Venezuela liberó hoy al militante vasco Eugenio Barrutiabengoa, detenido el lunes por agentes de la Policía Internacional (Interpol) que actuaron en esta capital atendiendo una orden de captura de la justicia española.
"Interpol lo aprehendió, pero no tiene facultad para detener en Venezuela", dijo ministro del Interior encargado, Raúl Domínguez, por lo que la policía política (Disip), que custodiaba al refugiado vasco, lo dejó en libertad.
Si España quiere su extradición "deberá solicitarla a través de la cancillería venezolana", pero entretanto Barrutiabengoa "queda en libertad, porque como los demás refugiados políticos, cumple con presentarse mensualmente a la Disip", dijo Domínguez.
El embajador español en Venezuela, Aurelio Pérez, había señalado que la Audiencia Nacional de España, preparaba la documentación necesaria para la extradición.
Barrutiabengoa "es un presunto delincuente, solicitado por cinco causas muy graves, con siete posibles asesinatos", señaló el embajador, subrayando que en España "no hay nadie perseguido por cuestiones políticas".
Vascos simpatizantes de la causa separatista dijeron a IPS en Caracas que "por el modo como se produjo la detención de Barrutiabengoa, no extrañaría que lo montasen en un avión y después de llevarlo a España presentasen toda la operación como hecho cumplido, aunque lamentable error".
El jefe de la Policía Judicial, José Lazo, dijo que la detención "fue inconsulta, y además Interpol no tiene facultad jurídica para detenciones, sino sólo para intercambio de información".
La detención de Barrutiabegoa, en la empresa de utensilios de cocina donde trabaja como jefe de almacén, en Caracas, la efectuaron funcionarios a órdenes de Francis Fluche, coordinador entre la Policía Judicial e Interpol.
La Policía Judicial llevó al refugiado vasco a la Disip, cuyo jefe, Rafael Rivas, "se mostró sorprendido por su detención, así como los ministros de Interior, Justicia y Secretaría de la Presidencia", dijeron allegados a Barrutiabengoa.
Barrutiabengoa, de 40 años, era en 1984 uno de los militantes de la organización separatista vasca ETA que estaba refugiado en Francia.
El gobierno español pidió su extradición, que negó Francia, pero como junto a otros siete "etarras" se le consideraba factor de perturbación en la frontera común, se buscó un tercer país que recibiese a los militantes vascos.
Gobernaban entonces los socialistas en Francia y España, y el presidente socialdemócrata venezolano Jaime Lusinchi aceptó recibir a los vascos a título de colaboración con sus colegas.
Su sucesor, Carlos Andrés Pérez, otro socialdemócrata, dio continuidad a esa política y en 1989 recibió al llamado "grupo de Argel", formado por 13 etarras que se radicaron en Venezuela.
En 1991 llegaron otros cuatro vascos desde Panamá, país que consideraban inseguro después de la invasión estadounidense, por lo que se habían refugiado en la Nunciatura Apostólica.
Se trató de acuerdos con participación de los gobiernos de España, Venezuela, Francia, Argelia y Panamá.
Caracas impuso como condición que los militantes vascos se abstuviesen de desarrollar actividades políticas desde Venezuela y que una vez al mes se presentasen a una sede de la Disip, que les mantiene permanentemente ubicados.
Dedicados a la actividad privada, los vascos "siempre han observado buena conducta", dijo en abril el ministro del Interior, José Andueza, encargado de la presidencia con motivo de la visita que el presidente Rafael Caldera realiza a Brasil.
Desde marzo último, a pedido de la española Asociación de Víctimas del Terrorismo, la Audiencia Nacional reactivó casos contra algunos de los etarras radicados en Venezuela, entre ellos Barrutiabengoa y Miguel Aldana.
El diario madrileño ABC dijo que Barrutiabengoa y Aldana "son de los pistoleros más buscados por la Audiencia Nacional" y mostró que "viven a cara descubierta en su santuario venezolano".
Cuando la prensa local reseñó esos trabajos, el ex presidente Pérez consideró "un exabrupto" que "si España solicitó a Venezuela acoger a esos ciudadanos como colaboración con su propia estabilidad política, ahora solicite su extradición". (FIN/IPS/hm/ag/ip/96)
