La democratización de la planificación y la gestión de las ciudades, con participación y control social en las decisiones y su ejecución, es el primer principio que defenderá la sociedad civil brasileña en la confererencia Habitat II, que se celebrará en junio en Estambul.
Ese es el primer punto del Plan de Acción para Reforma Urbana aprobada por 60 organizaciones no gubernamentales (ONG) la semana pasada y que será llevado a Estambul, a falta de un documento oficial.
Además, las ONG brasileñas recomendarán con énfasis que la experiencia del "presupuesto participativo", aplicada en algunos municipios del país, sea incluído en las cien prácticas urbanas ejemplares que serán elegidas por Habitat II.
Entre las 18 buenas experiencias que presentará oficialmente Brasil, se destaca la de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, en que asambleas de vecinos eligen las áreas prioritarias en que se invertirán los recursos públicos.
Ya hay 62 municipios brasileños aplicando el sistema con excelentes resultados, según Grazia de Grazia, una coordinadora del Foro Nacional de Reforma Urbana que reúne a una docena de entidades que trabajan en el tema.
Para una solución de los variados problemas urbanos, la "Carta de la Sociedad Brasileña" y el plan de acción aprobados por las ONG destaca tambien la necesidad de una reforma agraria amplia, combate al desempleo y desigualdades, desarrollo ambientalmente sostenible y mejor cooperación internacional.
"La ciudad brasileña es generosa para la pequeña parcela que concentra gran parte de la riqueza, pero es hostil hacia la inmensa mayoría de desheredados del desarrollo", con el Estado ejecutando políticas que producen "ciudades siempre más desiguales, más discriminatorias", diagnostica la carta.
Ante una realidad como esta, es fundamental que se apruebe en la conferencia de Estambul el Derecho a la Vivienda, añade.
El gobierno brasileno dudó en aceptarlo, pero finalmente aceotó apoyar la salvedad de que se haga efectiva en forma progresiva, informó Eliomar Coelho, otro coordinador del movimiento de las ONG.
El reconocimiento de ese derecho implica un compromiso moral de cumplir una resolución de la Comisión de Derechos Humanos que prohibe desalojos forzados.
En Brasil es frecuente que los "sin techo" o "sin tierra" ocupen propiedades y sean enseguida desalojados por la policia a fuerza, incluso por orden judicial.
Según el diagnóstico, compartido por el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, hay un déficit de cinco millones de vivienda.
Las ONG reclamaban al gobierno la elaboración de un plan de acción que contemplara un compromiso de eliminar o reducir ese déficit habitacional con un plazo definido.
Los dos años de preparación de los documentos que Brasil llevará a Estambul no fueron suficientes para definir ese plan.
El gobierno intentó imponer proyectos rechazados por las ONG, según Grazia, porque se limitaban a listar programas de inversiones del presupuesto del actual gobierno, sin oir a la sociedad y con "recursos mínimos".
No hubo voluntad del gobierno para cumplir el requerimiento de Naciones Unidas para que cada país llevara un plan de acción para los próximos 20 años, apuntó Luis Fernando Freitas, del Instituto de Arquitectos de Brasil.
Ante la actitud oficial dilatoria, evidente desde fines del año pasado, las ONG decidieron promover su propia Conferencia Brasileña Habitat II, de los días 9 al 12 en Rio de Janeiro.
La Carta por "el derecho a la vivienda y a la Ciudad", y las propuestas entonces aprobadas serán llevadas a Estambul, ante la omisión del gobierno brasileño, "con la legitimidad necesaria y suficiente", aportada por una reunión de 500 representantes de 130 entidades de todo el país, aseguró Eliomar Coelho.
Sobre las resoluciones de Habitat II, los dirigentes del movimiento urbano brasileño esperan fuerte polemica en torno al derecho a la vivienda, la cooperación internacional, que los países ricos quieren reducir, y los derechos de la mujer, objetados por muchos países. (FIN/IPS/mo/ag/pr/96)
