El canciller de México, José Gurría, criticó hoy una ley antiinmigrante aprobada por el Senado de Estados Unidos, pues pretende atacar un "problema estructural, que tiene orígenes históricos, con medidas de fuerza".
"Expresamos a Washington que no creemos que la forma de manejar el problema de migración sea con más policías y muros", dijo Gurría, aunque reconoció que la ley es un proceso interno del país vecino.
El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves normas que duplican el número de agentes en la frontera con México, disponen controles para evitar que migrantes trabajen sin autorización y endurecen las penas por falsificación de documentos y tráfico de ilegales.
Además, otorga al gobierno la posibilidad de decidir la construcción de un muro de 23 kilómetros que contendría el paso de indocumentados entre las ciudades fronterizas de Tijuana, México, y San Diego, Estados Unidos.
"La migración es un fenómeno estructural que se impulsa por razones sociológicas e históricas y que no se puede detener por la fuerza", señaló el canciller mexicano, tras demandar a Washington un trabajo coordinado para poder enfrentar el problema.
El tema será tratado lunes y martes próximos, cuando se realice en la capital mexicana la 13 reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos, con la presencia de varios ministros, entre ellos el secretario de Estado norteamericano, Warren Chistopher.
El proyecto de ley aprobado por el Senado estadounidense difiere de otro similar votado en marzo por la Cámara de Representantes en que no incluye una cláusula por la cual niega acceso a salud y educación pública a los hijos de indocumentados.
Para eliminar las diferencias entre las dos leyes y presentar una sola versión al presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien se asegura sancionará inmeditamente el proyecto, se estableció una comisión conjunta de las dos Cámaras.
"El tema de migración es uno de los más difíciles" en las relaciones con Estados Unidos, reconoció el canciller mexicano, tras sostener que actualmente se trata de un problema "que no se soluciona, se administra".
Las relaciones entre los dos países que comparten una frontera de 3.200 kilómetros se vieron alteradas las últimas semanas tras conocerse de golpizas propinadas a indocumentados por parte de policias estadounidenses y denunciarse la continua violación a los derechos humanos de los migrantes.
La cancillería mexicana informó que, atendiendo un pedido del gobierno del presidente Ernesto Zedillo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó investigar la situación de los migrantes en las zonas fronterizas de Estados Unidos.
La estrategia de Washington para detener el flujo migratorio desde México se ha centrado en los últimos años en la construcción de muros en la frontera, el aumento del número de agentes, la participación de militares en tareas de control y la apertura de nuevos centros de detención.
México no puede aceptar por ningún motivo que la repuesta de Washington al problema migratorio sea la "criminalización del fenómeno", expresó Enrique Loaeza, director de Protección y Asuntos Consulares de la cancillería.
Desde 1994, México y Estados Unidos son socios, junto a Canadá, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acuerdo que permite el libre flujo de mercancías y capitales, pero no de trabajadores.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos expulsaron en 1995 de su territorio 1,4 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
California es el principal destino de los ilegales, que constituyen la principal fuerza de trabajo en la actividad agrícola de ese estado norteamericano.
"Debe reconocerse que California sería diferente si no existiera la mano de obra mexicana", que trabaja más y por menos dinero, dijo Gurría. (FIN/IPS/dc/ag/ip-pr/96)
