El gobierno y la guerrilla de Guatemala dieron hoy en México un nuevo e importante paso en sus negociaciones de paz al suscribir un acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria.
Tras poco más de dos meses de diálogos marcados por expresiones de confianza y anuncios previos sobre la suspensión de acciones armadas, las partes firmaron un documento de 39 páginas que incluye compromisos y estrategias para superar situaciones de pobreza y rezago agrario.
El acuerdo, el cuarto de un proceso de negociación que inició en 1991, representa "un paso irreversible hacia la paz", dijo a IPS Gaspar Illom, comandante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Illom indicó que a partir de este lunes quedó suspendido el llamado "impuesto a la guerra" que la guerrilla cobraba a hacendados y empresarios, medida que se suma a la suspensión de acciones armadas, anunciada con anterioridad. "La paz esta ahora más cerca", expresó el dirigente.
A la firma del acuerdo, calificado como "histórico" por el presidente de Guatamela, Alvaro Arzú, quien envió un mensaje telefónico a las partes reunidas en la cancillería mexicana, asistieron delegados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), diplomáticos y la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.
En el documento, firmado en el marco de un proceso que busca poner fin a una guerra de más de tres décadas, el gobierno se compromete a "profundizar la democracia real" con reformas legales, alentar la participación de la mujer, mejorar el sistema educativo y de salud y promover cambios al régimen de seguridad social.
También promete fomentar la construcción de vivienda, propiciar el crecimiento del empleo, resolver problemas de tierras, promover a las organizaciones agrarias e indígenas, aplicar políticas de "modernización" a la administración pública y hacer más justa la recaudación fiscal.
"Esta firma es la confirmación de que el proceso de pacificación en Guatemala es irreversible, esto era algo impensable hace unos cuantos años", señaló Marrack Goulding, representante de la Secretaría General de la ONU, organismo que actúa como mediador en las negociaciones.
Al igual que lo hicieran los delegados de la URNG, el negociador oficial, Pablo Porras, dijo que el gobierno de Arzú reconoce el "espíritu patriótico" de su contraparte. "Ahora estamos a la espera de la firma de una paz definitiva, ojalá para septiembre", declaró a IPS.
Según Illom, para la URNG aún es "aventurado" hablar de fechas para la firma de una paz definitiva.
Explicó que aún faltan por concertar acuerdos sobre el papel del Ejército, fortalecimiento de la población civil, fin de las acciones armadas, condiciones para la reinserción social de los miembros de la URNG, reformas constitucionales y "cronogramas de cumplimientos".
Pablo Monsanto, quien actuó como vocero de la guerrilla durante la firma del acuerdo, sostuvo que el nuevo documento suscrito "es un punto de partida para atender las causas que originaron la guerra, para ello hemos tenido que superar muchos tabúes".
"El nuevo acuerdo no es la solución concreta de los problemas, pues éstos requieren la participación de todo el país", añadió.
En el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, el gobierno del presidente Arzú reconoce que "el Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las inequidades y deficiencias sociales".
"En la búsqueda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica" reza el documento.
Indica que el gobierno promete adoptar políticas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del producto interno bruto no menor a seis por ciento anual, "que permita una política social avanzada".
En materia de situación agraria, considerado uno de los temas más delicados de la negociación, las autoridades reconocen que los "acontecimientos históricos han dejado secuelas profundas en las relaciones étnicas, sociales y económicas alrededor de la propiedad y la explotación del recurso tierra".
Existe una "situación de concentración de recursos que contrasta con la pobreza de la mayoría, lo cual obstaculiza el desarrollo del país en su conjunto", añade.
Para atender la problemática agraria, el Estado promoverá reformas legales, creará un fondo especial para la compra de tierras y alentará políticas de redistribución, capacitación y comercialización de productos agrícolas.
El acuerdo sobre aspectos socioecónomicos y situación agraria, sigue a otros sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y reasentamiento de poblaciones desarraigadas por los enfrentamientos armados, que han cobrado ya más de 150.000 vidas. (FIN/IPS/dc/jc/ip/96)
