Dos iniciativas tendientes a recoger formas contra la inmigración ilegal, que parecían existosas, estám perdiendo fuerza en el estado estadounidense de Florida.
Los dirigentes de ambas campañas admitieron que el proceso de recolección de firmas se ha dificultado y que probablemente pospongan sus iniciativas para 1998.
"La meta era hacerlo para las elecciones de noviembre próximo, pero la realidad es que la campaña debería recuperarse bastante para lograrlo", dijo el coordinador estatal de la Federación para la Reforma de la Inmigración en Estados Unidos, David Ray.
La Federación patrocina una de las dos iniciativas contra la inmigración ilegal, conocida como Florida-187, en referencia a la ley 187 aprobada en las elecciones estaduales de California en 1994 y que contiene restricciones a los derechos de los extranjeros indocumentados residentes en ese estado.
Ambas propuestas intentan enmendar la Constitución del estado de Florida para impedir que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a servicios públicos como educación, asistencia médica y ayudas de beneficencia así como a obligar a maestros, patrones y empleados públicos a denunciar a los ilegales.
Florida-187 comprende también una disposición que hace del odioma inglés el único en el cual pueden ofrecerse servicios públicos.
La semana pasada sus promotores anunciaron que habían recogido unas 43.000 firmas, suficientes para obtener automáticamente la consideracion de su propuesta por parte de la Corte Suprema de Florida.
La otra organización, el comité Salvemos a Nuestro Estado (SOS, según su sigla inglesa), basado en la ciudad de Orlando, asegura haber recogido unas 50.000 firmas, aunque su director ejecutivo, Dough Guetzloe, se negó a dar cifras precisas.
Para lograr que sus propuestas de enmienda constitucionales sean incluídas en la consulta electoral de noviembre, deben ser apoyadas por 430.000 firmas de los electores antes del 5 de agosto.
"Creemos que las campañas han perdido el ímpetu con el que empezaron, porque en Florida el debate sobre la inmigración se produce en un marco de equilibrio muy delicado", dijo el director de la Coalición de Justicia para la Inmigración Latina, Franklin Chávez.
La imposibilidad de unificar ambas iniciativas contribuyó a su fracaso, agregó.
Por otra parte, la ley 187 no ha podido aún ser aplicada en California, ya que grupos defensores de los derechos de los inmigrantes obtuvieron que cortes de ese estado declararan inconstitucionales algunas de las cláusulas del texto.
Esas organizaciones consideran viollatorias a los derechos humanos las propuestas de las dos iniciativas antiinmigrantes.
"Queremos saber qué vendrá después. ¿Vigilantes que detengan a niños en las escuelas, a familias que van a la iglesia o a la gente de origen mexicano que va de compras?", comentó el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Chicanos Hermán Baca.
Los observadores señalan que existen diferencias marcadas en el tratamiento a los inmigrantes entre Florida y California. Este último estado tiene más ingreso de población por su frontera sur, pasó por una crisis económica en 1994 y a su cabeza se encuentra un gobernador que impulsó leyes represivas como la 187.
En Florida, en cambio, el gobernador Lawton Charles se opone a las dos iniciativas destinadas a restringir los derechos de los inmigrantes. El apoyo actual a ambas propuestas se reduce al núcleo de activistas y a algunos sindicatos y grupos religiosos del estado.
Para Chávez, los movimientos antiinmigrantes de Florida no alcanzarán nunca el nivel que lograron en California. "Para nuestro beneficio, el crecimiento real del estado depende mucho de su inmigración y de las relaciones comerciales con América Latina", señaló. (FIN/IPS/lyr/dg/pr-ip/96)
