Atendiendo pedidos de la orden de los jesuitas, organizaciones humanitarias y políticos de diversos partidos, el gobierno de México decidió intervenir en un municipio del estado de Chiapas donde murieron seis campesinos tras el ataque de un supuesto grupo paramilitar.
Los ancestrales problemas del conflictivo estado, donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo su aparición en enero de 1994, se vieron agudizados el pasado fin de semana por el asesinato de los campesinos y la quema de varias casas y automóviles en Bachajón, municipio selvático de Chiapas.
Los hechos, atribuidos a un ataque de los "Chinchulines", grupo armado que estaría vinculado al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se sumaron a la tensión creada entre el gobierno y el EZLN por una sentencia dictada la semana pasada contra un presunto guerrillero.
En el caso de Bachajón, la secretaría de Gobernación "tomó cartas en el asunto" y junto al gobierno de Chiapas coordina acciones para desarmar a indígenas y evitar nuevos choques, indicó este viernes David Fernández, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Unos de los primeros grupos en pedir la intervención del gobierno federal fue el de los sacerdotes jesuitas que trabajan en Bachajón. Los religiosos denunciaron haber sido amenazados de muerte por los Chinchulines.
En Bachajón, como en otras seis localidades del estado de Chiapas, los problemas agrarios y de cacicazgos entre grupos políticos y de hacendados se agudizaron desde enero cuando tomaron posesión autoridades municipales del PRI y del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), electas en 1995.
Según relataron pobladores de la zona, muchos de los cuales huyeron de sus casas los últimos días por temor a ser asesinados, los Chinchulines se oponen a las autoridades del PRD que gobiernan Bachajón y acusan a la Iglesia de apoyarlos, por lo que continuamente realizan actos violentos.
Documentos oficiales publicados este viernes por la prensa local indican que tanto los simpatizantes del PRI como del PRD están armados en Bachajón y en otras zonas de Chiapas.
Los informes agregan que a las confrontaciones políticas se añaden problemas agrarios, trabajo de maestros bilingues "que en lugar de dedicarse a la enseñanza aumentan los conflictos", supuestos vínculos del PRD con "células armadas del EZLN" y una marcada pobreza y abandono.
Pese de la presencia de la policía en varias zonas conflictivas, las organizaciones paramilitares vinculadas al PRI continúan sembrando el pánico entre los campesinos, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que preside el obispo Samuel Ruiz.
Este viernes se conoció que organizaciones extranjeras como Human Rights Watch enviaron cartas al presidente Ernesto Zedillo donde expresan su preocupación por los recientes hechos registrados en Bachajón y por la seguridad de la comunidad de los jesuitas.
"Chiapas está dividida y fragmentada, persisten los sentimientos de odio, fruto de la impotencia ante las injusticias y a la aprobación del uso de las armas como método de lucha", señala un documento de la Iglesia Católica.
Estudios privados indican que de los 7,5 millones de hectáreas de Chiapas, tres millones están en manos de 6.000 familias de hacendados, quienes poseen la mejores tierras. El resto, en su mayoría propiedades erosionadas, pertenecen a más de un millón de indígenas, 95 por ciento de los cuales son pobres.
Aunque en los últimos meses el gobierno realizó esfuerzos para atender la problemática agraria e incluso atestiguó la firma de acuerdos entre organizaciones campesinas para evitar enfrentamientos, los choques entre grupos continúan por asuntos relacionados a la tierra.
Para solucionar esos y otros problemas, el gobierno y el EZLN mantienen desde abril de 1995 negociaciones de paz, que según coinciden en indicar varios analistas, ahora viven uno de sus momentos más difíciles.
La dirigencia del EZLN dijo que reconsidera su participación en los diálogos debido a la condena de 13 años de prisión dictada por "terrorismo" contra Javier Elorriaga, quien a fines de 1994 actuaba como correo entre el grupo armado y el gobierno y además trabajaba como corresponsal para cadenas de televisión extranjeras.
Las comisiones que median en los diálogos se han reunido con delegados del gobierno del EZLN para buscar una solución al conflicto generado por el caso de Elorriaga, detenido en febrero del año pasado acusado de pertenecer a la guerrilla.
A los últimos problemas registrados en Chiapas, donde el historiador Antonio García sostienen que se han producido las últimas dos décadas los más violentos desalojos de campesinos en México, se agregan conflictos religiosos y de delincuencia.
En Chiapas, 67,6 por ciento de la población es católica y el resto evangélica, protestante o de otra religión. A nivel nacional, 89,7 por ciento de los habitantes son católicos.
En algunas zonas del conflictivo estado, uno de los de mayor desnutrición y analfabetismo en México, se han dado casos de peleas violentas que teminan con la expulsión de varios miembros de la comunidad exclusivamente por temas regligiosos. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96).
