El ministerio de Defensa de Honduras acogió hoy con benéplacito la propuesta de la Iglesia Católica de ofrecer alimentos y juguetes a cambio de armas, para enfrentar la violencia y la delincuencia.
El coronel José Luis Núñez Bennett, titular de Defensa, consideró "muy buena" la iniciativa de la Iglesia y propuso ponerla en práctica, porque "no podemos permitir que la violencia se apodere del país".
Según el ministro, el gobierno debe recuperar las armas que están en manos de civiles para poner fin los asaltos, robos y asesinatos que se registran a diario.
El obispo primado de la Iglesia Católica hondureña, Oscar Andrés Rodríguez, sugirió esta semana al presidente Carlos Reina recompensar con alimentos y juguetes a los civiles que estén dispuestos a entregar las armas en su poder.
"Vemos con horror cómo la violencia crece en nuestro país a causa del tráfico ilegal de armas y esto no puede seguir así", dijo Rodríguez, cuya iniciativa tiene de referencia una experiencia similar realizada en República Dominicana.
"Creemos que el pueblo acogería muy bien la iniciativa y, como miembro de la Iglesia Católica, me siento en el deber moral de proponer armas por alimentos, como una estrategia que evite llevarnos al estallido social", agregó.
De acuerdo con la Fiscalía del Estado, circulan ilegalmente en el país más de 67.000 armas, en su mayoría fusiles AK-47 de fabricación soviética utilizados en los años 80 por los "contras" establecidos entonces en Honduras para combatir al gobierno sandinista de Nicaragua.
A ello se suman armas de la ya desmovilizada guerrilla salvadoreña, que son vendidas en el mercado hondureño a precios entre 50 y 300 dólares, según la policía.
Núñez Bennett dijo que la estrategia de canje de alimentos y juguetes por armas podría incorporarse a una campaña nacional de desarme que "promoveremos próximamente, para no dar tregua a los delincuentes".
El ministro informó que unos 13.000 hondureños están autorizados a portar armas, aunque todo indica que la cantidad de portadores es mucho mayor.
El último capítulo de violencia que conmovió a la sociedad hondureña fue el asesinato de siete miembros de una familia, en el norte del país.
La violencia comenzó a cobrar fuerza en los últimos dos años, al reportarse diariamente un promedio de cinco asesinatos, 10 asaltos, ocho robos y la ejecución extrajudicial de 40 presuntos delincuentes.
Ramón Custodio, del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), cree que la inseguridad responde a una estrategia militar de crear pánico y "psicosis delincuencial" en el país.
Basado en un estudio propio, el Codeh asegura que el número de asaltos y de asesinatos de presuntos delincuentes aumentó en coincidencia con el proyecto de traspaso de la policía al área civil y con el debate sobre las acusaciones de violación de derechos humanos lanzadas contra las Fuerzas Armadas.
La labor de la policía ha sido duramente cuestionada en los últimos dos años, al vincularse a dos de sus altos oficiales en una serie de ejecuciones extrajudiciales de supuestos delincuentes.
Las víctimas habrían estado vinculadas a los escuadrones de la muerte que en los años 80 causaron la desaparición de 184 personas, un hecho que ha determinado el procesamiento de militares.
El portavoz policial Danilo Orellana negó las versiones de participación de agentes en las ejecuciones y las atribuyó a una campaña de desprestigio contra las fuerzas de orden público. Pero en los tribunales, la historia es diferente.
Una jueza ordenó dispuso hace una semana la prisión de un teniente de la policía, acusado de asesinar a un traficante de automóviles robados que recibía presuntamente órdenes de Andrés Urtecho Jeamborde, jefe policial en la norteña ciudad de San Pedro Sula.
Esa acusación, y otras denuncias de violación de derechos humanos en que se vincula a oficiales de policía, puso en crisis la credibilidad de las fuerzas de orden público, que se resisten a pasar a la órbita civil y atribuyen el auge de la delincuencia a falta de recursos para combatirlo.
Así mismo, el portavoz de la policía replicó que los grupos humanitarios "protegen delincuentes" y que sus efectivos no pueden operar "mientras éstos organismos nos sigan acusando de violar los derechos humanos". (FIN/IPS/tm/ff/ip hd/96).
