La sentencia de muerte que pesa sobre los monpolios estatales que aún quedan en Costa Rica, entre ellos los combustibles, la electricidad y las telecomunicaciones, fue ratificada hoy por el ministro de Ambiente y Energía, René Castro.
Castro señaló que a partir del 2005, cuando la "globalización económica" se imponga en todo el mundo, será imposible mantener monopolios.
Así explicó el jerarca una serie de cambios que impulsa la administración del presidente José María Figueres en el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que para algunos sectores es casi una "conspiración" para hacer ineficiente la institución y lograr que la ciudadanía apruebe su venta.
En medio de ese proceso de cambios que supuestamente deben conducir a la transformación del ICE en una institución moderna y competitiva a nivel internacional, o al menos centroamericano, los empleados de la institución expresan su preocupación por recortes de presupuesto que "harán colapsar a la entidad".
El Poder Ejecutivo pidió a la institución aumentar el superávit previsto para 1996, estimado en 12.000 millones de colones (casi 59 millones de dólares) a 19.000 millones de colones (aproximadamente 93 millones de dólares), como parte del plan de control del gasto público.
Esta medida, que en la práctica constituye un recorte presupuestario, dejará al ICE sin capacidad de invertir en proyectos energéticos ni de comunicaciones, alegan los sindicatos de la institución.
Esta situación, según las denuncias, obligará a paralizar un proyecto hidroeléctrico que se ejecuta actualmente y cuya fase de operación estaba prevista para 1999.
Además, se retrasará por un año la entrada en funciones del proyecto geotérmico Miravalles, que estaba prevista para 1997.
Castro negó enfáticamente que el proyecto, denominado Angostura, se vaya a paralizar, pero reconoció que su funcionamiento se retrasará por un año.
Este panorama hace prever a los expertos que integran el Grupo Técnico de Ejecución del proyecto Angostura y a su director, Alvaro Chavarría, que Costa Rica no cuente a partir del 2000 con la generación hidroeléctrica suficiente y que deba recurrir al racionamiento o a plantas térmicas.
Esto colocaría a Costa Rica en una crisis energética similar a la que han atravesado países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador.
Pero el ministro Castro asegura que eso depende del cambio que se de en la institución. Aseguró que ésta requiere anualmente el equivalente a 460 millones de dólares para invertir en energía y telecomunicaciones.
Esa suma resulta inalcanzable para un país con una economía tan pequeña. Además, indicó, los bancos internacionales que antes prestaban dinero a las instituciones públicas ya no van a prestar en las condiciones históricas.
Si la institución no se moderniza habrá racionamiento de electricidad para el 2000, advirtió.
El cambio, aseguró, pretende que la entidad estatal tenga más libertad de acción -porque ahora está atada por otra decena de dependencias públicas-, que tenga acceso a los mercados de capitales, que pueda establecer alianzas con el sector privado y que pueda recuperar su autonomía.
Entre las alternativas que se manejan para hacer frente a los requerimentos de inversión está la de establecer alianzas estratégicas con otras grandes empresas y la participación privada en la generación de energía.
Aparte de ese convencimiento propio de las autoridades estatales sobre la necesidad de barrer con el monopolio, abriendo la generación eléctrica a la empresa privada, otro elemento de peso son los organismos financieros internacionales.
"Qué más presión pueden ejercer que la de decirnos que ya no habrá dinero para las instituciones públicas, al menos en las condiciones que se daban antes?", preguntó Castro.
La polémica es fuerte en torno al futuro de esta institución, un símbolo en el desarrollo de Costa Rica.
El Defensor de los Habitantes, Rodrigo Alberto Carazo, señaló que a través de las tarifas, los abonados del ICE han venido pagando por las inversiones que se requieren para mantener la cobertura y calidad del servicio.
"Ahora resulta que a pesar de haber cobrado esas tarifas, las inversiones no se han hecho. Se han desviado los recursos", afirmó en un comunicado.
Agregó que desde el 11 de marzo la Defensoría pidió a Figueres suspender los efectos del decreto que ordena al ICE y otras instituciones autónomas limitar su gasto e invertir sus recursos en bonos del Estado, porque contraría la Constitución y la ley.
Carazo dijo que su dependencia continuará empeñada en defender al ICE, que es patrimonio de todos los habitantes.
Pero Castro asegura que si a la institución no se la moderniza, la van a matar la nostalgia de los que vivieron su pasado y el sueño de los que quieren repartirse sus despojos.
El ICE tiene una planilla de 10.000 empleados, reducida tras el reciente despido de 2.000 funcionarios. Fue fundada en los años 50 y no tiene precio, porque, afirmó Castro, no está en venta. (FIN/IPS/mso/jc/if/96)
