El gobierno de Guatemala, presidido por Alvaro Arzú, comienza a perder la relativa popularidad con que contaba desde su formación, hace cuatro meses, y a encontrar oposición en sectores sindicales y religiosos.
Dicha oposición se manifestó esta semana ante la aprobación de las reformas a la ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado y de un impuesto extraordinario.
La llamada "ley antihuelgas" movilizó a los sindicatos y a los partidos de oposición en el Congreso, pero de nada sirvieron las manifestaciones y protestas, ya que los 43 votos (sobre un total de 80) del gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN) permitieron su aprobación este jueves.
La nueva ley estipula que "en caso de huelga acordada y mantenida de hecho" en servicios del Estado considerados esenciales, "las autoridades quedan facultadas para cancelar contratos de trabajo, sin responsabilidad de su parte y sin previa autorización judicial".
Los sindicalistas consideran que tras esta reforma se esconden las intenciones del gobierno de privatizar las empresas del Estado y con estas medidas le estarían allanando el camino a la iniciativa privada, que encontraría a los trabajadores maniatados.
El diputado Arístides Villatoro, del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dijo que "el gobierno de Arzú corre el peligro de ser derrocado por estar tomando el camino dictatorial".
Según Villatoro, en el Congreso se ha implantado una "dictadura de partido", donde las leyes son aprobadas por los diputados del PAN, quienes no escuchan la opinión de los legisladores de otras bancadas e imponen su criterio a la hora de aprobar una ley.
Por su parte, el arzobispo metropolitano, Próspero Penados, manifestó el desacuerdo de la Iglesia Católica guatemalteca ante las reformas a la ley de huelga y sindicalización de los trabajadores del Estado, así como del Impuesto de Solidaridad Extraordinario y Temporal (ISET).
Respecto a la llamada "ley antihuelgas", Penados dijo que es preocupante que se pretenda legislar en contra de los derechos constitucionalmente establecidos, como el derecho a huelga y libre organización.
"Al impulsar estas políticas, el gobierno demuestra preferencias por un sector reducido, desatendiendo las grandes necesidades de la mayoría de la población" expresó.
Respecto al ISET, el arzobispo manifestó que quienes lo pagarán serán los trabajadores que todos los años pagan el Impuesto Sobre la Renta, lo que significa una doble tributación.
"En contraste, el sector económicamente poderoso no pagará, pues podrá comprar bonos que además de ser voluntarios, les reportarán ingresos en el futuro", afirmó el prelado.
La Iglesia recomendó al gobierno ampliar urgentemente la base tributaria, impulsar medidas efectivas que sancionen a los evasores fiscales y reestructurar el sistema tributario para que sea más justo y equitativo.
También sugirió ampliar la capacidad de diálogo para que se involucre a todos los sectores de la sociedad en la discusión y solución de los problemas nacionales.
Las declaraciones de Penados hicieron reaccionar al presidente Arzú, quien manifestó que las reformas a la ley de huelga, así como el ISET, fueron creadas y planteadas pensando en los sectores más necesitados de la población.
"A la gente adinerada no le importa que se cierre la emergencia de los hospitales públicos, porque ellos no van allí, y tampoco les afecta si paralizan el transporte porque se movilizan en automóviles" dijo el mandatario. (FIN/IPS/cz/dm/ip/96)
