En esta violenta capital de Venezuela, los menores de 18 años no podrán ir a la calle sin sus padres o representantes entre las 22:00 horas de la noche y las 05:00 de la mañana, decretó el alcalde, Antonio Ledezma.
"Vemos a niños protagonistas de batallas, a otros explotados como mendigos, a niñas incorporadas a los horrendos escenarios de la prostitución, así como a desertores del sistema escolar y a quienes, víctimas de castigos muy severos en sus casas, optan por la calle", dijo Ledezma.
La Alcaldía "ve con preocupación el aumento del número de menores en situación irregular y optamos por medidas de control, orientación, vigilancia y protección de estos muchachos, para impedir que se inicien en la vida delictiva", añadió.
Los menores que infrinjan el toque de queda serán llevados "a un local exclusivamente destinado para tal fin", según el decreto, y se citará a su padre o representante para serle entregado, acta de por medio.
Quienes reincidan serán puestos a la orden del estatal Instituto del Menor", en tanto los padres indiferentes o complacientes serán arrestados durante 48 horas y, si reinciden, se les procesará por abandono de menores.
"Es una medida coyuntural y efectista, que no constituye solución real a la problemática de los menores en las calles", dijo a IPS Fernando Pereira, coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje, la principal organización no gubernamental que estudia los temas de infancia.
Según Ledezma "este decreto permitirá mancomunar esfuerzos entre todos los organismos, gubernamentales o no, que tienen que ver con el menor y la seguridad pública", y encargó de coordinar ese trabajo a la unidad de protección vecinal de su Alcaldía.
"Esperamos ver un plan amplio para la promoción, prevención y oferta de oportunidades para los menores en las calles, porque se trata de problemas que no se pueden resolver sólo con buena voluntad", dijo Pereira.
Como ejemplo, el experto señaló el problema de la seguridad de los jóvenes, a partir de las constantes denuncias sobre atropellos y malas actuaciones de la policía, así como lo que se hará con padres que manifiestan dificultades con sus hijos y que más bien requieren ayuda.
"Un programa debe contemplar ingredientes técnicos, contar con un presupuesto y equipos especializados, lo que no se ve por ninguna parte", señaló Pereira.
Caracas, de unos cinco millones de habitantes, está dividida en media docena de municipios, el más grande de los cuales, Libertador, está administrado por Ledezma.
La urbe devino la última década -en paralelo con la crisis económica del país- en una de las ciudades más violentas de América Latina. Según el ex ministro del Interior Ramón Escovar, un "ejército del mal", de 5.000 a 10.000 delincuentes, tiene sitiada a la ciudadanía.
Cada fin de semana deja como saldo entre 20 y 30 homicidios, y según la policía, crece la proporción de crímenes cometidos por menores, utilizados por las bandas como matones para aprovechar la inimputabilidad legal de quienes tienen menos de 18 años.
En este país de 22 millones de habitantes, 200.000 niños realizan actividades como mendicidad, robo, prostitución y tráfico de drogas, según el Centro Comunitario de Aprendizaje.
Una considerable fracción está en Caracas. Sólo en la treintena de manzanas de su centro-norte, en los confines del municipio que maneja Ledezma, tienen la calle por hogar unos 400 niños, según organismos religiosos humanitarios.
Esos pequeños mendigos, afectos a oler pegamento, pernoctan a la intemperie sobre las aceras y en portales de residencias de clase media. El gobierno transformó una antigua estación de policía en albergue, pero tiene capacidad para sólo 18 menores.
"Parte del problema es que las alcaldías no han entendido ni asumido el papel de liderazgo que les corresponde para atender a la niñez y la juventud, de manera global y no sólo con medidas de seguridad", señaló Pereira.
El experto añadió que muchos alcaldes ven a niños y adolescentes como un segmento de la población que ni les elije ni les exige cuentas, y esto deja en manos de organismos nacionales problemas que no están en condiciones de manejar con eficacia.
La presidenta del Instituto del Menor, Nancy Montero, dijo que ese organismo atiende en todo el país a 350.000 menores a través de distintos programas de protección, custodia y educación, con un presupuesto de 30 millones de dólares.
"Somos el programa social más barato", aseguró la funcionaria.
De los menores infractores -18.000 fueron arrestados en 1993, última cifra oficial disponible- el Instituto del Menor atiende aproximadamente a la mitad, debido a su limitado presupuesto.
Pereira dijo que el decreto de Ledezma "recoge una loable preocupación por la situación de seguridad de los menores", pero destacó que el toque de queda sobreviene sin que se hayan presentado y menos discutido los resultados de medidas similares instrumentadas en el pasado en Caracas y otras ciudades. (FIN/IPS/hm/pr-hd/96)
