Tres generales fueron imputados hoy por la justicia de España por crímenes cometidos en la "guerra sucia" contra la organización separatista vasca ETA durante el gobierno del socialista Felipe González.
El juez Baltasar Garzón, a petición del fiscal, decidió este martes imputar al teniente general José Antonio Sáenz de Santa María y a los generales Enrique Rodríguez Galindo y Andrés Casinello por el asesinato en 1983 en el sur de Francia de Ramón Oñaederra, miembro de la ETA.
Los tres fueron altos mandos de la Guardia Civil (policía militarizada) en esa época. Sáenz se desempeñó como director general de ese cuerpo, Rodríguez Galindo como jefe del vuartel de Intxaurrondo, en la ciudad vasca de San Sebastián, y Casinello fue jefe de Estado Mayor.
Las fuentes que informaron sobre la decisión de Garzón aseguraron que el juez está a la espera de otro dictamen del fiscal, en base al cual podría inculpar también al ex ministro del Interior José Luis Corcuera, al ex secretario de Seguridad del Estado Rafael Vera y al abogado de ese ministerio Jorge Argote.
Luis Roldán, otro ex director general de la Guardia Civil, procesado y en prisión por haberse apropiado de unos 12 millones de dólares, confesó a Garzón que en 1989 Corcuera ordenó el envío de paquetes postales con una bomba en su interior a miembros o simpatizantes de ETA.
Uno de esos paquetes estalló cuando el cartero lo introducía en el buzón de su destinatario y le ocasionó la muerte.
Además, Roldán aseguró que Vera y Argote intentaron asesinar a los agentes del cuartel de Intxaurrondo Fabián Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, acusados de asesinar a los también miembros de ETA José Antonio Laza y José Ignacio Zabalza.
Los cadáveres de los dos independentistas, secuestrados en Francia en octubre de 1982 por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL, responsable de la "guerra sucia" contra ETA en territorio francés) aparecieron recién en 1993, sepultados bajo cal en la provincia de Alicante, al sureste de España.
Al no haber podido conseguir su propósito, Vera y Argote optaron por comprar el silencio de Dorado Villalobos y Bayo Leal con dinero procedente de los fondos reservados del Estado español, añadió Roldán.
El caso Oñaederra es uno de los 40 atentados cometidos entre 1983 y 1989 por los GAL), que ocasionaron 28 muertes.
La mayoría de los procesados en los tres casos que se están investigando afirman que los GAL fueron creados por el Ministerio del Interior y algunos añadieron que Felipe González tuvo conocimiento de la iniciativa adoptada e, incluso, que fue quien dispuso la creación del geupo.
Pero tanto como su ex ministro del Interior José Barrionuevo y Vera -estos dos últimos procesados y en libertad bajo fianza-, han negado en todo momento cualquier relación con los GAL.
Sáenz de Santamaría, quien despues de su jubilación continuó como asesor del Ministerio del Interior, aseguró en enero que "se puede actuar con la legalidad contra el terrorismo, pero en el filo de la legalidad".
"Unas veces un poco por en el borde de dentro y otras veces un poco por el borde de fuera", precisó.
Además, procuró justificar lo ocurrido bajo el gobierno del ex presidente González, subrayando que "contra ETA se han usado iguales métodos bajo los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión de Centro Democrático (UCD)".
La UCD ejerció el poder en los años de la transición democrática bajo la conducción de Adolfo Suárez (1976-81) y fue sucedida por el PSOE en 1982, que acaba de abandonar el poder tras 14 años.
Francisco Alvarez Cascos, quien asumió este martes la vicepresidencia del nuevo gobierno español, replicó en aquella ocasión a las palabras del teniente general Santa María diciéndole que carecía de catadura moral para "hacer ningún tipo de imputación ni desacreditar a nadie".
Precisamente este martes el nuevo vicepresidente leyó en rueda de prensa una declaración programática del gobierno que preside el centroderechista José María Aznar.
En esa declaración el flamante Ejecutivo se compromete a respetar la independencia y las competencias de cada uno de los poderes y a no poner trabas a su trabajo.
En medios políticos y judiciales se espera con atención la respuesta que dará Aznar a los jueces que soliciten la desclasificación de importantes documentos calificados como secretos por el gobierno de González en los últimos meses de su mandato y que están relacionados con la "guerra sucia".
Si Aznar resolviera desclasificar aquellos documentos que no afectan a la seguridad nacional pero que guardan relación con los atentados firmados por los GAL, la lista de imputados podría crecer rápidamente. (FIN/IPS/af/dg/ip/96)
