El Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para la ex Yugoslavia comenzó a trabajar en su primer juicio, contra el serbio bosnio Dusan Tadic, mientras comienza a hacerse evidente un mayor despliegue de la corte.
El tribunal está fortaleciendo su presencia en la región, en términos prácticos, políticos e incluso psicológicos. El procedimiento ayuda a resolver el problema estructural del alejamiento de los procesos criminales de la sociedad en que se cometieron los delitos, en los cuales las decisiones deben ser creíbles.
A pesar de grandes problemas, en especial el de detener a las figuras requeridas, la nueva actividad promete que el tribunal pueda estar realmente encaminado a poner a los criminales tras las rejas, y a estimular la reconciliación al individualizar la culpa y restaurar el dominio de la ley.
La recientes señales en la región incluyen la creciente presencia de personal e investigadores del tribunal y la apertura de oficinas en Zagreb y Belgrado, -esta última retrasada pero aguardada-, lo cual condujo a positivas reuniones con los serbios bosnios.
Proyectos de ley en Croacia y Serbia para incluir el estatuto del tribunal en las leyes nacionales es otro avance. Aunque ninguna de las leyes fue promulgada y ambas enfrentan serias dificultades, abrieron el debate público sobre los crímenes de guerra.
El deseo de algunos acusados o potenciales acusados, así como de testigos, de presentarse voluntariamente ante el tribunal de La Haya, y las promesas de Belgrado y Zagreb, aún no cumplidas, de entregar a ciertos acusados también constituyen indicios de la nueva situación.
Otra señal son las prohibiciones a los acusados de crímenes de guerra, estipuladas por el acuerdo de paz de Dayton, de ocupar cargos públicos, colocan la cuestión directamente en el debate político.
Finalmente, las disposiciones del acuerdo de Roma, de mediados de febrero, que requieren que los gobiernos nacionales obtengan aprobación del tribunal antes de hacer detenciones por crímenes de guerra, otorgan al tribunal un papel importante, aunque complejo, sobre los sistemas judiciales nacionales.
Paralelamente a estos hechos, se registra una amplia actividad en La Haya, incluyendo un creciente número de prisioneros y la perspectiva de al menos siete juicios este año. Invocando una estipulación innovativa del estatuto del tribunal, también se realizan varias audiencias bajo la "Ley 61".
En los casos (la mayoría de ellos) en que los acusados no pueden ser detenidos, los procedimientos permiten la presentación de evidencias en audiencias abiertas, creando un archivo legal y público de hechos, a la vez que dan espacio para seguir adelante con los juicios.
Mientras aumentan la presión sobre los acusados que se resisten a comparecer, ofrecen una función sanadora al hacer que las voces de las víctimas sean oídas en un escenario formal e internacional.
No obstante, perduran algunos problemas. Aunque existan posibilidades de cooperación de las autoridades locales, en especial de Serbia y Croacia, seguramente estas mantendrán las resistencias y serán selectivas.
Recientemente, el presidente del tribunal, Antonio Cassesse, hizo un llamado a la reimposición de sanciones contra la República Federal de Yugoslavia por no ejecutar las solicitudes de detención.
Aunque fue acusado de genocidio, el líder serbio bosnio Radovan Karadzic sigue adelante con sus viajes y campaña en áreas controladas por los serbios. El general serbio Ratko Mladic, el croata Darío Kordic, y la mayoría de los 58 acusados permanecen en libertad.
La proporción de acusaciones formales contra 46 serbios, ocho croatas y cuatro musulmanes deja al tribunal en una posición en la cual puede ser acusado de una actitud sesgada por parte de los serbios.
A la vez, el papel de la Fuerza de Implementación de la OTAN, (IFOR), en particular para detener a los sospechosos y proteger a los testigos, "evoluciona", aunque la fuerza se mantiene contraria a colaborar con el proceso.
Muchas publicaciones occidentales, en especial europeas, continúan expresando su preocupación de que, al desafiar a los signatarios del acuerdo de Dayton, el tribunal pueda socavar el proceso general de paz.
Los hechos en el terreno sugieren que el conflicto no podrá excluirse si IFOR se retira cuando está previsto, a fin de año.
A pesar del creciente movimiento en los pasillos y cámaras de juicio en La Haya, persiste la impresión de que el tribunal se mueve muy lentamente. El tribunal enfrenta una tarea monumental, bajo una nueva ley y en circunstancias únicas.
Persiste la preocupación por sus recursos, el alcance real del respaldo internacional y un comportamiento que deja entrever la falta de una estrategia de largo plazo.
En septiembre, el fiscal general del tribunal, Richard Goldstone, cuya credibilidad y habilidad política hicieron mucho para fundar el tribunal, partirá para asumir su puesto en la Corte Constitucional de Sudáfrica.
Muchas de las preguntas planteadas sobre el tribunal son acertadas, como si finalmente Karadzic y el presidente serbio, Slobodan Milosevic, terminarán en la corte, si el tribunal es compatible con el proceso de paz, o si las acusaciones serán impedimentos para la reconciliación a largo plazo.
Pero estas interrogantes tienden a olvidar lo que el tribunal realmente es. A pesar de haber surgido de la devastación internacional, no es un instrumento de política exterior.
Un tribunal es primariamente la más mundana de las estructuras cívicas, una corte criminal. En cualquier sociedad, las cortes son el método fundamental para canalizar y resolver el conflicto.
Su cometido no es la política, sino la difícil y dolorosa determinación de los hechos bajo la ley. Las cortes son esenciales, cuando juzgan justamente, para mantener la cohesión social.
Exactamente esto sucede con La Haya. El tribunal es parte central de un proceso social extremadamente amplio para que la región supere la barrera de la guerra. La duración del proceso será larga -los criminales de la segunda guerra mundial aún son buscados.
El ritmo puede ser estimulado por el tribunal, pero no determinado por completo por él, y la prueba límite de su efectividad es su capacidad para capturar a los líderes de la guerra en los Balcanes.
El presidente del tribunal, Cassesse, espera que en noviembre de 1997, cuando enfrente la renovación del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el tribunal habrá emitido al menos 10 sentencias contra altos líderes políticos y militares de todas las partes.
Un respaldo internacional más sólido, en especial de IFOR y del Alto Representante social y político en Bosnia-Herzegovina, nombrado por los acuerdos de paz de Dayton, Carl Bildt, podría hacer mucho para asegurar el avance en esta dirección, incluyendo la amenaza de reimponer sanciones contra los gobiernos que no entreguen a los sospechosos.
(*) Anthony Borden es director del Institute for War & Peace Reporting, en Londres, y editor de su revista WarReport. (FIN/IPS/tra-en/wr/rj/lp/96)
