El gobierno de Haití deberá vivir por sus propios medios y cubrir los gastos con sus ingresos, ya que el Banco Central no financiará el déficit presupuestal, anunció el primer ministro, Rony Smarth.
Los esfuerzos del gobierno de Haití por expandir la base impositiva no serán suficientes para resolver los problemas financieros, dijo Smarth a los periodistas, un mes después de haber tomado la decisión de reducir los gastos.
A seis meses de iniciado el año fiscal, el déficit alcanzó 97 millones de dólares (1.600 millones de gourdes), informó el primer ministro.
Para llenar la brecha de unos 152 millones de dólares de gastos, y entregar 394 millones de dólares al presupuesto de inversiones, será necesario el apoyo de donantes internacionales.
De los 273 millones de dólares necesarios para mantener el funcionamiento del Estado, sólo se dispondrá de 121 millones, según estimaciones sobre los ingresos.
Según Smarth, las negociaciones con donantes internacionales iniciadas el mes pasado en Puerto Príncipe pondrían esos fondos a disposición del gobierno. De lo contrario, el país tendrá que arreglárselas con escasas contribuciones de los circuitos monetarios macroeconómicos.
Una propuesta sobre la privatización de empresas públicas deberá ser entregada al parlamento esta semana, y probablemente será modificada por la cámara, informó Smarth.
El primer ministro no hizo comentarios sobre las opiniones de los grupos opositores a la privatización. "Tengo las cifras. Si las conocen, que me digan dónde puedo encontrar el dinero para hacer funcionar al gobierno", dijo Smarth.
Mientras, el presidente Réné Préval continuó su campaña por la privatización y la semana pasada se mostró partidario del modelo utilizado por Bolivia.
La democratización de Préval mediante la capitalización tiene por objetivo expandir la descentralización, facilitar nuevas inversiones, estimular la creación de empleos, ofrecer nuevos servicios a la población, eliminar monopolios, generar ganancias y aumentar los ahorros nacionales.
La Plataforma Haitiana por un Desarrollo Alternativo (PAPDA), una coalición de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y grupos de base, rechazó el modelo de privatización boliviano.
PAPDA sostuvo que la privatización mediante la capitalización aumenta la desigualdad social. Según la organización, el modelo llevó al cierre de 120 plantas industriales en Bolivia, donde 97 por ciento de la población rural vive por debajo de la línea de la pobreza. (FIN/IPS/tra-en/ms/mk/lp/ip-if/96)
