Un empresario australiano fue encarcelado hoy en Filipinas por mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años, mientras aumenta la represión de ese tipo de delitos en el área de Asia y el Pacífico.
Victor Keith Fitzgerald, de 60 años y residente en Darwin, se convirtió en el primer extranjero sentenciado en Filipinas por aplicación de una ley promulgada en 1992 para combatir el abuso sexual de menores.
Fitzgerald deberá pasar al menos ocho años en la cárcel, según el fallo del juez actuante. El trato sexual con menores puede ser castigado en Filipinas con una pena máxima de 14 años de prisión.
En los últimos nueve años, la policía filipina detuvo a 95 sospechosos, entre los que se contaban ciudadanos alemanes, australianos, británicos y estadonidenses. Pero sólo 23 casos dieron lugar a proceso judicial.
El juez que condenó a Fitzgerald también dispuso apartar a la niña de su madre y su hermano, por considerar que éstos no la protegieron ni acudieron a las autoridades para impedir el incidente.
Hace una semana, un ciudadano japonés de 59 años, Torasaburo Kameyama, fue formalmente acusado en Tailandia de abuso sexual de dos niñas. Kameyama se declaró inocente y el 10 de junio debe comparecer nuevamente ante la justicia, que podría imponerle una condena a 20 años de cárcel, en caso de hallarlo culpable.
Medios de comunicación del área de Asia y el Pacífico han divulgado una sucesión de denuncias de abuso sexual de menores, y defensores de la infancia afirman que empresarios australianos, europeos y japoneses incurren en ese delito.
Los diarios australianos Sun-Herald y The Age aseguraron a fines de abril que fondos de ayuda de su país fueron empleados para la habilitación en Camboya de supuestos orfanatos que servirían para facilitar niños y niñas a diplomáticos australianos.
La versión, fundamentada en entrevistas con funcionarios retirados y en actividad del Ministerio de Relaciones Exteriores, creó indignación en Australia y el canciller Alexander Downer ordenó la investigación del caso.
Así mismo, diplomáticos australianos destinados al exterior habrían convivido abiertamente con menores de edad y, al regresar al país, tres de esos mismos funcionarios llevaron niños asiáticos con el pretexto de "otorgarles educación".
Si las denuncias fueran ciertas, los responsables de los hechos serán despedidos del servicio exterior, advirtió Downer.
Mientras, la policía de Australia aseguró que un sacerdote católico suministraba jóvenes filipinos a turistas y diplomáticos australianos en un centro turístico situada al sur de Manila.
El sacerdote fue identificado el año último por una comisión investigadora, pero los cargos no fueron formalizados.
Bernadette McMenamin, directora en Australia de la organización no gubernamental ECPAT, que tiene sede central en Bangkok y combate la prostitución infantil en Asia, se manifestó alentada por la persecución del abuso a los niños, aunque puntualizó que se trata sólo del comienzo.
ECPAT calcula que un millón de menores de edad se prostituyen en Asia, y si bien muchos son empujados a esa práctica por la pobreza, la demanda de los turistas agrava el problema.
Tailandia y Filipinas son tradicionales cotos de caza de los buscadores de sexo infantil y según se afirma, Camboya y Vietnam se agregan a la lista.
Defensores de la infancia aseguran que algunos agentes de viaje ponen a disposición de los turistas que llegan a Camboya un servicio de taxi desde el aeropuerto hasta los lugares en que pueden hallar menores para mantener relaciones sexuales.
Los menores son también ofrecidos a tarifas de fin de semana a empresarios de Japón, Hong Kong y Singapur que arriban a Camboya en excursiones organizadas.
ECPAT afirma que el endurecimiento en el sudeste de Asia de la persecución contra el abuso sexual de menores debe ser complementado con medidas de represión en los países industrializados.
Australia se unió en 1994 al grupo de naciones del mundo industrializado que combaten el abuso sexual de menores en el exterior.
Ese delito es castigado en Australia con una pena máxima de 17 años de prisión, y la misma jurisdicción extraterritorial esta contemplada por ley en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suiza, Alemania, Francia, Bélgica, Nueva Zelanda y Estados Unidos.
Los activistas presionan ahora a Gran Bretaña y Japón para que se incorporen a ese grupo. (FIN/IPS/tra-en/ks/cpg/ff/hd/96).
