La población reclamando aumento de impuestos municipales es una realidad que dejó estupefactos a los concejales de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur de Brasil, acostumbrados a las presiones contrarias.
El insólito hecho es consecuencia del Presupuesto Participativo, una experiencia inaugurada hace siete años en Porto Alegre, ciudad de 1,2 millones de habitantes, por el entonces alcalde Olivio Dutra, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Reunidos en asambleas que se realizan en las 16 regiones en que se dividió el municipio, son los propios pobladores que deciden el destino de los recursos disponibles para inversiones, definiendo prioridades y su jerarquia, proyectos a ejecutar.
Este proceso despertó a la población también ante el problema de los ingresos, después que el primer presupuesto elaborado con participación se frustró por falta de recursos, dijo el sociólogo Luciano Fedosi, quien hizo su tesis de maestría sobre el tema.
El 98 por ciento de los ingresos ya estaba destinado a salarios de los funcionarios y gastos ineludibles, quedando prácticamente nada para inversiones. De ahí la presión sobre los concejales para elevar el impuesto predial urbano, que era muy bajo en Porto Alegre en comparación con otros municipios.
El presupuesto participativo favoreció fuertemente el ejercicio de una "ciudadanía moderna" en la ciudad, al abrir a la población el "principal instrumento de gestión pública" y romper con el patrimonialismo que caracteriza al Estado brasileño en todos sus niveles, concluyó Fedosi en su investigación.
El "Estado patrimonialista" se caracteriza por tutelar a la población, confundir las esferas pública y privada, el clientelismo en su gestión y la discrepancia entre las leyes y las prácticas reales, apuntó el sociologo.
La intensa participación mostró que es posible el control social sobre el Estado, evitando que sirva a intereses privados, añadió, lo que prueba que achicarlo no es la única alternativa, como sostienen los organismos financieros internacionales.
Además, se produjo una "total inversión de prioridades", con las inversiones dejandose de favorecer a las capas privilegiadas, que antes tenían mayor fuerza de presión, y se pasó a atender necesidades de los sectores más pobres, "que siempre habían sido excluídos", en las periferias y barrios marginados.
En ese proceso, el aprentizaje fue mutuo.
El PT ganó las elecciones para la Alcaldía en 1988 anunciando que daría prioridad a los transportes urbanos, pero el debate público en torno al presupuesto impuso al saneamiento en el primer lugar durante varios años.
Más recientemente se dio prioridad a la regularización de los predios, un problema grave en una ciudad donde un tercio de los habitantes viven en "favelas" (barrios marginales) y viviendas precarias, sin la propiedad legal del terreno.
El PT triunfó nuevamente en 1992, con Tarso Genro como candidato, y probablemente repita en octubre próximo, convirtiendo en alcalde a su actual segundo, Raul Pont.
En esta continuidad, el presupuesto participativo cumple un papel decisivo.
Las asambleas, que en ocasiones reúnen a más de mil participantes, involucran directamente a 20.000 personas, representantes de 600 entidades, como asociaciones de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, sindicados y gremios empresariales.
La gestión municipal, la recaudación e inversión de los recursos públicos se hacen más transparentes y responsabilidad de la propia población, obligada a dar igual atención a los deberes, como el pago de impuestos, que al reclamo de sus derechos.
Es así que el Consejo Municipal del Presupuesto, formado por representantes elegidos en las asambleas regionales, es llamado a intervenir en las huelgas de funcionarios y a observar que hay que dividir los recursos entre inversiones y salarios que estimulen buenos servicios públicos.
El presupuesto participativo ya es una práctica extendida por 62 ciudades brasileñas, según Grazia de Grazia, miembro de la coordinación del Foro Nacional de Reforma Urbana.
La experiencia será uno de los 18 ejemplos de buenas prácticas urbanas que Brasil presentará en la Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos (Habitat II) en Estambul, del 3 al 14 de junio.
En Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, con 2,1 millones de habitantes, otra administración del PT implantó también en los tres últimos años la participación popular en la definición del presupuesto anual.
Su aplicación no abarca todas las inversiones, como en Porto Alegre, sino las que atienden "demandas comunitarias", limitadas a los barrios, quedando excluídas las obras estructurales que afectan a la ciudad en general.
Pero en 1995 por ese método se destinó 30 por ciento de las inversiones totales, unos 33 millones de dólares, y la participación popular alcanzó a 58.000 personas, destacó Edson Martins, asesor de Comunicacion Social de la Alcaldía. (FIN/IPS/mo/ag/pr/96)
