El principal partido de oposición de Costa Rica, Unidad Social Cristiana, responsabilizó hoy directamente a la Presidencia por el espionaje telefónico practicado por una empresa española con anuencia de autoridades de inteligencia.
El tema calentará el ambiente político a partir del lunes, cuando los socialcristianos insistirán en la designación de una comisión legislativa que investigue el caso.
Esa petición se basa en un informe de la Procuraduría General de la República que determina un estrecho vínculo entre la empresa y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (Dis), organismo que depende directamente del presidente de la República o del ministro de la Presidencia.
La Procuraduría, que ejerce las funciones de abogado del Estado, calificó de inconvenientes, imprudentes e improcedentes las relaciones que entre 1994 y principios de este año mantuvieron la Dis y la empresa Astur, de capital español.
La Procuraduría estableció que Astur Seguridad S.A recibió armas del arsenal perteneciente al Estado en calidad de préstamo.
Además, la empresa, que vigilaba a políticos locales y escuchaba ilegalmente conversaciones telefónicas, hizo una "limpieza" de micrófonos en el Banco Anglo Costarricense, una institucion del Estado en proceso de liquidación, por orden del director de la Dis, Mario Soto.
La Procuraduría cuestiona también que un punto estratégico como el aeropuerto internacional Juan Santamaría haya sido sometido a análisis por parte de la misma compañía, sin una experiencia demostrada en el ramo de la seguridad.
"Esos funcionarios tuvieron acceso a todas las áreas del aeropuerto y pudieron enterarse de las fallas y debilidades en aspectos de vigilancia y seguridad que eventualmente podrían utilizarse por terceros para fines no deseables", detalla el informe.
Alejandro Chávez, diputado socialcristiano, dijo que la Presidencia permitió a través de la Dis actos ilegales de espionaje telefónico.
Señaló que mientras el ministro de Seguridad pretende establecer el "secreto de Estado" para una prevista compra de armas a Israel, la Presidencia permitió que una firma privada hiciera un estudio de la seguridad del aeropuerto.
Rodolfo Brenes, jefe de la fracción socialcristiana, afirmó que el lunes se llevará al plenario una moción para retomar el tema de las intervenciones telefónicas y pedir el nombramiento de una comisión legislativa que investigue el caso.
El gobernante partido Liberación Nacional se ha opuesto hasta ahora a esa designación. (FIN/IPS/mos/dg/ip/96)
