La solicitud de pena de muerte contra un opositor al gobierno avivó el conflicto entre las autoridades de Cuba, la disidencia interna y la emigración derechista en Estados Unidos, agravado desde la llamada "crisis de las avionetas".
Aunque hasta la noche de este miércoles no había confirmación oficial, un tribunal cubano sentenció a muerte a Humberto Real Suárez, 28 años, por el delito de "asesinato", según informes de familiares del acusado y miembros de grupos opositores de la isla.
"Le imploro que no apruebe la pena de muerte para mi hijo", pidió Graciela Suárez Díaz, madre del acusado, en una carta enviada al presidente Fidel Castro para pedir clemencia.
La versión de la sentencia y de la misiva fue confirmada por Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la opositora Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) que se opone a la pena de muerte.
Suárez desembarcó clandestinamente en la isla el 15 de octubre de 1994 y asesinó "a sangre fría" a Arcelio Rodríguez García, 34 años, para apoderarse del automóvil en que viajaba, según afirmó el 26 de abril el diario Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista.
Sánchez Santa Cruz señaló que su organización rechaza "toda forma de acción violenta" pero no descarta la posibilidad de que "la trágica y lamentable muerte de Rodríguez García fuese el resultado de un accidente o imprudencia".
Granma informó que el acusado era integrante de un comando de siete miembros del Partido Unidad Nacional (PUND), con sede en Miami, Estados Unidos, que intentaba fundar un frente guerrillero en el centro de la isla y atacar objetivos militares.
Los restantes miembros del comando, Miguel Díaz, Armando Sosa, José Falcón, Jesús Rojas, Pedro Guisao y Lázaro González, enfrentan una condena de 30 años de privación de libertad.
En su misiva al presidente Castro, la madre del procesado le solicitó que "no lo juzgue como un enemigo sino simplemente como un ser humano (…). Merece que se le perdone por un error cometido cuando se disponía a defender una causa justa".
El Código Penal cubano establece que el Consejo de Estado, encabezado por el presidente de la República, determina finalmente la aplicación de la pena de muerte y su decisión es inapelable.
"Después de que el Tribunal Provincial dicta la sentencia, ésta pasa de oficio al Tribunal Supremo que tras otro juicio la deja en manos del Consejo de Estado para su análisis final", declaró a IPS una fuente cercana a la Fiscalía General.
La pena de muerte está catalogada por el artículo 29 del Código Penal como una "sanción principal" que se aplica en los casos "más graves" de comisión de delitos, como asesinatos, terrorismo y actividades contra la seguridad del Estado, entre otros.
En sus incisos 2 y 3, ese artículo establece que no se aplica a menores de 20 años ni a mujeres embarazadas, y que su ejecución es sólo por fusilamiento.
Según la fuente cercana a la Fiscalía General, el caso de Humberto Real Suárez es el tercero en lo que va año que se encuentra en manos del Tribunal Supremo.
"Uno es por la violación y asesinato de un niño y el otro por el asesinato de una anciana para robarle", indicó.
La aplicación de la pena de muerte durante los años de gobierno socialista comenzó desde el propio 1959, cuando después de juicios públicos varios de los implicados en asesinatos y torturas durante el antiguo régimen fueron ejecutados.
Juan Clark, en su libro "Cuba, mito y realidad", escribió que durante 1959 fueron fusiladas 485 personas y a otras 146 se les conmutó la pena de muerte por severas comdenas a prisión.
Uno de los casos más famosos de la aplicación de esta sentencia fue el fusilamiento al amanecer del 13 de julio de 1989 de cuatro ex militares de alto rango, entre ellos el ex general de División y Héroe de la República de Cuba Arnaldo Ochoa.
Ochoa fue ejecutado junto al ex coronel Antonio de la Guardia, el ex mayor Amado Padrón y el ex capitán Jorge Martínez, por ser los cabecillas del tráfico de drogas con el cartel de Medellín, según un Tribunal Militar Especial que los sancionó.
