El proceso de paz en el estado mexicano de Chiapas vive su peor momento. A un acelerado distanciamiento entre el gobierno y la guerrilla zapatista se sumaron presiones militares, violencia y desgaste de las comisiones mediadoras.
Rodeados por decenas de soldados que dicen perseguir a narcotraficantes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mantiene en "alerta máxima" en zonas de selva y se niega a reanudar el diálogo mientras no se cumplan algunas condiciones.
El gobierno, por su parte, advierte que si no se realiza la próxima ronda de negociación, programada para el 5 de junio, recuperarían vigor las órdenes de prisión contra los dirigentes zapatistas, pues así lo establece una ley que desde abril de 1995 garantiza el proceso de diálogo.
Mientras la tensión aumenta y grupos sociales locales y entranjeros se movilizan y envían cartas al gobierno del presidente Ernesto Zedillo advirtiendo sobre el riesgo de una guerra, en la selvas de Chiapas las fuerzas del Ejército Federal y del EZLN se encuentran a menos de un kilómetro.
El Ejército considera inexistentes las zonas zapatistas, así como su alerta máxima, y los militares luchan contra el narcotráfico, dijo el coronel José Lerín.
"Se ve muy cerca el peligro de una guerra de larga duración", advirtió el senador Heberto Castillo, quien renunció a la comision mediadora del Congreso, tras las sentencias de seis y 13 años de prisión dictadas este mes contra dos presuntos guerrilleros por "terrorismo y conspiración".
Las condenas fueron el principal detonante de la actual crisis del diálogo en Chiapas, iniciado el año pasado a 15 meses de la aparición del grupo armado.
El EZLN sostiene que no puede regresar a la negociación mientras sea calificado de terrorista y permanezca sometido a una intensa presión militar.
Los mediadores, en tanto, cuestionan abiertamente el interés del gobierno en la paz y algunos lo acusan incluso de haber influído en las polémicas sentencias dictadas por la justicia.
El diputado Juan Guerra, miembro de la Comisión mediadora del Congreso, dijo que hay sectores oficiales que están presionando para que se produzca una ruptura con el EZLN y haya una salida violenta.
El último fin se semana, el líder del EZLN, el "subcomandante Marcos", acusó al gobierno de buscar una reunión secreta con él para luego preparar un ataque masivo contra la guerrilla.
La Secretaría de Gobernación replicó que la posición de Marcos "refleja distorsiones en la información que le ha sido transmitida al EZLN" por medio de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezada por el obispo Samuel Ruiz.
"Lo que hoy está en discusión no es la guerra, sino si el EZLN va a asumir cabalmente el compromiso de cumplir con la ley", añadió.
Pero tanto la Conai como la comisión del Congreso que media en los diálogos de paz en Chiapas rechazaron que hayan mal interpretado los mensajes gubernamentales.
Los mediadores se han reunido en varias ocasiones los últimos días con las autoridades para concertar una salida a los problemas presentados en el proceso de pacificación y buscar una solución al caso de los presuntos zapatistas sentenciados.
Portavoces de la Secretaría de Gobernación indicaron que se está analizando la posibilidad de dictar una amnistía a favor de los acusados y negaron que consideren al EZLN un grupo terrorista, pero el procurador Antonio Lozano ratificó sus acusaciones contra los detenidos.
El senador Castillo afirmó que tanto la Comisión del Congreso como la Conai deberían tener mayor protagonismo y formular proposiciones.
A los desacuerdos entre el gobierno, el EZLN y los mediadores se agregaron recientes hechos de violencia en zonas rurales de Chiapas, donde grupos políticos contrarios protagonizaron enfrentamientos armados causando varios muertos.
Pese a la promocionada acción de la policía, los choques y la tensión continúan, aseguraron sacerdotes jesuitas que trabajan en Chiapas, que denunciaron haber sido amenazados de muerte por grupos paramilitares.
En una carta enviada a Zedillo que se publicó este martes, intelectuales, dirigentes políticos y parlamentarios de varios países exigieron la libertad de los supuestos guerrilleros sentenciados.
"Es evidente que el gobierno mexicano abandonó la salida política al conflicto de Chiapas", dice la carta. (FIN/IPS/dc/ag/ip/96)
