Los delitos ecológicos están tipificados en los códigos civil y penal de España, pero las condenas escasean, aunque cada año se producen entre 10.000 y 15.000 denuncias.
Esta semana la Guardia Civil (policía militarizada) detuvo y liberó a las pocas horas a un empresario, principal accionista de la empresa Simensa y cuyo nombre fue mantenido en reserva, acusado de verter residuos tóxicos al alcantarillado de esta ciudad.
El viernes un juzgado de Cataluña, en el noreste del país, sorprendió con una condena al gerente de una firma química a dos años de cárcel y una multa de 50.000 dólares, también por verter residuos tóxicos al alcantarillado de una localidad de aquella región, Polinyá.
Pero mayor sorpresa causó ese mismo día la sentencia de un juzgado en lo penal de Galicia, al noroeste de España.
El capitán del petrolero "Mar Egeo" y el práctico del puerto de La Coruña fueron multados con el equivalente de apenas 2.500 dólares como responsables por el vertido de petróleo, en 1992, que ocasionó una gigantesca marea negra en el mar.
El petrolero derramó 78.000 toneladas de crudo, seguido de un incendio. Ahora, tres millares de pescadores y mariscadores de La Coruña siguen con un juicio civil contra los armadores del buque, en demanda de indemnización por los daños que el siniestro produjo a su actividad en las aguas costeras.
El abogado especializado en medio ambiente Alonso Sánchez Gascón sostiene que existe un caos legislativo y una dispersión de competencias entre los diversos niveles de la administración.
Un evidencia de esa situación lo revela el sector de las industrias químicas, en la que la mitad de las factorías de mayor tamaño y riesgo carecen de planes de emergencia.
Sobre 171 empresas obligadas por la Unión Europea a disponer de esos planes, sólo lo tienen 88, según datos del servicio de Protección Civil.
El titular de Sidensa, después de ser liberado, declaró al matutino El País que en su opinión el juicio quedaría en la nada y lo calificó de "toque de atención a los empresarios sobre un asunto que se ha puesto de moda".
Los vertidos de residuos sin depurar lanzados a los ríos, o al alcantarillado, y que finalmente en la mayoría de los casos desemboca en éstos, contaminan en dos frentes fundamentales: la agricultura y los mares.
En la agricultura el daño se produce por el riego y en los mares por la desembocadura de los ríos. El mar que más preocupa es el Mediterráneo, por su carácter cerrado.
En marzo España fue formalmente acusada en la Conferencia sobre la Protección del Mar Mediterráneo celebrada en Siracusa, Italia, de ser una de las potencias "asesinas" de ese mar, junto a Grecia, Italia y Francia.
Esos cuatro países son responsables del 80 por ciento de la contaminación, según Paolo Guglielmi, coordinador del Programa Mediterráneo del Fondo Mundial para la Defensa de la Naturaleza (WWF).
Aunque las organizaciones vecinales y ecologistas denuncian todos los casos de vertidos, algunas, como Greenpeace, se concentran en los que producen las grandes empresas, por considerar que son los más dañinos.
Para Juan López de Uralde, portavoz de esa organización no gubernamental, uno de los graves problemas es el secreto que rodea a las empresas. "Ni siquiera las poblaciones ubicadas junto a los polos químicos saben lo que se produce, los riesgos o el tipo de emisiones y vertidos", dice.
Quizás por eso, cada vez que se produce una emisión incontrolada a la atmósfera o se descubre un vertimiento que no ha pasado por una depuradora, las organizaciones no gubnernamentales ponen el grito en el cielo.
Lo hacen para exigir castigo pero, fundamentalmente, para despertar la conciencia de los ciudadanos e informarles sobre los peligros. Una manera, al fin, de promover su movilización en defensa de la salud y el bienestar. (FIN/IPS/td/dg/en/96)
