Una decisión aparentemente simple sobre un documento hasta ahora secreto será la prueba de fuego para el jefe del gobierno de España, José María Aznar, y podría llevar a la cárcel a su antecesor, el socialista Felipe González.
El portavoz en el Congreso de los Diputados de los nacionalistas vascos, Iñaki Anasagasti, dijo este martes que la entrega, o no, a la justicia de unos documentos sobre la guerra sucia en el País Vasco es la prueba de fuego que deberá afrontar en los próximos días Aznar.
Esos documentos, originados en los servicios de espionaje, fueron declarados secretos por el gobierno de González. El juez Baltasar Garzón se dispone a enviar un escrito al nuevo gobierno solicitando su desclasificación, o sea que se les quite el carácter de secretos.
Uno de esos documentos, que González se negó a entregar al juez por estar clasificados como secretos, implica al ex presidente en actos perpetrados bajo su mandato y que fueron reivindicados bajo la firma de Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Con esa firma se reivindicaron más de 40 atentados, con el resultado de 28 muertos, entre 1983 y 1987, los primeros años del gobierno socialista.
Una decena y media de ex mandos policiales y dirigentes políticos socialistas de aquella época confesaron su culpa y dijeron haber actuado cumpliendo órdenes superiores. Algunos de ellos implicaron directamente a González aunque, hasta ahora, ningún juez lo ha citado a declarar.
Las declaraciones de Aznar son ambiguas. Por un lado ha dicho que dejará actuar a la justicia, pero no ha aclarado si es partidario de desclasificar o no los documentos secretos, con el argumento de que cuando le sean pedidos el gobierno decidirá.
Mientras, un ex ministro del Interior de González, José Barrionuevo, y sus dos directos subordinados, están procesados por delitos de los GAL. También tres generales de la Guardia Civil (policía militarizada), que actuaron a las órdenes de Barrionuevo, están imputados en la misma causa.
Los casos que concitan la atención son los que ocasionaron el secuestro o la tortura y muerte de personas ajenas a la organización separatista vasca ETA. Los GAL, que operaron desde el Ministerio del Interior, justificaron su acción bajo el argumento de que combatían a ETA con sus mismas armas.
Pero su primer acto fue el secuestro en Francia, tortura y traslado a España, donde tras permanecer secuestrado dos meses sería liberado, de Segundo Marey, una persona totalmente ajena a la política y a la que unos policías secuestraron por error.
José Amedo, uno de esos policías, procesado y condenado, dijo que en su presencia un superior suyo recibió órdenes de Barrionuevo de mantener secuestrado a Marey, aún después de haberse enterado del error.
Otro caso, que estos días empieza a aclararse ante un juzgado de San Sebastián, en el País Vasco, es el secuestro, tortura y asesinato de Mikel Zabaltza, un chofer de autobuses, secuestrado también al confundírselo con un miembro de ETA.
Hace 10 años la policía informó que Zabaltza murió ahogado en un río, al huir esposado de los policías que lo custodiaban.
Ahora se sabe, según consta en el sumario, que Zabaltza murió al ser torturado en dependencias policiales. Para ocultar el hecho le aplicaron al cadáver inyecciones con agua del río, al que fue arrojado después. La autopsia señaló que murió ahogado, un dictamen que ahora está revisando la justicia.
Un tercer caso, de los 40, es conocido como Lasa-Zabala, por el apellido de dos jóvenes simpatizantes de ETA, secuestrados, torturados y asesinados.
Tenidos por desaparecidos durante una década, a fines del año pasado aparecieron sus restos, sepultados en cal viva. La semana pasada fue imputado en ese caso el abogado Jorge Argote, del Ministerio del Interior.
Fuentes políticas que reclaman secreto sobre su identidad afirman que Aznar y González pactaron el fin del caso GAL, antes de que el primero asumiera el gobierno.
En principio, el gobierno ya declaró que no impulsará comisiones de investigación en el parlamento, aunque sí lo harán sus socios, los nacionalistas vascos moderados.
Aznar dijo también que colaborará con la justicia. El quid de la cuestión estará el día en que debe contestar a la requisitoria de Garzón y de otros jueces, para que desclasifique documentos reservados.
Si el gobierno entiende que todos los documentos de los servicios de información afectan a la seguridad nacional dirá que no puede desclasificar ninguno.
Si, por el contrario, desclasificase los que atañen a González, abriría la puerta para su procesamiento, con el escándalo consiguiente, una prueba de fuego que deberá pasar Aznar a corto plazo y sobre cuyo resultado nadie se atreve a realizar vaticinios. (FIN/IPS/td/jc-ag/ip/96)
