Miles de personas despedidas de su empleo por motivos políticos durante el régimen militar impuesto en Chile hasta 1990 se movilizan aún en procura de compensaciones.
Poco más de 1.000 trabajadores de la región de Coquimbo, en el centro norte del país, fueron reconocidos oficialmente como "exonerados politícos", la denominación que se aplica a los despedidos en tiempos de la dictadura.
Pero "los beneficios recibidos en función de esas calificaciones son muy pocos", dijo a IPS Patricio Gómez, dirigente del comando nacional de "exonerados".
La calificación y la entrega de algunos beneficios es posible gracias a una ley aprobada por el Congreso en 1994, pero la norma promulgada no satisfizo plenamente las demandas del comando nacional de exonerados, explicó Gómez.
"Douglas Pérez, ex dirigente sindical de los trabajadores de la salud, exonerado y luego exiliado, murió en la pobreza sin recibir ningún beneficio, porque la aplicación de la ley es muy lenta", señaló el dirigente, en alusión a una de 17 personas que han fallecido en esta región esperando el beneficio.
Según la Comisión Chilena de Derechos Humanos, cerca de 200.000 personas fueron despedidas por razones políticas en los casi 17 años de dictadura militar.
Los despedidos que querían acogerse a los beneficios de la ley tuvieron plazo hasta agosto de 1995 para presentar sus antecedentes al Ministerio del Interior. De los 43.000 que se presentaron, unos 27.000 fueron reconocidos hasta el 31 de marzo de este año como exonerados.
Más de 16.000 casos presentados están pendientes de resolución y cerca de 1.500 solicitudes fueron rechazadas, según estadisticas del Ministerio del Interior.
Ochenta y cinco por ciento de los exonerados reconocidos recibieron de principal compensación un "abono" en su sistema previsional para recobrar su derecho a la pensión de retiro.
Gómez, que fue recontratado en el estatal Servicio de Tesorería en La Serena, capital de la región de Coquimbo, afirmó que los beneficios están muy por debajo de las expectativas que su grupo tenía al aprobarse la ley.
Claudio Alvarado, ex funcionario de la estatal Corporación de Reforma Agraria (Cora), reconocido como exonerado, informó que fue despedido en 1973, después de desempeñarse durante cinco años en servicios públicos del sector agrícola.
Como compensación, recibió un abono de previsión social por seis meses y una indemnización por un año, equivalente a 100 dólares.
"Es nada, me deja igual", se lamentó el ex funcionario de la Cora, quien fue detenido al momento del golpe de Estado y trabaja actualmente en la regional de Coquimbo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Alvarado dijo que por sus antecedentes nunca pudo conseguir durante los años de dictadura un empleo estable que le asegurara el aporte de sus cotizaciones previsionales, razón por la cual reclama el pago de una indemnización por el daño causado que le permita cubrir al menos unos siete años de contribuciones.
Con 49 años de edad, trabajando sin contrato permanente, Alvarado tiene en su haber aportes previsionales por sólo cinco años, lo que significará una jubilación paupérrima, cuando supere los 65 años de edad.
Su caso no es el único, según dijo. Alvarado describió la situación de un ex funcionario de la municipalidad de La Serena que se desempeñaba como inspector de obras y que trabajó 19 años en esa entidad. Actualmente jubilado, recibe una pensión de menos de 100 dólares.
Dirigentes del comando de exonerados impulsan una nueva movilización en todo el país para conseguir la aprobación de modificaciones a la ley.
"Este es un tema que ya no es fácil de tratar en los medios", aclaró Gómez, añorando el apoyo periodístico que el movimiento tuvo entre 1990 y 1994.
La principal demanda entre 22 modificaciones que pretenden incorporar a la ley es la de "indemnización al daño causado", una compensación en dinero por las pérdidas sufridas al ser despedidos luego del golpe militar.
Los recursos están disponibles, porque fueron liberados por la ley y no fueron gastados totalmente, argumentó Gómez.
Con el argumento de "erradicar el cáncer marxista", la dictadura militar despidió de empresas públicas y privadas a dirigentes sindicales, activistas de izquierda y en algunos casos simplemente sospechosos de simpatías hacia al depuesto gobierno socialista de Salvador Allende.
En Coquimbo "hubo muchos despidos en empresa del sector minero y en la administraciòn pública. Se trata de gente capacitada, y muchos consiguieron reubicarse laboralmente, pero no fue el caso de todos. Además, varios años después del golpe continuaban las sanciones", declaró Gómez.
El propio Gómez, funcionario de planta de Tesorería y dirigente sindical en 1973, fue removido de su cargo, confinado en diversos lugares y finalmente despedido en 1980. En 1990 fue reincorporado al servicio público, pero solamente en un régimen de contrato de tiempo limitado.
Entre las 22 modificaciones propuestas a la ley, la secretaria de comunicaciones del comando nacional, Zaida Araya, destacó un nuevo plazo para la presentación de solicitudes de reconocimiento de la condición de exonerado, la incorporación al sistema de aquellos que fueron expulsados de las Fuerzas Armadas y la Policía, y el aumento de los abonos de previsión social.
"Estamos mandando cartas a todos los parlamentarios de la región, y así ocurre en todo el país, para sensibilizarlos sobre nuestra situación y pedir apoyo" a las modificaciones reclamadas, indicó Gómez. (FIN/IPS/gcm/ff/hd/96)
