El gobierno de Chile inició hoy una ronda de consultas políticas en busca de un consenso en torno a un proyecto de ley que creará el mecanismo de los subsidios estatales para el financiamiento de los partidos.
La iniciativa, que sería enviada al Parlamento dentro de 15 días, significaría al tesoro público un desembolso anual de 10 millones de dólares, según cálculos preliminares del ministro Secretario General de Gobierno, José Joaquín Brunner.
Los partidos de la oficialista Concertación por la Democracia anticiparon ya su aceptación de este mecanismo, que a su juicio permitirá una mayor igualdad en las campañas electorales y será una valla contra la corrupción.
No obstante, se advierten matices de opinión en cuanto a si sería más conveniente un sistema regular de financiamiento estatal a los partidos o si las subvenciones deben hacerse exclusivamente en campañas electorales.
En la oposición derechista se conoció un primer rechazo a la propuesta de ley de la Unión Demócrata Independiente (UDI), mientras que las opiniones aparecen divididas en el Partido Renovación Nacional (PRN).
Los detractores de la iniciativa plantean fundamentalmente que los recursos estatales deben destinarse al gasto social y sobre todo a los programas de erradicación de la extrema pobreza, y no a subvencionar actividades políticas.
El ministro Brunner refutó esos planteamientos, advirtiedo que el monto presupuestado para los subsidios es una cifra ínfima dentro del presupuesto estatal y reiteró el propósito del gobierno de hacer más transparente la acción política.
Todo parece indicar que el tema desatará prolongados debates tanto en los partidos como en el parlamento y se duda de que la ley pueda ser aprobada antes de los comicios municipales programados para el 28 de octubre.
En su formulación inicial, la propuesta del gobierno prevé el aporte público a las campañas presidenciales, parlamentarias y municipales y mecanismos de regulación para los aportes privados a los partidos.
Los montos serán resueltos según un complejo sistema de ponderación de los votos obtenidos por las colectividades políticas en las diversas comunas (municipios), de acuerdo a su número de electores.
Sobre esa base, se considerarán los gastos declarados y comprobados por los candidatos y sus partidos, según losm votos obtenidos, haciendo extensivo este sistema de cálculo a los independientes.
La necesidad de regular los gastos electorales se viene planteando en Chile desde las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 1989, que antecedieron el restablecimiento de la democracia en marzo de 1990.
El debate se profundizó en los comicios generales de diciembre de 1993, cuando se observaron millonarias campañasd proselitistas de candidatos a diputados y senadores, sobre todo de partidos de derecha.
Alejandro Foxley, presidente del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC), advirtió que los aportes de empresas privadas a determinados candidatos constituyen una amenaza a la independencia legislativa.
El tema ha ido cobrando más relevancia en el debate público en la medida de que el fenómeno de la corrupción se asocia a crecientes sospechas sobre lavados de dinero del narcotráfico en el país.
Los partidos que serían favorecidos por la ley de subvenciones son los de la coalición de gobierno que reúne al PDC, Socialista, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata.
En la oposición derechista están el PRN, la UDI y la Unión de Centro-Centro Progresista.
Además de esas siete agrupaciones con representación en el Parlamento, están inscritos legalmente el derechista Partido del Sur, y en la oposición de izquierda al gobierno el Partido Comunista y el Humanista-Verde. (FIN/IPS/ggr/dg/ip/96)
