que todos somos iguales ante la ley", añadió. (FIN/IPS/tra-en/ro/kb/arl/ip/96)