Otro de los casos polémicos fue el de Eduardo Díaz Betancourt, fusilado el 20 de enero de 1992, acusado por los tribunales cubanos de ser el responsable de un comando que desembarcó en la isla para asesinar al presidente Castro.
Un mes después fueron ejecutados Luis Miguel Almeida y René Salmerón Mendoza, acusados de matar a dos policías cuando intentaban secuestrar una lancha por la costa norte de la capital cubana para emigrar hacia los Estados Unidos.
En mayo de 1995, el semanario oficialista Sierra Maestra, de la oriental provincia de Santiago de Cuba, indicó que habían sido ejecutados los ciudadanos Armando Grinall y Mario Magdaleno Pedroso por el asesinato de un menor de edad.
Por el asesinato, robo con violencia y porte de armas, fue fusilado en la central provincia de Ciego de Avila (462 kilómetros de La Habana) Félix Eduardo Oviedo Aguilera, tras asaltar un camión urbano, despejar de sus pertenencias a sus pasajeros y asesinar a uno de ellos.
En esta misma provincia, de acuerdo a un informe de enero pasado de Amnistía Internacional, el 29 de noviembre de 1995 se dictó la pena de muerte contra Juvencio Padrón Dueñas, Carlos Cruz Seguís y Félix Molina Valdés, acusados de robar y asesinar a una pareja de ancianos.
"En Cuba la pena de muerte puede conmutarse por 30 años de privación de libertad", indicó una fuente de la Fiscalía General.
Observadores locales creen, sin embargo, que a Humberto Eladio Real Suárez se le conmute la sentencia teniendo en cuenta la gravedad de los hechos para las autoridades cubanas.
"La seguridad de un país como Cuba es, en primerísimo lugar, una cuestión ideológica y política", aseguró Granma en un editorial publicado en septiembre de 1989 tras el juicio por corrupción a un grupo de jefes de las fuerzas del Ministerio del Interior Cubano.
Esas fuentes recuerdan el derribo por fuerzas aéreas cubanas de dos avionetas civiles de exiliados cubanos el pasado 24 de febrero, que según las autoridades de la isla violaron el espacio aéreo nacional.
"Imagínese que es su propia madre la que habla por mí", escribió la madre de Real Suárez al presidente Castro, y agregó que si él firmaba la sentencia, no sería "una sola muerte la que decrete. También será la mía y la de su padre".
Un reporte de la oficialista agencia Prensa Latina, fechado el 24 de enero de 1992, apuntó que la clemencia con sus enemigos era una política de las autoridades cubanas desde la etapa de la guerrilla.
Según la agencia, más de 3.000 reclusos, muchos de ellos vinculados a crímenes cometidos antes de 1959, fueron puestos en libertad entre 1961 y 1979, "cuando se puso en práctica un programa de rehabilitación".
"Unas 400 personas condenadas por atentar contra la seguridad del Estado lograron su libertad entre 1988 y 1989, y otros 3.000 obtuvieron facilidades para viajar a Estados Unidos tras un acuerdo migratorio suscrito con Washington", señaló Prensa Latina.
Danmielle Mitterrand, amiga cercana del presidente Castro, viuda del ex presidente francés Francois Mitterrand y presidenta de la fundación humanitaria France Libertés recibió una misiva de la madre deñ condenado, al iogual que el presidente de Estados Unidos Bill Clinton y otras altas autoridades.
Mientras esperan por la gestión de esas personalidades ante el gobierno de la isla, los familiares de Real Suárez apelarán ahora al Tribunal Supremo para que no se cumpla la sentencia.
"La esperanza es lo último que se pierde", afirmó un disidente cubano, resignado ante un nuevo compás de espera cuya decisión final podría tensionar aún más el conflicto entre el gobierno y la oposición interna. (FIN/IPS/rn/dg/ip/96)
